Legisladores emprendieron una defensa de los derechos humanos de los prestadores de servicio de transporte privado a través de plataformas digitales, conductores que han sido perseguidos por el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.
Se trata de un amparo colectivo y la solicitud de intervención de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL), que fueron interpuestos por las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la organización Ciudadano Empoderado.
De manera que en el Poder Legislativo aplicaciones como Uber, Didi y Cabify tendrían la simpatía de la mayoría de las bancadas para la creación de la nueva Ley de Movilidad.
Las diputadas panistas, Claudia Caballero e Itzel Castillo, solicitaron la intervención de la CEDHNL, a cargo de Sofía Velasco, para que se respeten los derechos humanos de los conductores. La Comisión informó que ya cuentan con una investigación y emitió medidas precautorias.
Por su parte, el senador emecista, Samuel García, y la diputada del mismo partido, Karina Barrón, así como la legisladora Ivonne Bustos, del PVEM, y el activista Pedro Alejo, acudieron al Poder Judicial, donde promovieron amparos a favor de las aplicaciones.
Esta defensa surge a partir de la “cacería” que emprendió desde el lunes 1 de julio, el director de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Noé Gerardo Chávez Montemayor, quien con elementos de Fuerza Civil aseguró cientos de vehículos que prestan este servicio y detuvo arbitrariamente a los choferes.
El activista de la organización Ciudadano Empoderado, Pedro Alejo, calificó la cacería del gobierno como infundada
Chávez Montemayor, acusado de fraude y conspiración en Nuevo León y Estados Unidos, aseguró que estos vehículos son ilegales. Tras la polémica, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón, ofreció el pasado 5 de julio una tregua a las aplicaciones.
Sin embargo, el activista de la organización Ciudadano Empoderado, Pedro Alejo, señaló que el recurso de amparo, firmado por 2 mil 500 conductores, fue interpuesto porque resulta infundada y arbitraria su detención.
2,500
“Ni la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, ni la Ley de la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de Nuevo León le otorgan facultades en ninguno de sus preceptos”, dice el amparo en poder de Reporte Índigo.
Abogan que no hay regulación del servicio y abusos a conductores
Al considerar que los operativos son un abuso a los choferes, la bancada del PAN en el Congreso local reconoció que no existe una ley o reglamento que prohiba operar en el área metropolitana a los prestadores de servicio de transporte privado, a través plataformas digitales.
Las legisladoras locales panistas, Claudia Caballero e Itzel Castillo, entregaron un escrito dirigido a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que investigue el decomiso de autos.
“Actualmente no existe ninguna regulación ni prohibición para que los trabajadores de las plataformas digitales puedan operar, por lo que el actuar del Gobierno del Estado se encuentra fuera de la ley.
Además de que va en contra de los derechos humanos, ya que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”, dice el oficio en poder de Reporte Índigo.
Desde el 3 de julio, los diputados panistas, Claudia Caballero y Jesús Nava, anunciaron que presentarían un exhorto para que el gobierno cese los operativos mientras el Congreso discute la Ley de Movilidad.
Algunos legisladores locales del PAN también se reunieron en la AET con su titular, Noé Chávez, el mismo día. En esa fecha, la CEDH emitió una serie de medidas precautorias debido a una queja presentada el 2 de julio, pero ahora está en curso una prórroga solicitada por Chávez Montemayor que vence el 12 de julio.
El senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, aseguró que los conductores no pueden ser tratados como los de un taxi convencional, y mucho menos en una ley.
“No pueden tratar de la misma forma al taxi y a las plataformas digitales de transporte, por muchas razones. La principal es que una es regulada por el servicio público y otro por el servicio privado y no podemos a un Uber imponer concesiones, cuotas, permisos, registros, como si fuera un taxi, aunado a que no existe ninguna ley o reglamento”, aseguró el senador emecista.
Por su parte, al presentar los juicios de amparo contra la cacería de conductores de plataformas digitales, la diputada de Movimiento Ciudadano, Karina Barrón, reveló que han recibido amenazas.
“Nosotros no nos vamos a dejar amedrentar, no vamos a permitir que no se les deje trabajar a los conductores honradamente para llevar el sustento a su hogar y vemos que el actuar del Gobierno del Estado es infundado y arbitrario, porque en ningún ordenamiento viene la facultad para retener los vehículos”, dijo la legisladora.
