Empresas de seguridad privada falsas aumentan con la inseguridad en México ¿Por qué no están reguladas en la ley?

A nivel nacional se vive un “boom” de empresas de seguridad privada, sin embargo, la mayoría de ellas operan sin contar con los permisos necesarios y sin personal calificado.

Estas compañías han logrado obtener contratos para cuidar plazas comerciales, restaurantes, conciertos e incluso hasta eventos masivos a nivel nacional como los partidos de fútbol profesional.

Los altos índices de violencia que persisten en el país han provocado que empresarios y dueños de negocios busquen cada vez más blindar sus inversiones y patrimonio a través de empresas de seguridad privada.

De acuerdo con el “Ranking 2022 de las 50 ciudades más violentas del mundo” que dio a conocer el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, la República mexicana se mantiene como el epicentro mundial de la violencia urbana.

Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), detalla a Reporte Índigo que existe un mercado negro de compañías de este giro que operan en la clandestinidad, el cual se ha consolidado ante la falta de una ley que regule a este sector empresarial.

“El problema con estas empresas es que tienen una calidad de servicio deficiente y eso es lo más peligroso, porque estamos hablando de cuestiones de seguridad privada; muchas de ellas ni siquiera cumplen con el marco normativo, son irregulares y, por si fuera poco, no pagan un sueldo digno a los guardias”, acusa.

El directivo dice que la constante en estas empresas es la contratación de personal al “vapor”, es decir, no se aplican los filtros requeridos para constatar la experiencia de los trabajadores, lo que resulta peligroso para todos.

“Tenemos un grave problema porque estas compañías han sido contratadas para cuidar la seguridad de plazas comerciales y hasta de eventos masivos en varios estados del país. Ya hemos visto las consecuencias de no contar con personal preparado para una emergencia”, señala Sapién Santos.

Redes sociales, el gancho

De acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), diversas compañías en el territorio nacional han aprovechado el alcance que tienen las redes sociales para promocionarse sin que cuenten con los permisos correspondientes.

Un ejemplo es la empresa “Los Brayka”, la cual precisan no cuenta con un Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), ni con registro estatal, “no es posible que una empresa que se dice de seguridad lleve a cabo estas prácticas”, agrega Sapién Santos.

Reporte Índigo contactó a esta empresa por medio de Facebook para cotizar un servicio simulado de seguridad privada para un evento de al menos 100 personas.

A lo que respondieron que el costo ascendía a 20 mil pesos con cuatro guardias de seguridad

“Tenemos disponibles a cuatro personas que vigilarán el evento en todo momento, podemos apartar la fecha con un 50 por ciento del total del costo y en todo momento estaremos en comunicación por cualquier eventualidad”, respondió la empresa a la solicitud del servicio.

Es justamente en esta red social donde principalmente se ofertan diversas empresas que se catalogan como especialistas en seguridad privada.

También es por este medio por el cual se publican diversas vacantes para guardias de seguridad con turnos de 24×24 y salarios mensuales que rozan los ocho mil pesos.

“Solicitamos a 80 elementos, pago semanal más pago en vales de despensa. Con o sin experiencia. Contratación inmediata”, detalla uno de los posteos de una empresa de seguridad privada.

Guardias, sin uniformes y experiencia

Las personas que son contratadas en estas compañías carecen de experiencia, capacitación y reciben sueldos que rozan el salario mínimo a pesar del riesgo que conlleva esta actividad.

De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana, existen casos en donde los guardias de seguridad tienen que comprar sus propios uniformes y botas. Son contratados en la informalidad y carecen de cualquier tipo de prestación o seguro social.

La falta de filtros en contrataciones para ingresar como personal de seguridad o exámenes de confianza pone en riesgo a las empresas, condominios e incluso dependencias federales y locales que contratan este tipo de servicios con compañías que no cuentan con las certificaciones adecuadas.

Reporte Índigo solicitó informes sobre diversas vacantes laborales que publicaron corporativos de seguridad privada para constatar el salario que ofrecen a estos trabajadores y los filtros a los que son sometidos.

Por ejemplo, una compañía del Estado de México ofrece múltiples vacantes con contratación inmediata y un sueldo mensual de siete mil 500 pesos a cambio de jornadas laborales de 24 x 24 horas.

También indican que no es necesaria la experiencia y únicamente piden presentarse con camisa blanca, identificación oficial, botas o zapatos negros.

Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (Asume) calcula que a nivel nacional hay aproximadamente ocho mil empresas de seguridad privada, de las cuales alrededor del 50 por ciento operan en la informalidad.

Solo en la Ciudad de México, estiman que se ubican entre el 20 y 25 por ciento del total de estos corporativos.

“Estos mal llamados guardias de seguridad, que no han sido sometidos a ningún control de confianza, prueba psicométrica, capacitación o a una simple entrevista, constituyen un peligro para las empresas contratantes”, precisa Asume.

¿Por qué detonó esta industria?

Hershel Shultz, director General de Asume, sostiene que el crecimiento que tiene la industria se debe a dos factores: el primero es al desarrollo empresarial y al incremento de inversiones tras la pandemia y, en segundo, a una respuesta de la sociedad civil a la inseguridad que vive en el país.

“Ambos factores se traducen en que más compañías en México busquen proteger a su personal, su patrimonio y su capital”, precisa Shultz.

Herschel agrega que la seguridad privada es la última trinchera que tiene la sociedad civil para protegerse.

“No solo se trata de guardias de seguridad, sino también de las cámaras de seguridad, por eso es necesario impulsar una nueva Ley General de Seguridad Privada”.

Sin embargo, resalta que el mercado negro genera que se reduzcan los sueldos para las personas que se emplean en estas empresas, las cuales no cuentan con prestaciones, reciben salarios bajos y tampoco obtienen un entrenamiento adecuado.

A nivel nacional, cada municipio cuenta con una reglamentación diferente para la prestación de este tipo de servicios, por lo que las empresas que abren en múltiples estados están sujetas a criterios de operación distintos.

Ley en la congeladora

En el 2021 se aprobó la Reforma Constitucional al artículo 73 bis y se facultó al Congreso de la Unión para que ―en ese entonces―  en un plazo no mayor a 180 días, expidieran la Ley General en materia de seguridad privada. Plazo que ya se encuentra vencido.

Por este motivo, distintas cámaras empresariales del sector, han hecho diversos llamados para que el Congreso de la Unión de cumplimiento al mandato constitucional para que en su momento sea presentado, discutido y aprobado este proyecto de ley.

De acuerdo con el dictamen, la Ley General de Seguridad Privada busca fijar reglas mínimas y la distribución de competencias en torno a la prestación de los servicios de este giro. Es decir, que las empresas paguen impuestos completos, den prestaciones a los guardias de seguridad y hagan un trabajo más profesional.

Además, entre los argumentos que han expuesto los especialistas, está el contar con un padrón único a nivel nacional de compañías de este ramo, pues en la actualidad no hay un censo exacto que brinde certeza de la dimensión de esta industria.

El último dato que registra la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) es de más de ocho mil empresas que se dedican a esta actividad, la cual emplea directamente a cerca de 600 mil trabajadores.

En este contexto, el CNSP hizo un llamado a que el Congreso de la Unión expida a la brevedad la Ley General de Seguridad Privada, ya que es necesario brindar certeza a quienes contratan servicios de seguridad privada, al tiempo de inhibir la proliferación de empresas “patito” que suponen un riesgo.

El Laboratorio de estudios sobre empresas transnacionales (LET), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincide en que se requiere de una ley general de seguridad privada que logre obtener un registro de los prestadores a nivel municipal, estatal y federal.