[kaltura-widget uiconfid=”38045831″ entryid=”0_vk7cb3m6″ responsive=”true” hoveringControls=”true” width=”100%” height=”75%” /] El Congreso de la Unión entra a la recta final de su último periodo de sesiones, que culmina este 30 de abril, y dejará en el tintero una lista interminable de pendientes.
Algunos de los temas que quedarán en lista de espera fueron colocados como prioridades por las propias bancadas al inicio de este año encaminado ya en el proceso electoral del 2018.
La Ley de la Fiscalía General de la República y el nombramiento tanto del fiscal general como del fiscal anticorrupción; la segunda generación de reformas anticorrupción entre las que se encuentra la Ley de Contrataciones de Obras Públicas; la reducción de dinero público a los partidos políticos o la discusión sobre el modelo policial en el país.
Asimismo, quedan pendientes decenas de nombramientos de servidores públicos: en la Cámara de Diputados falta nombrar a los contralores de los órganos autónomos; en el Senado faltan un magistrado de la Sala Especializada del TEPJF y los 18 nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.
Los temas que sí podrían quedar aprobados son los cambios en la ley para castigar el robo de combustibles; la Ley General de Comunicación Social; los cambios a la Ley General de Salud para hacer obligatoria la donación de órganos y, como consecuencia de las promesas de los candidatos en campaña, podría aprobarse también la eliminación del fuero.
En el Senado particularmente está pendiente la ratificación de varios asuntos internacionales, entre ellos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11.
Los asuntos que queden pendientes en ambas Cámaras serán enviados directamente a la congeladora, pues es prácticamente imposible que se lleve a cabo un periodo extraordinario en los meses de julio y agosto, cuando ya se conocerá el resultado de la elección presidencial.
Cuando se habla de los pendientes del Congreso de la Unión se habla de miles de asuntos que ni siquiera han sido analizados en comisiones del Legislativo.
De ellos, la mayoría son iniciativas (5 mil 415); proposiciones con puntos de acuerdo (2 mil 896); ratificaciones a Instrumentos internacionales (28) y nombramientos (5 grandes grupos).
El mayor rezago está en el estudio y aprobación de iniciativas. Desde el inicio de la 63 Legislatura, el 1 de septiembre del 2015, se han presentado 7 mil 637 iniciativas, de las que se han aprobado sólo 409; es decir, apenas una de cada 18 propuestas.
En el Senado se han presentado en esta Legislatura un total de mil 831 iniciativas y sólo se han aprobado 75 —una de cada 24—; en la Cámara de Diputados se han presentado 5 mil 806 iniciativas y se han aprobado 334 —una de cada 17—.
Sin embargo, más allá de los números, muchos de esos asuntos han sido calificados como de primera importancia no sólo por los propios legisladores, sino por diversos sectores de la sociedad.
Los pendientes del Congreso
Aquí se muestran los nombramientos, reformas constitucionales y pendientes internacionales que quedarán en el Congreso de no ser abordados en los 13 días que le quedan al periodo ordinario de sesiones de la XLIII Legislatura
Los nombramientos
> Los contralores del: IFT, INAI y Cofece
> Los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
> Un magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
> Los titulares de la FGR y de la Fiscalía Anticorrupción
Asuntos internacionales
> La ratificación del TPP-11
Temas constitucionales
> Expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República
> Reforma a la Ley General de Salud
> La eliminación del fuero > Cambios a la reforma laboral
> Modificaciones para castigar con mayor fuerza el robo de combustibles
> Reforma a la Ley General de Comunicación Social
> La segunda generación de reformas anticorrupción
Olvidan las prioridades
Aunque las agendas legislativas para este año contaban con ambiciosos planes para sacar adelante temas que las bancadas consideraban prioritarios, al final la mayor parte de esos asuntos quedarán enterrados en la congeladora legislativa.
Al principio de cada periodo de sesiones, diputados y senadores de cada bancada establecen cuáles serán sus prioridades para las siguientes semanas.
La carta de buenas intenciones de cada una de las bancadas para este último periodo de sesiones de la 63 Legislatura incluía varios temas en común; aún así, no pudieron prosperar por los intereses políticos de cada grupo parlamentario.
El PRI, por ejemplo, puso como prioridad número uno las reformas para el combate a la corrupción, como una manera de secundar las propuestas de su candidato presidencial, José Antonio Meade.
