Desde finales del 2021 el Gobierno federal presentó su Estrategia Digital Nacional (EDN) con la cual pretende que el país alcance la independencia y autonomía tecnológica y así poder enfrentar muchos de los retos presentes y futuros.
A partir de este punto conceptos como “política digital” comenzaron a formar parte de la administración pública federal. Apenas hace unos días la Secretaría de Economía anunció que ya trabaja en una estrategia para impulsar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías vinculadas a la red 5G.
A pesar de los esfuerzos y el cambio discursivo de las autoridades, estas nuevas políticas públicas digitales corren el riesgo de no materializarse y quedar en el papel ya que solamente forman parte de un plan pero no son obligatorias ni la EDN vinculante.
El 6 de septiembre del año pasado se expidió en el Diario Oficial de la Federación la Estrategia Digital Nacional 2021-2024 por parte del Gobierno federal cumpliendo con el artículo 6 de la Constitución el cual establece que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet
En la estrategia, bajo los principios de austeridad, combate a la corrupción, eficiencia en los procesos digitales, seguridad de la información y soberanía tecnológica se promete que el país contará con independencia y autonomía tecnológica, es decir, generar soluciones aprovechando el talento tecnológico disponible pero sin depender de proveedores o fabricantes de tecnologías para evitar monopolios.
Es así, como a mitad del gobierno la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a la ciudadanía una Política Digital en la Administración Pública Federal mediante el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la la Comunicación (TIC) para mejorar y transparentar los servicios gubernamentales y también se comprometió a presentar una Política Social Digital para incrementar la cobertura de internet en todo el país para combatir la marginación y comunicar las zonas más pobres y alejadas, facilitando con ello su integración a las actividades productivas.
Si bien la pandemia de COVID-19 ayudó a acelerar algunos procesos como la digitalización de la Administración Pública Federal, también hizo más evidentes los rezagos, principalmente en las zonas de más alta marginación.
Esto se debe a que pese a que existe ya una estrategia esta no es vinculante y muchas de las líneas de acción del programa no han sido catalogados como “derechos fundamentales”. Por ejemplo, actualmente la legislación mexicana considera al acceso a internet como un derecho, pero no la ciberseguridad.
Estrategia Digital Nacional tardía
René Rosado, director regional de Transformación Pública de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey critica que la Estrategia Digital Nacional haya llegado tan tarde y que no sea vinculante.
“La estrategia llega tarde, pero mejor tarde que nunca. El problema es que no es vinculante, en papel suena bien pero falta toda la parte del entendimiento y la complejidad de lo que realmente involucra la adopción de las tecnologías digitales, no solo la parte de políticas, sino todo lo que implica el mundo digital como sociedad.
“Pero bueno, mejor tarde que nunca y mejor algo que nada. Ahora como sociedad civil organizada tenemos que ver cómo podemos contribuir y aprovechar esa voluntad que ya existe por parte del Gobierno”, opina.
El especialista considera que actualmente existen tres tipos de analfabetismo en los que se debe de enfocar el gobierno, el analfabetismo literato funcional, es decir de capacidad lectora; el financiero para saber cómo utilizar el dinero; y el digital, porque realmente mucha gente no conoce como afecta e impacta el entorno digital.
“Hasta antes de la pandemia menos del 50 por ciento de la población no tenía internet fijo pero el 90 por ciento tenía celular. Por eso hay que entender cuáles son las herramientas a nuestro alcance y cómo funcionan. Hemos tenido procesos de transformación gubernamental que se han acelerado digitalmente porque la pandemia nos obligó, principalmente en trámites. También nos dejó la lección de que es fundamental estar conectado a internet”, explica.
Rosado también opina que para que haya una verdadera transformación digital es muy importante el conglomerado institucional, por lo que el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe de fortalecerse, debido a esto lamentó que actualmente se encuentre bajo escrutinio y ataque del Gobierno federal y que no se hayan nombrado a los tres comisionados faltantes.
“Falla la instrumentación institucional. Ya están todos los jugadores, e incluso, las empresas privadas que dotan las tecnologías, pero sin un órgano regulador que tenga los colmillos para sancionar o premiar que haya un juego justo, esto nos puede jugar en contra.
“Es decir, corremos el riesgo de que volvamos a tener un mercado de telecomunicaciones concentrado y que volvamos a ser dependientes de cierta infraestructura.
“Por eso sería importante alinearnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y que este plan no solo sea propaganda política para un gobierno, sino que realmente sea una verdadera política pública que nos permita sumar esfuerzos, lo digital no es ajeno a todo lo demás que pasa”
