En México los derechos de las audiencias y la libertad de expresión se encuentran amenazados por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría poner fin a la radio y televisión tal y como las conocemos al obligar a los concesionarios a diferenciar sus contenidos informativos de los de opinión.
Debido a esto, el día de ayer representantes de los medios de comunicación, del Congreso de la Unión y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se reunieron para alzar la voz y defender la libertad de expresión.
El proyecto de inconstitucionalidad fue presentado por el ministro González Alcántara Carrancá quien trabajó para el régimen de José López Portillo en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía
El fallo de la Suprema Corte, que ya fue avalado por la Primera y Segunda Sala, tiene cuatro puntos que podrían afectar la libertad de expresión al pretender que los medios sean regulados e incluso sancionados por un órgano del Estado.
Además de la diferenciación entre información y opinión e noticiarios, programas de deportes y de entretenimiento, la Corte busca que todas las estaciones de radio y canales de televisión cuenten con un código de ética avalado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que en cada programa haya defensores de las audiencias nombrados por el mismo Estado.
En caso de violación, habría multas económicas tanto a los programas como a los comunicadores, e inclusive la suspensión de transmisiones.
“No nos pueden poner un formato que limite nuestra libertad de expresión. El hecho de que nos regulen y nos pongan defensores de audiencias autorizados por el Estado y que nos impongan también códigos autorizados por el Estado es una limitación a nuestra libertad de expresión.
“Lo pondré en otros términos, cualquier tipo de regulación a los medios de comunicación es censura”
García Herrera recordó que el proyecto en la Corte fue presentado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá bajo el argumento de “defensa de las audiencias”, cuando es todo lo contrario.
“En realidad pretende negarles el derecho a estar debidamente informadas y pretender censura oficial sobre toda la radio y televisión mexicana. El ministro ha ventilado que trabajó para el régimen de (José) López Portillo en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía y en la Productora Nacional de Radio y Televisión. Su función en aquella época era censurar a los medios, ¿a esa época queremos regresar?”, cuestionó.
Un poco de historia de derechos de las audiencias y libertad de expresión
En 2017 el Centro de Litigio Estratégico para la Defensa de los Derechos Humanos se inconformó por las reformas de ese año a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que eliminaban aspectos que servían para proteger a las audiencias.
Antes de la reforma, la ley obligaba a los concesionarios a diferenciar entre información noticiosa y opinión. El argumento de la Corte fue que la reforma representó un retroceso en los derechos de las audiencias, ya que los cambios sólo pueden ser para aumentar derechos, no para eliminarlos.
Después del aval en la Primera y Segunda Sala de la SCJN se prevé que a inicios de marzo el pleno de la Corte analice las acciones de inconstitucionalidad 150/2017 y 153/2017 de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión
Debido a esto la CIRT busca reunirse con los ministros de la Corte para hacerles ver las afectaciones que traería regresar a las ley de antes de la reforma.
En caso de que la decisión de la Corte no sea favorable para los medios de comunicación, José Antonio García dijo que acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales.
“No queremos regresar a los tiempos de Echeverría y López Portillo en los que desde la Presidencia se controlaba a la radio y a la televisión. De continuar este curso de acción no tengan dudas de que acudiremos a instancias internacionales para denunciar el manto censor y ominoso con que algunos intentan cubrir a nuestro país.
“Vamos a proteger el derecho de los mexicanos para que la información que decidan ver y oír sea libre de censura y sin avales gubernamentales. A mediados de marzo analizarán el proceso de inconstitucionalidad, si el pleno le corrige la plana a las salas estaremos más tranquilos”, agregó.
De ser aprobada la sentencia, el Congreso de la Unión contará con 60 días para reformar la LFTR y restablecer las atribuciones al IFT.
Dan la espalda medios públicos
Durante el evento de defensa de los medios de comunicación no acudieron representantes de los medios públicos nacionales pese a que la decisión de la Corte también les afectaría.
Al respecto, García Herrera, presidente de la CIRT, lamentó que incluso estos respaldaron la decisión de la SCJN.
“Seguramente reciben órdenes, son subordinados del Estado. Que quede claro, son subordinados del Estado, nosotros somos medios independientes”, acusó.
El presidente de la CIRT aclaró que la decisión de la Corte atenta en contra de la libertad de expresión y por ende a la democracia del país, por lo que es de vital importancia unir fuerzas.
Durante el fin de semana los medios públicos declinaron participar en el evento de la CIRT luego de que el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamil, considerara que la resolución de la Corte no afectaba la libertad de expresión ni ponía en riesgo a los medios públicos.
“Nosotros celebramos que el máximo tribunal privilegie los derechos de las audiencias de los medios de radiodifusión por encima de los intereses económicos, políticos o de otra índole.
“No afecta la libertad de expresión, por el contrario, ayuda a distinguir entre publicidad, opinión e información, y esto fortalece los derechos de las audiencias y las libertades no sólo de quienes dirigimos o encabezamos medios de comunicación, sino de todos: audiencias, medios, periodistas y conductores”, dijo Villamil.
