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"(De) las primeras fosas encontradas, las primerititas, ya tenemos algunos resultados: les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos han hecho"
El nombre de Iguala viene del náhuatl “Yohualtepec”, que significa “Lugar rodeado de cerros”.
Y es que la pequeña ciudad al norte del Guerrero está enclavada en un valle custodiado por nueve cerros. Cerros que en los últimos días han sido protagonistas de las más aterradoras historias.
Entre sus parajes se han encontrado –hasta el momento- 19 fosas clandestinas.
Las primeras cinco, el 4 de octubre. Había 28 cuerpos dentro. Días después, se hallaron cuatro tumbas clandestinas más. El martes 14, policías comunitarios descubrieron otras tres y ayer se reportaron seis más.
El hallazgo de todos estos agujeros clandestinos no ha sido fortuito. Los encontraron porque están buscando a 43 estudiantes de Ayotzinapa que fueron atacados, secuestrados y asesinados por policías municipales el 26 de septiembre.
Los calificativos para lo sucedido esa noche no han sido pocos.
Humans Rights Watch dijo que esta tragedia es la peor desde la matanza estudiantil de Tlatelolco en 1968.
La Unión Europea en México señaló su profunda preocupación ante estos actos de barbarie.
La ONU se dijo conmovida por lo que calificó como uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes.
La organización humanitaria WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos) mandó una carta al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, en la que expresa su indignación.
Y a tres semanas de los ataques, la trama lejos de resolverse se complica.
El alcalde de Iguala, José Luis Abarca –acusado de nexos con el narcotráfico- se encuentra prófugo. Su esposa, María de los Ángeles Pineda –señalada como la responsable de dar la orden de que reprendieran a los estudiantes- tampoco aparece, y el secretario de Seguridad Pública Municipal, Felipe Flores –inculpado por su complicidad en homicidio calificado, lesiones agravadas y desaparición forzada– no está localizable.
A este escenario se suman la errática y contradictoria información oficial.
Un día, el gobernador del Estado declara que los cuerpos encontrados en las primeras fosas no son de los estudiantes. Al día siguiente, el procurador de Justicia de la República dice que sí son. Después, el equipo de forenses extranjeros que participan en la búsqueda, asegura que las pruebas no han concluido y que aún no tienen una respuesta.
Mientras, destrozados y llenos de rabia, los familiares de los normalistas esperan un milagro. O noticias. O respuestas. O justicia… nada de eso llega.
Una buena, una mala y una peor
La buena es que Jesús Murillo Karam aseguró el martes que ninguno de los 28 cuerpos encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas en Iguala es de los estudiantes de Ayotzinapa.
La mala es que con su declaración, dejó al país con 43 estudiantes desaparecidos que todos saben quiénes son, y aparte, 28 cuerpos aparecidos que nadie sabe quienes son.
La peor es que ayer el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) desmintió al procurador General de la República y aseguró que ellos todavía no tiene los resultados de las pruebas de ADN, por lo que no pueden descartar que los cuerpos encontrados sean de los normalistas.
“Nosotros respetamos lo que ha dicho el procurador, pero no tenemos nuestros propios resultados y vamos a seguir trabajando hasta que tengamos los nuestros”, dijo un portavoz del EAAF.
Por eso Ángel Ramírez, uno de los estudiantes que sobrevivió al ataque de los policías, no cree en ninguno de los informes que da el gobierno.
“Se ve cómo el gobierno quería darle esos cuerpos a las familias, aunque no fueran sus hijos”, dijo a Univision.Noticias.com.
Tampoco Amnistía Internacional (AI) confía demasiado.
La organización defensora de los derechos humanos señaló que a pesar de la promesa del presidente Enrique Peña Nieto de ir a profundidad en el caso, las familias de los estudiantes desaparecidos continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial caótica y hostil.
Agregó que los peritos internacionales que trabajan en la identificación de los cuerpos encontrados no han podido acceder a todas las fosas.
AI consideró esencial que la PGR reconozca al equipo de argentinos como peritos oficiales en las investigaciones, pues es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos.
> El alcalde
José Luis Abarca se encuentra prófugo. Pesan sobre él acusaciones formales de homicidio y nexos con el narcotráfico. El día del ataque a los normalistas, dijo que no sabía nada de los hechos, pues estaba en un baile.