El abanderado presidencial entregó en mano a diputados y senadores del tricolor un paquete de reformas para modificar la figura de extinción de dominio y establecer la obligación de demostrar que el patrimonio de una persona es de origen lícito; aumentar las penas y periodos de sanciones administrativas a quienes cometan actos de corrupción y que los servidores públicos certifiquen su evolución patrimonial de cinco años previos a ocupar su cargo.
El tricolor puso también como una de sus prioridades la expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República; las reformas de Justicia Cotidiana, especialmente en justicia laboral, y las reformas para fortalecer el castigo al robo de hidrocarburos.
El PAN puso su foco de atención en concretar la aprobación de la reglamentación de los gobiernos de coalición, expedir la Ley de la Fiscalía General de la República, mejorar los mecanismos de asignación de recursos del Ramo 23 e impulsar la segunda generación de reformas anticorrupción.
El PRD fijó como algunas de sus prioridades reformar la Ley de Seguridad Nacional para incidir en la Ley de Seguridad Interior, el fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos de policía del país, dar a la CNDH facultades de investigación de delitos graves y expedir la Ley de Gobiernos de Coalición; así como sacar adelante la Ley de la Fiscalía General.
La bancada del PT-Morena definió como prioridades la democratización del nombramiento de funcionarios públicos, las reformas para mejorar el combate a la corrupción, la Ley Federal de Salarios Máximos y la derogación de la reforma educativa.
Los temas fijados por los legisladores como prioridades y que han sido aprobados se cuentan con los dedos de las manos.
Aunque hay coincidencias, como en la Ley de la Fiscalía General de la República, el tema no ha podido concretarse por la contaminación política que ha tenido el tema desde hace meses.
En el caso del cambio del modelo policial, tema propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en el 2014, el PRI encontró como salida someter el tema a consulta popular y fue aprobado por los diputados, pero todavía no por el Senado.
A la congeladora
Faltan sólo 13 días para que culmine el periodo ordinario, sin embrago, son nulas las posibilidades de que se concreten temas que estaban en la agenda de los partidos y que las organizaciones de la sociedad civil han impulsado desde hace años.
El principal es la modificación del artículo 102 constitucional para dar verdadera autonomía a la Fiscalía General de la República, creada en el papel desde el 2013, pero cuyo diseño no garantiza que se trate de un órgano autónomo.
Incluso, el cambio que se realizó al artículo transitorio de la reforma político electoral para no permitir el pase automático de quien sea titular de la PGR a la FGR no ha pasado el filtro de los congresos locales, pues sólo 7 de los 17 necesarios la han aprobado.
La reglamentación de los gobiernos de coalición tampoco está lista para pasar por la aprobación de las Cámaras del Congreso, por lo que es previsible que será hasta la siguiente Legislatura cuando vuelva a tratarse el tema.
Lo mismo ocurrirá con la reglamentación de la reelección legislativa federal, por lo que tocará a los próximos nuevos diputados y senadores establecer las reglas que ya les aplicarán a ellos mismos si quieren buscar la reelección.
Los senadores tampoco tienen el consenso necesario para aprobar antes del 30 de abril la procedencia de la consulta popular en el tema del mando único policial, que aprobaron los diputados en diciembre del 2017.
La Cámara baja aprobó someter a consulta popular este tema en las elecciones del próximo 1 de julio con la pregunta: “¿Estás de acuerdo con que nuestro país tenga 32 policías profesionales, una por cada estado, en lugar de las más de 1,800 policías municipales que, de acuerdo a distintos estudios, están mal capacitadas, mal equipada y mal coordinadas?”.
En la Cámara alta esta petición de consulta popular no ha sido analizada en comisiones.
La segunda generación de reformas anticorrupción tampoco saldrán en este periodo de sesiones; entre ellas se encuentra la Ley de Obras Públicas, que pretende poner más candados a la contratación por parte del Gobierno.
Y aunque el tema de moda después de los sismos de septiembre pasado fue la donación de los recursos de los partidos políticos a la reconstrucción, la reforma que buscaba cambiar la fórmula para disminuir la asignación de dinero público a los partidos también será enviada a la congeladora.
Allá también se ha enviado, al menos por ahora, los nombramientos del titular de la FGR y de la Fiscalía Anticorrupción.
A marchas forzadas
Hay otro grupo de asuntos que los legisladores intentarán aprobar a todo vapor en los últimos días que le quedan a la legislatura.
El primero de ellos es la Ley General de Comunicación Social, que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados y donde en el Senado tendrá que pasar el filtro de la Oposición, que ya ha enfilado sus baterías contra ella.
