La institución encabezada por Luis Daniel López se enfocó en implantar más procedimientos administrativos y añadir puestos técnicos en la nómina de la CEE
La decisión que tomó la Comisión Estatal Electoral para subsanar las irregularidades detectadas en su operación fue simple: engordar su aparato burocrático y crear más procesos, pero sin sancionar a los funcionarios presuntamente involucrados en las anomalías.
La institución encabezada por Luis Daniel López se enfocó en implantar más procedimientos administrativos y añadir puestos técnicos en la nómina de la CEE, aunque las funciones de estas nuevas plazas ya las ejercen los superiores jerárquicos.
El organismo electoral dio a conocer estas medidas en la revisión a los gastos hechos por la Comisión entre 2011 y 2012, practicada por el despacho externo Pricewaterhouse Coopers.
La firma reveló en el reporte publicado este lunes que el análisis no tiene carácter de auditoría, porque no entró en detalles para detectar posibles desfalcos ni actos ilegales, contrario a todo lo manifestado en los últimos meses por López.
El informe enlista observaciones relacionadas con los gastos operativos, el control interno y el padrón de proveedores de la CEE, pero la institución se centró en subsanar estas anomalías con más burocracia.
Aunque el pasado 17 de junio, el titular de la institución anunció que se habían detectado 18 fallas en su manejo, las irregularidades ascienden a 42 en el reporte elaborado por la firma extranjera.
En el apartado de control interno, la Comisión no señala que las anomalías derivarán en sanciones o investigaciones, sino en la instalación de más plazas que auxilien a las jefaturas involucradas en los errores.
Uno de los nuevos puestos es el de analista de Cuentas por Pagar y tendrá bajo su responsabilidad las gestiones para la operación de los pagos a proveedores.
Otro es el de analista de Tesorería, que administrará pagos y cuentas bancarias, emitirá cheques, y se hará cargo de los sistemas contables Contpaq y Cheqpaq.
Ambos puestos dependerán de la Jefatura de Contabilidad, a cargo de José Cruz Martínez, quien se desempeñó a finales de la década de 1990 como contador de Pricewaterhouse Coopers, al mismo tiempo que trabajaba en la CEE, como reveló Reporte Indigo.
El organismo también contempla incluir en la estructura a un analista de Recepción de Bienes y Servicios encargado del seguimiento para tramitar pagos, quien estará subordinado a la Jefatura de Operaciones.
Todos los funcionarios anteriores estarán bajo las órdenes de la directora de Administración de la CEE, Marcela Niño de Rivera, quien ha sido cuestionada por los gastos y la contratación de empresas que prestan servicios al organismo.
Aunado a esta nueva estructura, la Comisión decidió implementar nuevas políticas para subsanar el descontrol interno.
Entre los cambios está una nueva metodología para definir presupuestos, la homologación de procesos para solicitar recursos y más formatos que se tendrán que llenar cuando se pida dinero.
También se contemplan más procedimientos de autorización de requisiciones y órdenes de compra, con la entrega de documentación adicional.
Además, se aumentaron los trámites para realizar asignaciones directas, cotizaciones de proveedores, concursos y licitaciones.
La recepción de bienes y servicios, el registro de productos y la liquidación de las cuentas por pagar tendrán nuevos procedimientos administrativos que se cargarán a la burocracia, en pleno crecimiento, de este organismo.
Los comisionados ciudadanos, Manuel Gerardo Ayala y Gilberto Pablo De Hoyos, reprueban estas decisiones institucionales y califican como “farsa” la revisión practicada a las cuentas de la CEE.
Ambos coinciden en que la respuesta de la Comisión a las observaciones realizadas por Pricewaterhouse Coopers debió de centrarse en la investigación de posibles desvíos de recursos y no en el crecimiento de la nómina.
“Es un argumento totalmente improcedente contratar más gente. Al contrario, tenemos demasiada gente que en todo caso no ha hecho su trabajo”, dice Ayala.
“Aquí fue una deficiencia, una falta de control, una irresponsabilidad que se manejó por personas a las que les estuviste pagando un sueldo y que no hicieron su trabajo, es una falta de planeación y organización”.
De Hoyos anuncia que los comisionados estudian interponer un recurso legal, porque el informe no satisfizo sus demandas, que desde un inicio fue planteado como una auditoría, y no una revisión.
“Es una burla para toda la ciudadanía, no sólo para la Comisión Estatal Electoral. Y creo que se deben tomar cartas sobre el asunto y ver qué cuestiones legales proceden, porque la verdad no es aceptable una respuesta de este tipo”, expresa De Hoyos.