En defensa del agua

La lucha por la defensa del agua en Jalisco inició su camino jurídico. Las comunidades de Temacapulín, Juanacatlán y El Salto interpusieron un amparo colectivo para dejar sin efecto el Decreto de la reserva de la Región Hidrológica 12, que corresponde a las aguas del Lerma Santiago, el cual fue firmado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Reporte Indigo ya había dado cuenta de la importancia del agua de esta entidad. Pues aún cuando la región hidrológica atraviesa estados como Aguascalientes, Nayarit y Zacatecas, al estado de Jalisco le corresponde la tercera parte de la reserva contemplada en el documento firmado por el Ejecutivo federal.

De los 307 mil 580 millones de metros cúbicos anuales de agua que registra el decreto, 106 mil 450 millones corresponden con las delimitaciones del recurso hídrico en esta entidad. Dichas reservas afectarían a cerca de 19 ríos, tan sólo en lo mencionado de la región 12.

El que estas comunidades hayan decidido de forma comunal el sumarse a las interposiciones de amparos colectivos en contra de los decretos se aprobó en asambleas. Ya que especialmente se estaría afectando al Río Verde, en el caso de Temacapulín, y al Río Santiago, en los casos de Juanacatlán y El Salto.

Los beneficiarios

En entrevista con Reporte Indigo, María González Valencia, coordinadora del área de acción para la defensa del territorio en el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (Imdec), se pregunta quiénes son los verdaderos usuarios a los que está destinado el decreto y los intereses que se han generado a nivel industrial con respecto al tema del agua.

María González explica que la industrialización, la agroindustria y la especulación inmobiliaria son algunos de los pilares privados que sostienen el uso del agua con estos decretos de reserva.

“La región centro occidente es fundamental en el tema del agua. Primero porque aquí se está desarrollando toda esta idea del desarrollo económico. Pero que está muy centrado en la especulación inmobiliaria, todo el tema de gentrificación y el crecimiento de la ciudades, de la región.

Pero también todo el tema de industrialización y de transformación del territorio de occidente para la industria, de distintos giros. Pero fundamentalmente de la industria electrónica y automotriz en toda la parte del Bajío. Por eso no es casual que esta zona del país tenga tres decretos que le afectan”, acentuó González Valencia.

Los amparos incluirían varias argumentaciones legales para darle un sustento legal al rechazo de las medidas de agua. Entre los argumentos, González Valencia señalaba la posibilidad de establecer criterios sobre la insuficiencia en la calidad de las mediciones, lo obsoleto de las normas sobre las mediciones y el no proceso de consulta.

Otro de los argumentos importantes en torno a esta denuncia es el favoritismo que los decretos implican para la utilización del agua en beneficio de las empresas de tecnología y agroindustria, mismas que han destruido ecosistemas como en el caso del Río Santiago, con las descargas desmedidas de los corredores industriales en El Salto.

La activista del Imdec señala que, por ejemplo, en el caso del Río Santiago era muy delicado el hecho de que con tan altos índices de contaminación fuera contemplado como agua de reserva para los usos en los decretos, cuando la realidad es que las autoridades en un inicio debían emprender acciones de saneamiento.

“Un río que está prácticamente muerto, tú le quitas el decreto de veda y lo abres a las concesiones, lo que estás haciendo es no atender el derecho humano al saneamiento, la salud y el derecho humano al agua de esas comunidades primeras”, explicó María González.

En ese sentido está argumentado el recurso que se interpuso por Instituto de Vida, A.C., con pobladores de Juanacatlán y El Salto, donde se señala que se pondrá en mayor riesgo la calidad del agua, la degradación de los ecosistemas y el derecho a la salud de quienes habitan en las inmediaciones del Río Santiago.

“Si con los decretos de veda la CONAGUA no cumplió con su obligación de inspeccionar, monitorear, sancionar y sanear de manera integral el Río Santiago, menos lo hará con el presente Decreto de Reserva que abre la puerta a otros usos del agua y a mayores concesiones, que agravarían la calidad y la disponibilidad de la cuenca de un río contaminado, sobreexplotado y sobreconcesionado”, se lee en el amparo.

De acuerdo con la información de las organizaciones que se han involucrado en el tema, los recursos legales se interpusieron ante los Juzgados de Distrito del Tercer Distrito Judicial con sede en Zapopan.

El amparo interpuesto por la comunidad de Temacapulín se hizo a través de la Asociación Civil Salvemos Temaca y algunos otros pobladores del mismo, bajo el argumento de que dicho decreto agudiza el conflicto que actualmente atraviesa la comunidad en lo concerniente el proyecto de la presa y el acueducto El Zapotillo.

“Provocará la agudización del conflicto social entre los usuarios de la cuenca al liberar agua que estaba totalmente protegida y abrirla a nuevas concesiones, fortaleciendo a las constructoras del Zapotillo y poniendo en mayor riesgo el derecho al agua, a la alimentación y al medio ambiente sano de las poblaciones campesinas y productoras que habitamos y vivimos del agua del Río Verde”, se lee en las justificaciones del amparo.

Uno de los vacíos legales que se ha detectado en los decretos presidenciales de reserva de agua, con énfasis en las actividades alrededor del Río Verde, ha sido que no contemplan en los usos el derecho a la soberanía alimentaria, cuestión crucial para la agricultura en mediana escala y los pequeños productores, pues en los márgenes de este afluente se encuentra principalmente la producción de alimentos de campesinos y productores de frutas y verduras de Los Altos de Jalisco.