Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), recibió la encomienda presidencial de atender en persona el caso Narvarte en que fueron asesinadas cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa.
En respuesta a una carta que envió un grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos al titular del Ejecutivo federal, el subsecretario informó que no se ha descartado ninguna línea de investigación en el caso.
“Con relación a la carta que un destacado grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos enviaron al licenciado Enrique Peña Nieto el pasado domingo, comunico que he recibido instrucciones del Presidente de la República para seguir atendiendo personalmente este asunto”, manifestó el funcionario en un comunicado.
Dijo que el Gobierno de la República condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento.
“En relación con el homicidio de Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Mile Virginia Martín, la autoridad responsable, que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, nos ha comunicado que a esta fecha ninguna línea de investigación está descartada”, expresó.
Manifestó que el compromiso de Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días.
“Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista”, defendió.
Afirmó que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse.
“Somos conscientes también de que los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de Derechos Humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos”, expuso en la carta.
Mencionó que el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas
“Mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas”, dijo el funcionario.
Piden declaración a más funcionarios
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) solicitó, vía oficio de colaboración, la declaración de exfuncionarios y funcionarios de Veracruz por los hechos ocurridos el 31 de julio pasado en la colonia Narvarte.
Una célula de Ministerios Públicos de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio arribó ayer a la Fiscalía General de esa entidad para solicitar la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, precisó la dependencia en un comunicado.
Los representantes sociales de la Fiscalía de Homicidios permanecerán varios días en el estado de Veracruz, a efecto de que quien tenga algún dato que aportar en torno al caso referido, lo pueda hacer en las instalaciones de la Fiscalía General con sede en Jalapa.
La Procuraduría capitalina precisó que, por los hechos ocurridos el pasado 31 de julio en un departamento ubicado en la colonia Narvarte, se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, así como la atención a los familiares de las víctimas.
El pasado 11 de agosto la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recabó la declaración en calidad de testigo del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por los hechos referidos en que fallecieron las cinco personas.