> La primera dama
María de los Ángeles Pineda también está prófuga. A ella se le acusa de haber dado la orden de que ‘contuvieran’ a los estudiantes para que no intervinieran durante la presentación de su informe de labores como presidenta del DIF. Su familia está vinculada con el cártel de Guerreros Unidos.
> El procurador
El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, aseguró que los recientes acontecimientos en Guerrero lastiman severamente el Estado de Derecho.
> Las universidades
La UNAM, UAM, UACM y del Instituto Politécnico Nacional anunciaron paro de labores académicas para exigir la presentación de 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Ayer, alumnos de la UNAM realizaron una marcha hacia las oficinas de la PGR, en donde lanzaron piedras al edificio.
> Los sobrevivientes
Las declaraciones de los estudiantes que sobrevivieron esa noche en Iguala describen el miedo y la impotencia. Aseguran que los estaban cazando. Que el ataque fue directo. Que nadie los ayudó.
> Las fosas
Se han encontrado al menos 19 fosas clandestinas en los alrededores de Iguala. Oficialmente hay 28 cuerpos exhumados. Ninguno ha sido identificado.
> Los forenses
Un día después de la declaración del procurador, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) informó que aún no tiene sus propios resultados para descartar que los 28 cuerpos encontrados en las primeras cinco fosas de Iguala no corresponden a los estudiantes normalistas.
> El gobernador
El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre aseguró que no dejará su cargo hasta no terminar su mandato y afirmó dicha entidad se encuentra en calma a excepción del municipio de Iguala.
> El ERPI
El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) convocó a formar la Brigada popular de ajusticiamiento en contra de Guerreros Unidos.
“Hoy, más que nunca, necesitamos responder con todas las formas de lucha, violentas y pacíficas, legales e ilegales”.
> Los familiares
Sentados alrededor de la cancha de basquetbol de la Normal Rural de Ayotzinapa, los familiares de los estudiantes desaparecidos –casi todos ellos campesinos- esperan noticias. Sufren, rezan, reclaman. Dicen que no confían más que en los forenses que trajeron de Argentina para que les digan si esos pedazos de cuerpos en las fosas son sus muchachos.
> El capo
En la madrugada del 14 de octubre, Benjamín Mondragón, presunto jefe de plaza de la organización criminal Guerreros Unidos, se suicidó para evitar ser capturado por fuerzas federales. Antes, el capo negoció para que dejarán salir de la casa a su novia embarazada. Los agentes concedieron su último deseo.
¿En qué va el caso de Iguala?
> El juez federal José Alfonso Montalvo Martínez concedió una suspensión de amparo a María de los Ángeles Pineda, el cual impide se ejecute en su contra cualquier orden de detención, comparecencia o aprehensión, siempre y cuando sea por un delito no grave.
El juzgador le impuso una fianza de 35 mil pesos y fijó para el próximo 11 de noviembre a las 09:05 horas, la audiencia constitucional donde se podría determinar si le otorga o no el amparo solicitado.
Ayer, el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, señaló que contra la esposa del alcalde de Iguala todavía no existía una orden de aprehensión.
> José Luis Abarca, alcalde con licencia de Iguala, y Felipe Flores, director de Seguridad Pública de ese municipio se encuentran prófugos. Sobre los dos recae una orden de aprehensión por la desaparición de los estudiantes normalistas.
A Abarca también se le vincula con el cártel de Los Beltrán Leyva y se le investigará por el crimen del regidor Antonio Hernández
> El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, informó que hay 45 detenidos por el caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala.
Entre ellos, los operadores que se encargaron de la detención y el traslado hasta entregarlos al grupo delictivo Guerreros Unidos.
¿Por qué estaban en Iguala?
Han pasado 20 días desde aquella noche en Iguala, pero aún está claro cómo fue qué todo comenzó.
Aquí algunas versiones:
> Un informe del Cisen detalla que María de los Ángeles Pineda ordenó al director de Seguridad Pública Municipal detener la movilización de los estudiantes porque pretendían trasladarse al zócalo y “reventar” su informe de labores.
> Los estudiantes señalaron que habían ido a ese municipio a recabar fondos para financiar una marcha del 2 de octubre, en el 46 aniversario de la masacre de estudiantes de Tlatelolco, México.
> En entrevista con Adela micha, Marcos, estudiante de la Normal de Ayotzinapa, señaló que se dirigían a hacer actividades de boteo porque iba a llegar un contingente grande a su escuela y necesitaban recibir a la gente.
