Colima se ha convertido en uno de los epicentros de la violencia criminal en México, superando el centenar de homicidios durante los primeros meses del año. Lejos de poder ofrecer resultados alentadores, las autoridades locales, lideradas por la gobernadora Indira Vizcaíno, han recurrido a justificaciones como “se matan entre ellos” y “recibimos un estado con deterioro en seguridad y endeudado”.
Estas declaraciones de la morenista sumadas a la crisis de inseguridad, le valieron ser calificada en el último lugar de los gobernadores con mayor percepción de inseguridad, obteniendo un 64.5 por ciento, de acuerdo con la encuesta elaborada por Massive Caller.
En el informe mensual presentado por el Gabinete de Seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 17 de marzo, Colima presentó un total de 118 homicidios dolosos apenas entre enero y febrero de 2022. Para la última semana de marzo, la Fiscalía General del Estado registró otros 66 asesinatos más.
Colima comparte linderos con dos de los seis estados que concentran el 50 por ciento de los homicidios registrados durante el primer bimestre del año: Michoacán y Jalisco
Si los índices delictivos de la entidad son preocupantes por sí solos, cobran un matiz alarmante al tomar en cuenta que Colima hace frontera con dos de los seis estados que concentran el 50 por ciento de los homicidios registrados durante el primer bimestre del año. Con 484, Michoacán ocupó el primer lugar nacional y Jalisco se posicionó quinto, con 315.
Tan solo entre estos tres estados, la Secretaría de la Defensa Nacional ha desplegado alrededor de cuatro mil 550 efectivos, principalmente para resguardar los municipios de sus zonas limítrofes. Si bien la mayoría, más de tres mil, están asignados a Michoacán, para la última semana de marzo arribaron 950 elementos a Colima.
Autoridades de Colima se deslindan del problema
Con estas cifras, tanto el fiscal general Bryant Alejandro García Ramírez como Gustavo Adrián Joya Cervera, vocero de la mesa de coordinación estatal para la #Seguridad construcción de paz designado por la gobernadora, han optado por señalar que los asesinatos ocurren entre miembros de las bandas del crimen organizado.
“En su mayoría, estas víctimas tienen relación directa con la delincuencia. No tenemos en el estado víctimas colaterales derivadas de los enfrentamientos entre bandas criminales”, declaró Joya, en entrevista el martes 29, asegurando que se revisaron los antecedentes y circunstancias personales de los asesinados para llegar a dicha conclusión.
El comentario del portavoz de la mesa de coordinación parece ser la postura oficial de las autoridades colimenses. Una semana antes, el 22 de marzo, el fiscal García hizo una declaración prácticamente idéntica tras una jornada violenta que dejó tres muertos y dos heridos en solo 24 horas, con lo que el estado acumuló un total de 184 homicidios durante el año.
“Prácticamente todos tienen antecedentes por narcomenudeo, asociación delictuosa, delincuencia organizada y están ligados, en algunos casos, a grupos delictivos que están plenamente identificados. Estamos por determinar, en algunos casos, su pertenencia a través de familiares o directamente”, dijo en conferencia de prensa.
La versión oficial genera poco alivio, siendo que, de los casi dos centenares de homicidios en menos de tres meses, el fiscal García reconoció que apenas se había detenido a cuatro presuntos involucrados. Aunque se mantienen investigaciones en torno a otras personas por las que se podrían solicitar órdenes de aprehensión.
La crisis estalló aún después de que la gobernadora Vizcaíno recibió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador para implementar un plan de seguridad y bienestar en el estado desde noviembre de 2021, el cual incluyó traspasar la administración del puerto de Manzanillo a la Marina y desplegar más de dos mil 300 elementos de la Guardia Nacional.
Esta nueva oleada de violencia supera los dos meses de duración, pues inició el 25 de enero con el enfrentamiento entre células del Cártel Jalisco Nueva Generación y la banda de Los Mezcales al interior del Centro de Reinserción Social de Colima, hecho en el que murieron nueve reclusos y siete más resultaron heridos.
Aunque las autoridades de Colima insisten en que no hay ‘daños colaterales’ por la nueva oleada de violencia; las afectaciones económicas y la alteración de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad capital comienzan a ser notables
‘Pagan’ comercios
Aunque las autoridades estatales se amparan en el argumento de que no hay víctimas colaterales por la violencia, esto no es del todo cierto. Pues la economía de pequeños comerciantes en zonas afectadas por la oleada de enfrentamientos se ha visto afectada severamente durante estos meses.
Mario Baeza, presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Colima y Calles Aledañas, denunció en medios locales que los enfrentamientos entre grupos criminales ha significado pérdidas de entre el 60 y el 70 por ciento por baja de ventas y, advirtió, esta tendencia podría continuar si no se frena la violencia.
La misma ciudadanía ha modificado su forma de vida en la zona conurbada de Colima capital y Villa de Álvarez, los municipios más afectados por los enfrentamientos entre los grupos criminales. Algo que las autoridades municipales han reconocido, pero restan importancia argumentando que “hacen su vida cotidiana”.
Como se ha constatado en medios locales y nacionales, los habitantes de la capital estatal han optado por un toque de queda autoimpuesto antes de la puesta del sol que deja las calles del centro prácticamente vacías y los comercios advierten que modificaron sus horarios laborales para evitar trabajar de noche.
