La andanada de ataques en contra de las instituciones y organismos públicos por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, retomó fuerza.
A través de una iniciativa con proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo federal al Congreso de la Unión, el primer mandatario del país ahora busca desaparecer 18 organismos e integrarlos a las diversas secretarías de Estado.
De acuerdo con la iniciativa dada a conocer el 18 de abril pasado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, estas modificaciones tienen por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF) con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente.
“La concentración de funciones de los órganos de la APF, además de optimizar recursos y facultades, permitirá formular e implementar políticas públicas alineadas, coherentes y capaces de advertir las demandas y necesidades de la sociedad mexicana en su complejidad”, asegura la propuesta.
Diputados de Morena desisten de aprobar en este periodo la iniciativa de AMLO que incluía 18 organismos públicos desconcentrados y descentralizados – entre ellos INAPESCA- que se pudieran fusionar con base en criterios de austeridad republicana y simplificación administrativa. pic.twitter.com/9kftFFVaeV
— Más Noticias Pesqueras (@NotiPesca) April 26, 2023
Los otros motivos
A pesar de asegurar que la desaparición de los organismos públicos se debe a la necesidad de aumentar la austeridad republicana y el combate a la corrupción, Aramis Augusto, internacionalista del Colmex y maestro en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Tel Aviv, opina que hay otros motivos de fondo.
“La justificación es la austeridad y el combate a la corrupción, pero los motivos reales considero que son buscar centralizar el poder y acabar con los organismos que se caracterizan por tener cierto nivel de autonomía y por ser técnicos, es decir, por no responder a criterios políticos o ideologías”.
El experto en la materia, también explica que el argumento de que la centralización del poder hace más eficiente el funcionamiento del Estado es falso.
“Esta idea de centralización va en contra de tendencias internacionales. Muchas personas creen que este sistema es más eficiente porque solo una persona toma decisiones, sin embargo, sucede todo lo contrario: se genera parálisis porque todo se concentra en una instancia Ejecutiva y cuando no puede tomar decisiones todo se detiene”.
📌🖋 “Los organismos garantes se han convertido en baluartes para todo aquel que quiera saber sobre el ejercicio de los recursos públicos y garantizar la protección de los datos personales”, escribe la comisionada @JosefinaRomanV en @ElFinanciero_Mx
📰https://t.co/SeeW7mvr22 pic.twitter.com/KkTQXK7CPb
— INAI (@INAImexico) April 25, 2023
Sin riesgo para México
Aramis Augusto, internacionalista del Colmex y maestro en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Tel Aviv, considera que la cantidad de recursos que se le otorgan a estos organismos públicos realmente no afectan de manera significativa el quehacer del Gobierno federal.
“Estos organismos que el presidente acusa que son muy caros, pues en realidad no lo son tanto si tomas en cuenta sus funciones, incluso muchas veces se quedan cortos de recursos.
“En términos absolutos, por supuesto que su costo es de varios millones de pesos, sin embargo, en términos relativos, son costos mínimos comparados con el Presupuesto Federal.
“Los recursos que se les dan a estos organismos no representan ningún peligro para las principales responsabilidades del Estado como lo son la salud, la seguridad o la educación, las deficiencias en estos temas, en realidad se deben a otros factores”, dice.
Manifestantes que integran el @SITIMTA bloquean accesos a la @Mx_Diputados ante la posible discusión de la reforma que desaparece organismos públicos y desconcentrados…. 👇👇 pic.twitter.com/HLOPtYAidY
— Isabel Uribe (@Isa_Uribe) April 25, 2023
Alzan la voz
A través de Iniciativa Manifiesta, un grupo ciudadano conformado por 22 redes, fundaciones de la sociedad civil que protegen y defienden el espacio ciudadano, y otras 500 organizaciones, alertaron sobre las consecuencias que tendría la aprobación de la ley.
En un comunicado, estas organizaciones de la sociedad civil, aseguran que la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal para desaparecer a 18 organismos públicos contradice el marco constitucional, pues afecta el principio pro persona, el interés superior de la niñez y la búsqueda de la igualdad de género.
