La Organización de las Naciones Unidas (ONU) comparó las masacres de San Fernando y Cadereyta, en 2010 y 2012, con el reciente hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas, varios de ellos presuntamente de nacionalidad guatemalteca.
En un comunicado, la Oficina en México para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó que los tres casos podrían ser consecuencia de la falta de alternativas para una migración segura y ordenada.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Este fin de semana, las autoridades de Tamaulipas informaron sobre el hallazgo de 19 cadáveres en una zona deshabitada cerca de la frontera con Estados Unidos, en el municipio de Camargo. Las víctimas fueron baleadas y sus cuerpos calcinados.
El descubrimiento ocurrió tras una denuncia ciudadana, donde se alertaba que cerca del poblado de Santa Anita había dos vehículos incendiados. En uno de ellos, una camioneta de carga, se encontraban los cuerpos amontonados de las 19 personas, la mayoría de ciudadanía guatemalteca.
La Fiscalía del estado presume que las personas y vehículos fueron abandonados en ese lugar, ya que no encontraron los casquillos de las balas que utilizaron para asesinarlos.
Tanto en los recientes descubrimientos, como en las masacres ocurridas hace poco más de una década, todas las víctimas fueron migrantes que buscaban alcanzar una mejor vida para ellos y sus familias a través de la utopía del sueño americano.
Por los hechos, la ONU exigió al Estado mexicano ofrecer a cada una de las familias de las víctimas una restitución digna, así como el apoyo de las autoridades consulares de sus países de origen.
“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares”.
El vocero de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Alberto Rodríguez, informó que las autoridades ya iniciaron el proceso de identificación de las víctimas a través de su ADN.
¿Qué pasó en San Fernando?
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, el cártel de Los Zetas asesinó a 72 migrantes de distintas nacionalidades en el ejido de El Huizachal en San Fernando, Tamaulipas.
Las víctimas se encontraban en tránsito por México para llegar a los Estados Unidos: 58 hombres y 14 mujeres, principalmente provenientes de Guatemala, Ecuador y Brasil.
A todos los asesinaron por la espalda. Sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie. Presuntamente, los habían privado de su libertad y fueron asesinados cuando se negaron a trabajar para el grupo criminal.
La matanza de San Fernando representó no solamente el triunfo del crimen organizado sobre los derechos humanos, sino la incapacidad del Estado mexicano para detener la violencia en su propio territorio, y en su caso, sentenciarla, señaló en 2020 la organización Incidencia a Favor de los Derechos Humanos en las Américas (WOLA).
“La tragedia es emblemática no solo por la violencia y los peligros que enfrentan los migrantes cuando viajan por México, sino también por la incapacidad del gobierno mexicano para abordar y prevenir esos abusos. El caso también es simbólico por la falta de justicia para los delitos contra los migrantes: una década después, nadie ha sido condenado”.
La organización manifiesta que las matanzas de migrantes son resultado de la complicidad entre las fuerzas de seguridad y los miembros del crimen organizado, así como la corrupción de organismos gubernamentales y la negligencia en la investigación y enjuiciamiento de los capos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que en 2010 fueron secuestrados alrededor de 20 mil migrantes en México. Diez años después, en 2020, la organización Plos One informó que uno de cada tres migrantes sufre algún tipo de violencia durante su paso por México.
Además de la masacre de San Fernando, México tiene una larga historia de asesinatos impunes de personas, cuyos perpetradores tratan de ocultar bajo el anonimato de una fosa clandestina.
Esto ocurre, sobre todo, en municipios del norte del país: en 2011, en San Fernando descubrieron 48 fosas con 196 personas; en 2012, en Cadereyta, Nuevo León, encontraron 49 torsos junto a una carretera.
Así respondió Segob
“No es un San Fernando”, dijo esta mañana la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y negó categóricamente que lo sucedido en Camargo se asemeja a la masacre de 2010 ocurrida en el mismo estado.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación”.
Dijo además que, en esta ocasión, no existiría impunidad.
“Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzando y muchísimo, tenemos mucha información y si me permites no dártela en este momento porque sabes que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías”.
