En cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Función Pública (SFP) ha impuesto 401 multas que suman más de 266 millones de pesos en contra de empresas que incurrieron en anomalías al obtener contratos del Gobierno federal.
Lo anterior, de acuerdo con una revisión de los expedientes del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la dependencia en el que se acumulan multas desde 2001. El monto de las que corresponden a la administración de López Obrador representa el 30 por ciento del total.
La mayor de las sanciones económicas es la que tiene Asesoría y Consultoría en Software por un contrato en 2019 con la Procuraduría Federal del Consumidor por 24 millones 963 mil 200 pesos. Un sistema incompleto en su desarrollo afectó los flujos de trabajo del organismo.
La multa que le sigue fue también impuesta en 2019 a Grupo Sari que presentó una cédula falsa en varias licitaciones del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
Las multas sin cobrar en la administración del Presidente López Obrador se añadieron a las rezagadas en los gobiernos anteriores.
Del de Vicente Fox Quesada (2000-2006) está pendiente un monto de casi 40 millones de pesos; del de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), más de 284 millones de pesos y del de Enrique Peña Nieto, poco más de 295 millones de pesos.
La SFP es la encargada de sancionar a los licitantes, proveedores y contratistas que cometan actos de corrupción de acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Tal cual es ahora, esta dependencia empezó a funcionar en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox.
En los últimos cuatro años del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha tenido dos titulares. Irma Eréndira Sandoval, de diciembre de 2012 al 21 de junio de 2021, y Roberto Salcedo Aquino, actual secretario.
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