La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) afirma este miércoles que encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa puede ayudar al combate de las desapariciones forzadas en México.
“Si se establece el paradero de los estudiantes desaparecidos, se determina conforme a derecho la responsabilidad de todos los actores y se repara de manera integral a las víctimas, el impacto positivo no sólo será para las personas afectadas, sino también para el combate de las desapariciones en su conjunto”, señala Jan Jarab, representante en México de la ONU-DH, en un comunicado.
En ese sentido, la ONU-DH reconoce las señales del próximo gobierno que apuntan a construir con las familias una ruta de trabajo para llegar a la verdad y justicia.
La próxima secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero subrayó hoy que el siguiente gobierno federal garantizará la justicia para el caso Ayotzinapa.
En el cuarto aniversario de la noche en que desaparecieron los jóvenes en Iguala, la ONU-DH también lamenta que en el último año el actuar de las autoridades se haya caracterizado por la defensa de la versión oficial del caso, calificada a principios del 2015 por la Procuraduría General de la República como la “verdad histórica”.
“Sus deficiencias e inconsistencias han sido expuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense y Forensic Architecture”, cita el comunicado.
Además, la ONU-DH recuerda como en su informe Doble injusticia documentó el uso de métodos ilícitos en las investigaciones y un tribunal colegiado con sede en Tamaulipas constató un “cuadro manifiesto de graves irregularidades” en las investigaciones.
A ello se suma el informe del Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, el cual presentó una larga lista de pendientes, incluyendo la falta de esclarecimiento del rol de varias fuerzas federales en los hechos.
Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) comprobó que la identificación de un supuesto perpetrador clave, al que se le mantiene hasta hoy injustamente privado de su libertad, es equivocada.
“Se trata de una verdadera sinergia de voces, una sólida acumulación de evidencias en contra de la narrativa oficial”, destacó Jarab.
Al representante le preocupa que la respuesta del gobierno mexicano se haya enfocado en reiterar lo insostenible e intentar acallar o desprestigiar las voces de quienes han cuestionado la versión oficial.
“Resulta inusitado que el gobierno haya promovido más de 200 impugnaciones en contra de la histórica y garantista sentencia del Tribunal Colegiado, hoy confirmada por el mismo órgano jurisdiccional federal, cuyos alcances deben observarse plenamente”, señaló Jarab.
Reconocer a las familias
Para la ONU-DH la determinación de las familias de las víctimas de Ayotzinapa merece ser reconocida ampliamente.
“Son cuatro años de portar una dolorosa carga con entereza. Su exigencia firme de justicia ha sido una fuente de inspiración en medio de un camino pedregoso que han sabido transitar con dignidad”, sostuvo Jarab.
Finalmente, la ONU-DH refrenda su compromiso de cooperar con las autoridades del Estado mexicano en todos los esfuerzos encaminados a esclarecer el caso.
Estado debe garantizar verdad y justicia para los 43 estudiantes de Ayotzinapa: AI
Amnistía Internacional (AI) también comparte hoy un comunicado en el que dice que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene una última oportunidad para dejar de obstaculizar la creación de una comisión especial de investigación para resolver el caso de Ayotzinapa.
“El mundo observa a México en la espera de que el gobierno por fin garantice los derechos de las víctimas y permita la creación de una comisión de investigación que descubra la verdad de lo ocurrido”, menciona Erika Guevara Rosas, directora para las Américas en Amnistía Internacional.
En junio, un tribunal federal ordenó la creación de una comisión especial para investigar la desaparición de los jóvenes normalistas, sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que el gobierno presentó cerca de 200 recursos legales para evitar que se concrete la creación del grupo para la pesquisa.
“El gobierno de Peña Nieto nuevamente ha elegido dar la espalda a lo que ahora parece ser el único camino para esclarecer la verdad. Con esta decisión, el gobierno refuerza su falta de compromiso para resolver este caso”, afirma Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La organización asegura que el presidente electo tiene el reto de cambiar el rumbo de la investigación sobre este caso.
“El gobierno entrante tiene entonces el gran reto de tomar todas las medidas necesarias para cambiar el rumbo y asegurar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas,” afirma Reneaum.
La organización internacional comparte que en los últimos cuatro años, el registro oficial de personas desaparecidas en México pasó de 22 mil a 37 mil.
