Enfrenta Nuevo León déficit de Áreas Naturales Protegidas hacia 2030

Nuevo León aún se encuentra lejos de alcanzar la meta fijada para 2030, cuando 30 por ciento de las tierras que componen su territorio deberán considerarse como Áreas Naturales Protegidas.

Actualmente, el 9.4 por ciento de la extensión de la entidad se encuentra dentro de este esquema, por lo que tendrían que incorporarse más de mil 300 hectáreas para cumplir con la meta.

Es decir, debe sumar al menos otras dos mil 600 hectáreas más dentro de los próximos seis años.

De esta manera, al estado le quedan seis años para lograr este objetivo que forma parte de un acuerdo que el país firmó dentro del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que fue aprobado por 196 países en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP15) realizada en diciembre de 2022.

Para la bióloga Carolina Gámez, integrante del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM), el avance se encuentra dentro del tiempo y depende de la voluntad política para añadir los territorios restantes al esquema de protección.

El problema, señaló, son las “islas” que se crean entre un área protegida y otra, por lo que el Gobierno del estado tendría que diseñar una estrategia para seleccionar las áreas que se conecten con las que ya están dentro del esquema de protección.

“Es un tema muy importante, porque indica que tanto estamos cuidando las áreas que siguen siendo naturales; y detener la degradación y la fragmentación del hábitat que ya hemos visto.

“El problema que tenemos también con las Áreas Naturales Protegidas, es que se encuentran dispersas en el territorio; entonces, estamos dejando islas para la vegetación y la fauna”, explicó.

Meta alcanzable

Por su parte, Antonio Hernández, de Pronatura Noreste, consideró que pese a que los trámites para anexar un área al catálogo de zonas naturales protegidas pueden ser largos, en Nuevo León se puede lograr la meta de alcanzar el 30 por ciento; el principal obstáculo, consideró también, es la voluntad política.

“Es un asunto más de voluntad política que de planificación, implementación científica o técnica. Es una voluntad del Ejecutivo estatal, si se dan las condiciones de voluntad del Ejecutivo estatal me parece un proyecto perfectamente viable”, explicó.

Hernández mencionó que, en este caso, el Gobierno de Nuevo León está vinculado con la sociedad civil y las universidades locales para determinar la estrategia y alcanzar el 30 por ciento de Áreas Naturales Protegidas como se tiene previsto hacia el 2030.

Mecanismos de vigilancia

Selene Guajardo, integrante del OCAMM, explicó que se tienen que considerar los recursos que se asignan para la preservación del área, la implementación de mecanismos de vigilancia y la coordinación en los órdenes de gobierno.

“La diferencia entre un lugar conservado y no conservado, es que hay una participación y una apropiación muy poderosa del área natural, se conocen sus servicios ambientales, se conocen los beneficios de protegerla”, dijo.

Las tres crisis ambientales que vive el planeta: la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y el cambio climático, se traduce en una reducción de las posibilidades de sobrevivir de los seres humanos si no se atienden dichas problemáticas, explicó Guajardo.

Añadió que esto es un motivo esencial para atender ahora el tema de las reservas naturales protegidas no sólo en el estado, sino a nivel global. Sin embargo, en el discurso político no se ha dimensionado la gravedad del tema.

“Si no se invierte hoy en proteger estas áreas, con mucha seguridad el costo futuro de intentar hacerlo será mucho mayor”, dijo.

Nuevo León cuenta con 43 Áreas Naturales Protegidas, de las cuales, 12 de ellas se ubican en la Zona Metropolitana de Monterrey; las cuales enfrentan un nivel de desatención por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno, principalmente, por la falta de recursos.

Especialistas han señalado el bajo presupuesto que el Gobierno del estado, encabezado por Samuel García, asigna a la Secretaría de Medio Ambiente, cuyo secretario es Alfonso Martínez Muñoz, pues apenas destinó, en 2023 y en 2024, 46 centavos por cada 100 pesos del presupuesto, lo que asciende a 647 millones 984 mil 599 pesos, equivalente al 0.49 por ciento de gasto total.

Por otra parte, activistas han señalado que el Gobierno solo resguarda a las Áreas Naturales Protegidas en el papel, pues en la práctica permiten la operación de pedreras, como es en el caso de la Sierra de Picachos, lo que afecta al ecosistema.