El endurecimiento de medidas al interior de los penales reavivará el debate sobre los derechos humanos que el secretario de Gobernación puso sobre la mesa
La fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán puso en jaque no solo los sistemas de seguridad del país, sino a la clase política que ya se pregunta qué pudo hacer y no hizo para evitar que ocurriera la gran huida del capo.
En el Congreso de la Unión la situación se ha calificado como una “emergencia nacional”.
Además de pedir cuentas a los funcionarios encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia en el país, los legisladores piensan ahora en las modificaciones de ley que pueden hacerse para evitar que una situación así vuelva a presentarse.
Incluso, en el debate podría revivirse a la Secretaría de Seguridad Pública, aquella que fue desaparecida para concentrar todo el poder en la Secretaría de Gobernación.
A ello, se suma el debate que Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, desató con su declaración sobre los derechos humanos en la conferencia donde habló sobre la huida de Guzmán Loera.
El funcionario afirmó que la celda tenía dos puntos ciegos a los que el video no podía tener acceso por cuestiones de derechos humanos y respeto a la intimidad del preso.
Se refirió también a que “la Comisión Nacional de Derechos Humanos no permite el uso de brazaletes dentro de las cárceles”.
Un día después, ante el polvo que levantaron sus declaraciones, Osorio Chong tuvo que rectificar su postura y decir que los derechos humanos no fueron los causantes de la fuga de “El Chapo”.
Legisladores se han pronunciado en contra de las declaraciones del encargado de la política interna del país y han afirmado que en septiembre próximo comenzará la LXIII Legislatura con un intenso debate sobre este tema.
Van por revivir SSP
Fue Osorio Chong el primero en alertar sobre los cambios legislativos que deberán hacerse para mejorar las condiciones de seguridad en los penales de todo el país.
“Ante esta fuga hay que hacer modificaciones (…) no solamente en brazaletes y por eso hablé ya con los legisladores. Tenemos que hacer aún más y por eso he pedido y alertado la revisión de los otros penales.
“Se tienen que dar modificaciones internas y también de ley, que nosotros estaremos presentando en muy poco tiempo, después de un análisis lo que se tiene que hacer después de una fuga”, expuso el secretario de Gobernación.
Los congresistas del PAN fueron los primeros en escuchar el llamado.
Diputados y senadores del albiazul anunciaron que en las próximas semanas, presentarán una iniciativa para revivir a la Secretaría de Seguridad Pública y que sea la encargada de manejar estos temas a nivel nacional.
“El PAN propondrá en la Legislatura que inicia, que vuelva a existir una Secretaría encargada de garantizar a los mexicanos la seguridad de su vida, de su patrimonio y un programa para cambiar de raíz la estrategia equivocada que ha seguido el Gobierno federal.
“Asimismo, le exigimos al gobierno del presidente Peña retirar su fallido decálogo que presentó en noviembre del 2014 para mejorar la seguridad, la justicia y el Estado de Derecho y, en consecuencia, que se elaboren las nuevas propuestas que sean efectivas y que verdaderamente mejoren las condiciones de seguridad en nuestro país”, comentó Fernando Herrera, coordinador de los senadores del PAN.
A partir de que el presidente Enrique Peña Nieto tomó protesta como presidente de la República, la Secretaría de Gobernación asumió las responsabilidades de la seguridad pública y la seguridad nacional.
En el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de Seguridad Pública era una de las dependencias más poderosas, pues era la encargada de ejecutar toda la política de seguridad del sexenio calderonista.
Su titular, Genaro García Luna, fue considerado uno de los secretarios de Estado más poderosos del sexenio pasado.
Por su parte, se prevé que el Gobierno federal presente iniciativas para utilizar más recursos tecnológicos que permitan tener mayor vigilancia sobre internos de alta peligrosidad.
El endurecimiento de medidas al interior de los penales reavivará el debate sobre los derechos humanos que el secretario de Gobernación puso sobre la mesa.
