La desaparición en México no discrimina: ataca a las diferentes regiones del país sin importar el gobierno en turno.
Cuatro estados del país, cada uno encabezado por un partido político diferente, concentran más del 50 por ciento del total de los reportes de personas desaparecidas del 1 de diciembre de 2018 al 13 de julio de 2020.
En 2019, primer año del gobierno de AMLO desaparecieron 7 mil 350 personas; es el segundo periodo con más casos de desaparición solo por debajo de 2017
De acuerdo con el informe Búsqueda, identificación y registro de personas, elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda, con corte al lunes 13 de julio, el Estado de México, históricamente gobernado por el PRI y una de las entidades más pobladas, concentra el 18.07 por ciento de los reportes (3 mil 867 desaparecidos).
Mientras que Jalisco, cuya administración pertenece a Movimiento Ciudadano, tiene el 15.11 por ciento (3 mil 234); Tamaulipas, a cargo del PAN, el 9.90 por ciento (2 mil 119); y Veracruz, donde ganó Morena, el 9.70 por ciento (2 mil 075).
Esas entidades suman el 52.78 por ciento del total de los reportes, tres comisiones de búsqueda de estos sitios recibieron subsidios en este 2020, de acuerdo con el documento.
Es el caso de Tamaulipas, Jalisco y Veracruz, entidades a las que se les entregaron 18, 17.2 y 13.4 millones de pesos respectivamente en este año.
A los gobiernos estatales también se les transfirieron recursos federales a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
De acuerdo con el Mecanismo de Evaluación y Transparencia de dicho fondo, en 2019 se destinaron 52.2 millones de pesos para la búsqueda de personas; sin embargo, pese a la crisis en esta materia, hubo un subejercicio de 13 millones de pesos.
Inicio complicado
El informe Búsqueda, identificación y registro de personas revela que en el primer año del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los más complicados en esta materia debido a que se rebasó la cifra de las 7 mil personas reportadas como desaparecidas.
Cifra que solamente había sido superada en 2017, aún en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, con 7 mil 910 personas no localizadas. Antes de eso, las cifras no pasaban el techo de los 5 mil 880 casos de desaparición, según las cifras citadas en el documento.
Aunque en este 2020 las cifras disminuyeron y de enero al 13 de julio pasado se registraron 2 mil 394 reportes –tomando en cuenta las reglas de confinamiento por la pandemia del COVID-19–, todavía no se puede cantar victoria. Aún hay un largo camino por recorrer, aclaran activistas y organizaciones de familiares de personas ausentes.
“Hace falta desmontar las redes de más criminalidad, hay un problema de violencia ya muy arraigado. Ya tenemos desde 2006 o más, unos 14 años con una misma tónica de violencia e inseguridad, de impunidad”, dice Lucy Díaz, fundadora del Colectivo Solecito, en Veracruz.
La activista menciona que deben realizarse acciones dirigidas a las corporaciones para sanearlas y poner filtros para detectar a los buenos o malos elementos en los cargos de mando, ya que muchos de ellos han sido señalados por malas prácticas o falta de resultados y siguen en sus puestos.
Díaz, quien ha buscado en fosas clandestinas a su hijo desaparecido en compañía de otras madres que se encuentran en la misma situación, expresa en el caso específico de Veracruz, la relación con el actual gobierno encabezado por el morenista Cuitláhuac García mejoró, pues tanto la Comisión de Búsqueda como la Comisión de Víctimas ya cuentan con presupuesto.
Sin embargo, en la entidad aún continúan los casos de desaparición y los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas, actos que se atribuyen al crimen organizado que opera en la zona.
“No es solamente Veracruz, es todo México que tiene el mismo problema. Podemos hablar de la misma situación, porque se desató toda esta violencia a partir del 2006 y es imparable. Es el daño al tejido social y es difícil de resarcir, en esos casos pues sabemos que va a tomar tiempo”, menciona.
Colectivos: pieza clave en casos de desaparición
En México, el trabajo que realizan los colectivos es fundamental para abrir camino en la búsqueda de las personas desaparecidas. Su origen se debe a la omisión de las autoridades en esta materia.
Activistas mencionan que a pesar de que el Gobierno federal actual admite la gravedad de esta problemática, tiene también el reto de combatirla e implementar el Estado de derecho.
Hay avances, pero del trabajo de las familias. Lo que sí le reconocemos es que ya sea un tema de la mayor importancia en la agenda ejecutiva que no se daba ni se mencionaba antes
“Si bien sabemos que no hay los avances que quisiéramos, podemos reconocer que el camino está empezando, porque al menos ellos lo están diciendo con todas sus letras. Anteriormente ninguno de los dos gobiernos que tuvimos lo reconocieron”, agrega Lucy Díaz.
Hasta marzo pasado, el Colectivo Solecito realizaba trabajos de búsqueda en el predio de Arbolillo de Alvarado, en Veracruz, pero por ahora los trabajos de campo se encuentran suspendidos. Sin embargo, siguen laborando en actividades de escritorio para volver una vez terminada la pandemia del COVID-19.
Entidades en crisis
A demás de ser los estados del país con más reportes de personas desaparecidas, el Estado de México, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz enfrentan otras crisis de derechos humanos que agravan la situación.
El Estado de México, por ejemplo, también registra un alto índice en el delito de feminicidio. Incluso, la problemática es tan grave que fue la primera entidad del país en decretar la Alerta de Género en 11 de sus 125 municipios en 2015.
Mientras que Veracruz es el estado con más fosas clandestinas, con 173 halladas desde el 1 de diciembre de 2018; y Jalisco registra la mayor cantidad de cuerpos exhumados en fosas ilegales, con 487
En tanto, Tamaulipas es considerada una de las entidades más violentas del país debido a las pugnas entre cárteles.