“La vamos a revisar. La información que tenemos de esa minuta es que es una simulación que el partido en el gobierno ha tratado de impulsar para medio tratar de cumplir con el mandato de la Corte.
Es una burla, una vergüenza, que no se impongan límites ni formas de ejercicio presupuestal para esta materia. Así lo quiso impulsar el PRI y su Gobierno, y aquí tendremos que hacerle las modificaciones correspondientes”, dijo Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN.
Así, aunque esta Ley fue aprobada para cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de reglamentar el artículo 134 constitucional en esa materia a más tardar el 30 de abril, ésta podría quedar pendiente en comisiones por la exigencia de la Oposición de hacerle modificaciones sustanciales, pues consideran que sólo se legalizan las malas prácticas que ya lleva a cabo hoy el Ejecutivo en la contratación de propaganda.
También a un paso de la aprobación están las modificaciones para castigar con mayor fuerza el robo de combustibles, pero ahora desde la vigilancia fiscal de las gasolineras que expendan estos productos robados.
El PRI busca aprobar también los cambios a la reforma laboral, en la que se darán más ventajas a las empresas para la contratación por outsourcing. A ésta se han opuesto las bancadas de izquierda por considerar que se trata del “asesinato” de los derechos de los trabajadores.
“Rechazamos que se use esta reforma para incorporar un marco laboral regresivo mediante la facilitación del despido, la reducción de prestaciones e indemnizaciones a los trabajadores y el abaratamiento de las sanciones a los patrones que violen la ley como suscriben el PRI y sus aliados en su propuesta”, acusó Francisco Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD.
Otro tema que puede entrar de manera express a las aprobaciones de último minuto del Congreso puede ser la eliminación del fuero, sobre todo después de que el candidato priista José Antonio Meade lo puso sobre la mesa como una de sus promesas de campaña
Los partidos de Oposición han aprovechado la ocasión y han pedido que se acelere el análisis de las iniciativas que se han presentado sobre el tema, incluida una presentada este mes por el PRI.
“Sin duda al esfuerzo por eliminar el fuero el PRI llega tarde, pero más vale tarde que nunca, lo importante es consolidar un proyecto de dictamen que elimine por completo la figura que ha servido para fomentar la impunidad y corrupción.
De no aprobarse en ambas cámaras la eliminación del fuero en estas últimas dos semanas del período legislativo, se acreditará una vez más la demagogia e incongruencia del PRI y su candidato presidencial”, advirtió Marko Cortés, coordinador de los diputados del PAN.
Otra de las reformas que está pronta a concretarse son los cambios a la Ley General de Salud, en los que se establecerá que todas las personas serán donadores de órganos a menos que notifiquen en vida que no desean serlo.
Sin embargo, estos cambios pueden toparse con pared en la Cámara baja —donde se estudiaba una iniciativa similar—, en la que diputados de varias bancadas han impedido que se apruebe por consenso por tener dudas sobre un posible mal uso de los órganos humanos que estén disponibles para realizar transplantes.
En el Senado se estudia a marchas forzadas la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11, aunque el PRI no está muy convencido de poder lograrlo antes del 30 de abril.
“Haremos nuestro mejor esfuerzo para que sea aprobado en este periodo ordinario de sesiones (…) El PRI se mantiene con total apertura a las opiniones del sector productivo del país para seguir escuchando sus opiniones y recomendaciones que nos lleven a la ratificación de este tratado que representa una gran oportunidad de transformación, mayor desarrollo y prosperidad para todos”, ha dicho Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del tricolor.
A todo esto se suman los nombramientos pendientes en ambas Cámaras que deberían ser procesados.
En el Senado, los nombramientos más urgentes son los de los 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa —3 para la Sección Tercera, que se encargará exclusivamente de ese tema y 15 para las salas especializadas por regiones—. Un magistrado de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sala encargada de juzgar todo lo relacionado a medios de comunicación, spots, etc y dos comisionados del INAI —que entren en lugar de Areli Cano y Ximena Puente—, entre otros.
En la Cámara de Diputados se encuentra pendiente el nombramiento de los contralores de los órganos constitucionales autónomos —INAI, Cofece, IFT, entre otros—.
Todo esto deberá concretarse a más tardar el lunes 30 de abril próximo, fecha de la culminación del último periodo de sesiones de la 63 Legislatura, de no aprobarse, estos asuntos serán heredados a la 64 Legislatura, que entrará en funciones el próximo 1 de septiembre.