Empresas que alquilan vientres, el boom de los ‘bebés prometidos’

Empresas y reclutadores ofrecen hasta casi medio millón de pesos a mujeres fértiles de bajos recursos para que alquilen su vientre a particulares. A nivel nacional no existe una ley sobre reproducción asistida, lo que ha generado violaciones a los derechos humanos de las mujeres gestantes y reaviva el debate sobre su regulación
Daniel Flores, Jesús Padilla y Luis Herrera Daniel Flores, Jesús Padilla y Luis Herrera Publicado el
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Hasta 350 mil pesos ofrecen empresas y reclutadores a mujeres que acceden a rentar su vientre por nueve meses. La mayoría de ellas cumplen una condición: provienen de sectores de bajos recursos y tienen menos de 36 años.

Se trata de una red de corporativos dedicados exclusivamente a la gestación subrogada. Para ello, publican diversas ofertas en redes sociales para enganchar a mujeres fértiles que acepten ser madres y, por medio de un contrato, cedan a su hijo a particulares una vez que den a luz.

La práctica conocida como “renta de úteros” o “gestación por contrato” vive un boom a nivel nacional debido a que no existe una ley específica que regule esta actividad en la República mexicana.

Solo en los estados de Tabasco y Sinaloa ha sido legislada esta práctica, mientras que el resto de las entidades federativas divaga en el limbo, pues no está explícitamente prohibidos estos procedimientos.

Reporte Índigo tuvo acceso a varios casos de madres gestantes que celebraron un contrato con este tipo de empresas y vivieron una mala experiencia en el proceso o, en el peor de los casos, no recibieron la retribución económica que les prometieron.

Tal fue el caso de la usuaria “Tory Lb”, quien se sometió a un procedimiento de renta de vientres por la agencia Ovodonors, la cual, asegura, incumplió con los pagos que había prometido una vez iniciado el embarazo.

“A medida que avanzaba mi embarazo, me enfrenté a complicaciones y desafíos inesperados. A los 15 días de la transferencia, experimenté dolor y sangrado, lo que llevó a recomendaciones de reposo absoluto y la necesidad de renunciar a mi empleo”, precisa.

De acuerdo con la madre gestante, a pesar de las promesas de reembolso salarial y apoyo financiero, estos compromisos no se cumplieron de manera oportuna, lo que le generó secuelas a su salud.

“Durante el tercer mes, sufrí la ruptura del apéndice y resultó en una operación de emergencia. Una experiencia aterradora. A pesar de la gravedad, la agencia no me proporcionó ningún apoyo”.

El debate sobre su prohibición

Los vacíos legales y la falta de una ley nacional de gestación subrogada ha sido aprovechado por distintas empresas dedicadas al alquiler de vientres de mujeres para abrir operaciones en diferentes estados del país.

De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la ausencia de una regulación sobre reproducción asistida en México afecta las condiciones en las que se llevan a cabo estos contratos.

Al respecto, la diputada local del PRI en Nuevo León, Jessica Martínez, confirmó que existe la práctica del alquiler de vientres en el estado y destacó que, a falta de legislación específica al respecto, esta actividad no está prohibida en la región.

“Hace poco registramos a un niño de dos papás a través de un vientre subrogado, donde se hizo un contrato. Si se batalló mucho para registrar a la niña, unos ocho meses, pero se logró, sí se practica el alquiler del vientre”, dijo Martínez.

En cuanto a los costos asociados, la legisladora indicó que el registro de un niño nacido mediante la renta de un útero puede alcanzar hasta los 200 mil pesos. No obstante, detalló que existen opciones más accesibles.

“Como no es algo muy común, los notarios cobran mucho dinero. Creo que se tiene que trabajar para facilitar el registro de los niños, pues te piden cantidades exorbitantes para registrar el menor”.

Además, la legisladora advierte posibles consecuencias de prohibir la práctica del alquiler de vientres, argumentando que esto podría llevar a operaciones clandestinas en clínicas no reguladas, con tarifas más altas y potenciales abusos.

En los últimos años, el debate sobre el alquiler de vientres se ha centrado entre quienes consideran esto una práctica que viola los derechos humanos  y otros sectores que aseguran que si existe un marco regulatorio, se puede ofrecer una opción económica para las mujeres y una vía de ser padres a las parejas que no pueden tener hijos por alguna razón.

A la ‘caza’ de mujeres

La industria de gestación subrogada sigue en ascenso en México y, precisamente en los estados donde hay vía libre, la apertura de empresas medianas y grandes se ha disparado.

Reporte Índigo identificó al menos diez empresas dedicadas a captar, en su mayoría, a mujeres de bajos recursos en posibilidad de rentar sus vientres, bajo la promesa de un pago de cientos de miles de pesos y la cobertura de los gastos generados durante el embarazo.

Sinaloa es uno de los estados que permiten la maternidad subrogada de forma oficial. Esto siempre y cuando la pareja interesada acredite en su totalidad que físicamente no es apta para procrear de forma natural.

