La esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien actualmente se encuentra preso, entregó entre el año 2011 y el 2016 más de 415 millones de pesos pertenecientes al DIF estatal, en contratos con 33 empresas fantasmas, reveló una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
La investigación, realizada a través de solicitudes de información, también dio a conocer que las 33 compañías fantasma pertenecen a una red más extensa de 400 empresas fachada más.
Entre esas firmas se encuentran las seis que la Fiscalía de Veracruz identificó para pedir la orden de aprehensión contra Karime Macías: Grupo Balcano SA de CV ; Prefraco SA de CV; Abastecedora Romcru SA de CV; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV; Ravsan Servicios Múltiples SA de CV; y ANZARA.
De las 33 empresas señaladas, el SAT ya investigó a 19 y concluyó que eran empresas inexistentes que simulaban operaciones.
Sin embargo, el nombre de Karime Macías no aparece en ninguno de los contratos firmados, ya que el puesto de presidenta del DIF es honorífico.
No obstante, la investigación de la Fiscalía de Veracruz consignada a un juez apunta a que ella presuntamente ordenaba y coordinaba los pagos a las empresas fantasma para desviar Los recursos públicos.
En el año 2011, el DIF de Veracruz otorgó a este grupo de empresas fachada 159 millones 527 mil pesos.
En 2012 desvió 110 millones 737 mil pesos, en 2013 la cantidad fue de 43 millones 633 mil pesos, en 2014 el monto fue de 92 millones 918 mil pesos, en 2015 el desvio sumó 3 millones 261 mil pesos y en el 2016 la cantidad aumentó a 5 millones de pesos.
En total el DIF Veracruz firmó 119 contratos con este grupo de empresas fantasma, revelaron las fuentes de MCCI y Animal Político, medio donde se publicó la investigación.
Para adjudicar los pagos, el DIF-Veracruz simuló procesos legales de contratación bajo la modalidad “licitaciones simplificadas” en donde llegaba a invitar de 3 a 5 empresas, todas ellas fantasma y pertenecientes a la misma red. O simplemente pactó “adjudicaciones directas” con cualquiera de las excepciones que la ley permite e incluso se hicieron pagos sin contratos.
Los contratos abarcaban de todo: desde sillas de ruedas para personas de la tercera edad hasta juguetes para niños de bajos recursos, impermeables, chamarras, sanitarios ecológicos, botiquines, medicinas, recursos que nunca fueron entregados.
Todos estos pagos ocurrieron con distintos funcionarios a cargo de la dirección de Finanzas.
Primero fue con Antonio Tarek Abdalá, quien estuvo en el cargo desde el arranque de dicha administración hasta febrero de 2012; después fue con Astrid Elías Mansur, como directora de finanzas el resto de 2012. A partir de 2013, fue con Miguel Ángel Ortíz Romero en dicho puesto.