“No hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar este recorte institucional, por el contrario, estos organismos son responsables de poblaciones ampliamente vulneradas y por ningún motivo deben fusionarse ni desaparecer, pues ello vulnera la autonomía e independencia con la que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables y disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles”, se lee en el documento dado a conocer en redes sociales.
De acuerdo con Iniciativa Manifiesta, la propuesta legislativa representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población y se crearon respondiendo a compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
“Poner en riesgo la existencia y el funcionamiento de estos organismos anularía muchos procesos de la democracia participativa por los cuales miles de organizaciones ciudadanas y personas han luchado por décadas; las organizaciones civiles de muchos de estos organismos siguen trabajando por estos grupos de población y temas centrales asumiendo responsabilidades que le tocan a las instituciones públicas”.
Destruir el pasado
Muchas personas que hoy son legisladores y funcionarios federales, lucharon en años anteriores por la creación y el desarrollo de estas instituciones conscientes del gran valor social que generan, asegura Iniciativa Manifiesta.
“Lucharon por la igualdad de derechos de las niñas y contra sus violencias, por el derecho al refugio de personas en peligro de muerte o por mejorar la gravísima situación de las y los jóvenes.
“Por eso dichos organismos fueron aprobados por consensos partidistas y con amplia participación ciudadana, en cumplimiento de obligaciones legales de derechos humanos del Estado mexicano”.
⚠️Las reformas que recortan indiscriminadamente diversos organismos públicos violentan el marco constitucional con repercusiones muy nocivas para el Estado de derecho. Así lo expresa la @BMA_Abogados a través de este pronunciamiento! @oleavabogado @Mx_Diputados @senadomexicano pic.twitter.com/9r3BhSvXj7
— Enrique Rodríguez (@jenroma27) April 25, 2023
En este sentido, Aramis Augusto, internacionalista del Colmex y maestro en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad de Tel Aviv, también advierte que en un futuro, si se aprueba esta iniciativa, quien sufrirá las consecuencias es el próximo gobierno, pues aunque se quisieran volver a crear, el proceso sería mucho más complicado.
“El problema real de estas decisiones lo sufrirá el próximo gobierno, pues estará más limitado en sus capacidades por un discurso falso de austeridad de la actual administración.
“Y si en algún momento se quieren volver a crear estos organismos, va a ser mucho más difícil tanto política como presupuestalmente y también en términos de profesionalización de personal”.
Continuidad al proyecto de nación
De acuerdo con a iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de eliminar 18 organismos públicos tiene también el objetivo de dar continuidad a otras iniciativas que se aprobaron en el pasado en relación a la Administración Pública Federal.
“A cuatro años transcurridos de este sexenio, se presenta esta iniciativa que pretende continuar la transformación administrativa que extinguió 155 fideicomisos y que ahora fusiona, integra o extingue 18 instancias por duplicación de funciones o por notoria inoperancia: siete organismos desconcentrados, ocho organismos centralizados, un fideicomiso y dos unidades administrativas”, se lee en el documento que deberá analizar la Cámara de Diputados antes de turnarlo al Senado.
De acuerdo con la iniciativa hasta ahora se han aprobado tres iniciativas de ley que modifican de manera importante a la APF:
La primera, el 30 de noviembre de 2018, cuando se realizaron adecuaciones a la estructura orgánica del Gobierno de México y se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se modificaron facultades respecto de los nombramientos de responsables jurídicos y de administración y finanzas de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
La segunda, el 2 de abril de 2020, cuando se extinguieron 109 fideicomisos públicos, mandatos públicos y análogos.
Y la tercera, el 6 de noviembre de 2020, cuando se eliminaron 44 fideicomisos y se dio continuidad a cuatro fondos.
De igual manera, se encuentran pendientes de discusión en el Congreso de la Unión dos iniciativas de relevancia para la Administración Pública Federal.
Una, propuesta el 13 de diciembre de 2022, busca expedir una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación y modificar el modelo de organización de la investigación pública en México y su financiamiento.
La otra es la del 28 de marzo de 2023, la cual propone adecuaciones a distintas figuras dirigidas a fortalecer la actuación del Estado.