Y es justamente aquí donde empresas de este giro han florecido. Uno de estos casos es la empresa Serma, que se oferta como una agencia especializada de gestación subrogada en México, Estados Unidos y España.

De acuerdo con su portal, el precio que se cobra a las personas que desean ser papás por medio de estos procedimientos oscila hasta los 950 mil pesos, mientras que en Estados Unidos el costo asciende hasta los 72 mil dólares.

La empresa asegura contar con nueve años de experiencia y haber atendido 70 casos hasta el momento.

Se alquila vientres por 30 mil pesos

En Jalisco se vive el mismo fenómeno, aunque más precario: en la entidad pueden firmarse acuerdos entre las partes por pagos de 30 mil pesos, aunque todo fuera del marco legal por carecer de una legislación, así lo reveló la legisladora de Morena, Leticia Pérez Rodríguez.

La diputada precisa que debido a la complejidad del tema, el diseño de una legislación sobre la también llamada gestación subrogada requeriría previamente de un ejercicio de Parlamento Abierto, para recoger así las consideraciones de todos los actores que tienen conocimientos y experiencias al respecto.

“No se ha legislado, pero yo creo que sí es necesario regular porque sí se está realizando ese alquiler de vientres. Es complicado el tema porque se abordan muchas circunstancias, tanto de la persona que está alquilando su vientre, como de quienes van a ser los futuros padres”, dijo.

La legisladora, integrante de las Comisiones de Igualdad Sustantiva y de Género, así como de Asistencia Social, Familia y Niñez, señaló que ha llegado a tener conocimiento de “dos o tres” casos de esta naturaleza en Jalisco en los últimos años (el del pago pactado por 30 mil pesos habría ocurrido hace unos siete años).

Y confirma que se replican las tendencias existentes en otros puntos del país, como el hecho de que la mujer que accede a alquilar su vientre sea joven, y de un estrato socioeconómico bajo.

“Creo que es bueno (que se regule) porque les da oportunidad a quienes no pueden engendrar a hacerlo mediante ese alquiler, siento que tienen ese derecho quienes no puedan tener hijos, pero también hay que pensar en la otra parte: que les garanticen que estén bien psicológicamente, que no les vaya a traer consecuencias después”, asevera.

Las reclutadoras

En redes sociales, circulan folletos con la leyenda “Te gustaría ser gestante” en donde reclutadoras que se encuentran presuntamente adscritas a empresas de maternidad subrogada buscan convencer a mujeres de entre 20 a 36 años para que estén dispuestas a someterse a este procedimiento.

Los requisitos son vivir en el Estado y Ciudad de México y estar solteras. Aquí ofrecen 300 mil para un bebé y 350 mil para embarazo gemelar. También se promete apoyo para pasajes, acompañamiento psicológico y firma del contrato ante un notario público.

“Se agenda una cita en la clínica y se revisan los papeles que entregues. Después de la firma de tu contrato se hace una transferencia de cinco mil pesos. Tienes en total cinco intentos para quedar embarazada”, precisa el promocional que circula en varios grupos de subrogación, principalmente en Facebook.

Las mujeres que se dedican a conseguir este tipo de perfiles aseguran que una vez iniciado el proceso, se les depositarán mensualidades de 10 mil pesos.

El 50 por ciento de los 300 o 350 mil pesos se pagan una vez que se alivian y a los 20 días posteriores del parto se liquida el resto.

“Después tienes dos consultas más para valorarte y darte de alta”, afirma una de las reclutadoras en redes sociales.

El turismo internacional de gestación

Sobre este fenómeno en ascenso, Núria González López, autora del libro “Vientres de Alquiler: la Mala Gente” asegura que esta práctica no es otra cosa que la explotación reproductiva de las mujeres.

“Anteriormente, Ucrania era el país que exportaba más bebés, pero debido a la guerra, la industria de los bebés se ha visto afectada. Ahora, México está en el foco de atención, con ciudadanos ucranianos que buscan hacer negocios de este tipo en Tabasco y Sinaloa”,  sostiene.

La activista de los derechos de la mujer insiste que la renta de úteros es un crimen, pues se comercializan al mejor postor los bebés que se gestan en los vientres de las mujeres que aceptan un pago.

Además, agrega que los contratos y el reclutamiento que realizan las empresas dedicadas a la maternidad subrogada son antiéticos y antijurídicos, pues detalla que las mujeres son utilizadas como vientres de alquiler y no pueden tomar decisiones sobre su cuerpo en este proceso.

“Se capta a mujeres mediante engaños, tampoco hay una claridad en los montos que se pagan, hay muchos riesgos a la salud y hay un oscurantismo; técnicas de reproducción asistida y secuelas”.

El antecedente en la SCJN

El 6 de junio de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional prohibir a los extranjeros acceder a la maternidad subrogada, esto significó un fallo histórico en el país en esta materia.

La Corte estableció que, dado el desarrollo científico y tecnológico, es más adecuado regular que prohibir totalmente esta práctica, ya que una prohibición total conduciría a su continuación en la clandestinidad.

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