Angélica de la Peña, senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, salió al paso de las declaraciones de Osorio y señaló que el del funcionario es un argumento sin sustento.
“El verdadero punto ciego es la incapacidad del gobierno que no vio decenas de camiones que cada día llevaban y sacaban materiales a una casa con una gran bodega construyéndose en un monte despoblado donde se podía ver perfectamente el reclusorio de máxima seguridad del Altiplano y viceversa.
“En un Estado de Derecho es inadmisible que se argumente que la protección de los derechos humanos de las personas internadas en centros de privación de libertad propició la evasión de alta peligrosidad”, sostuvo De la Peña.
Será hasta septiembre próximo cuando las modificaciones a la ley puedan trabajarse en el Congreso de la Unión, una vez que comiencen las labores de la LXIII Legislatura.
Derechos humanos y educación, prioridad
En el Congreso de la Unión se han impulsado un total de 23 iniciativas relacionadas con temas del sistema penitenciario, pero son muy pocas las que están relacionadas con la seguridad en los penales o combatir la corrupción en su interior.
La mayor parte de ellas se refieren a temas de respeto a los derechos humanos de los internos, su educación, acceso a la cultura y su reinserción social.
Una de las pocas que tienen que ver con cuestiones de seguridad es la iniciativa presentada por Guillermo Anaya Llamas, diputado del PAN y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien propuso que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario pidiera un informe semestral sobre el resultado del monitoreo en aparatos de tecnología para la seguridad.
Entre los resultados que debían ser presentados está el monitoreo de equipos que permitan anular o bloquear señales de telefonía celular, de radiocomunicación, de transmisión de voz, datos o imagen en el perímetro de centros de readaptación social.
Esta iniciativa fue presentada el 30 de abril del 2014; fue aprobada por la Cámara baja y está pendiente de revisión en las comisiones del Senado.
Otra iniciativa relacionada con cuestiones de seguridad es la presentada por los senadores priistas Blanca Alcalá y Miguel Ángel Chico, en septiembre del 2013.
Esta iniciativa buscaba evitar que los concesionarios de telecomunicaciones instalen antenas repetidoras de señal en lugares cercanos a los centros penitenciarios. En comisiones, fue rechazada.
Una de las pocas iniciativas sobre el tema que se aprobó fue la de Ricardo Monreal.
En una que presentó en diciembre del 2012, fue aprobada e incluso ya se encuentra promulgada, Monreal pidió facultar a la CNDH para hacer un diagnóstico anual sobre la situación de los centros penitenciarios en el país y trabajar para la “elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria que garanticen la protección de los derechos humanos de los presos”.
En diciembre del 2014, la hoy procuradora Arely Gómez González –que entonces era senadora del PRI-, junto a otras legisladoras del tricolor, propusieron que incluso se eliminaran los términos “reo” y “delincuente”. La iniciativa está pendiente en comisiones.
René Fujiwara, diputado por Nueva Alianza y nieto de Elba Esther Gordillo –presa desde el 2013- presentó una iniciativa para crear espacios apropiados para que las mujeres con hijos menores de seis años puedan tenerlos a su cuidado en prisión.
Fue aprobada por la Cámara de Diputados y quedó pendiente en comisiones del Senado.
Una iniciativa presentada en diciembre del 2013 por Alejandro Moreno Cárdenas, diputado con licencia y hoy gobernador electo de Campeche, pretende que los gobiernos suscriban acuerdos con las universidades públicas para que tengan acceso a estudios universitarios y puedan titularse.
Los diputados de la Comisión del Deporte impulsaron una iniciativa para que las actividades deportivas sean introducidas entre las prioridades de la reinserción social de los presos.
Otras iniciativas tienen que ver con la obligatoriedad de los presos para trabajar en industrias dentro de las prisiones; o garantizar la calidad de los servicios médicos al interior de los centros de reclusión.