La IP pidió respetar los derechos de tránsito, trabajo, a la educación y a la libertad económica
El presidente de Coparmex, Gustavo de Hoyos, presentó una demanda de amparo ante tribunales del Poder Judicial de la Federación por los actos y omisiones de las autoridades federales, estatales y municipales de cara a las acciones violentas que a lo largo de 11 semanas ha protagonizado la CNTE.
Acompañado de los presidentes estatales de la organización patronal en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México, De Hoyos aseguró que el escrito responde a la violación de los derechos colectivos de los empresarios y los ciudadanos.
“La demanda del sector patronal es para que el Estado actúe para restablecer la paz, que se respeten las garantías de libre tránsito, derecho al trabajo, a la educación y a la libertad económica”, señaló el dirigente.
La demanda fue turnada al juzgado XI en materia administrativa, y en ella se señalan como responsables al Presidente de la República, al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, a la procuradora General de la República así como a los gobernadores de las entidades más afectadas, entre otros funcionarios.
El presidente de la Coparmex expresó que el organismo ha pedido a las autoridades que intervengan para restablecer la paz y el libre tránsito en las localidades afectadas, sin que haya habido una respuesta concreta al día de hoy, lo que ha provocado ingobernabilidad regional que afecta severamente a los empresarios así como a los trabajadores y sus familias.
De igual forma, aseguró que Coparmex no busca la represión de los movimientos sociales, cuando son legítimos y respetuosos con el contexto social, económico y del desarrollo, pero que la permisividad del Estado con la disidencia magisterial podría sentar un precedente para que este sector se sirva del chantaje para conseguir más concesiones en el futuro.
El líder del sector patronal habló también de las afectaciones incuantificables que las acciones de la CNTE han dejado como secuela, con los bloqueos prolongados en vías de comunicación y vías de abastecimiento del sector industrial comercial, sin que el Estado asuma su papel constitucional.
“El secuestro de la actividad económica es inadmisible en un régimen que debe ponderar y proteger el estado de derecho, y con ello está faltando a su obligación básica de hacer valer la ley.
La sociedad espera una respuesta puntual y concreta del Estado mexicano”. afirmó.
Por su parte, los representantes de los restauranteros, hoteleros y de los servicios turísticos en general, afiliados a la Confederación de Cámaras Naciones de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), informaron que la denuncia colectiva se interpondrá en el curso de los siguientes días.
El presidente de la Concanaco-Servytur, Enrique Solana Sentíes, planteó medidas para que la Coordinadora se haga cargo de los daños que ha provocado a los particulares.
Argumentó que la fiesta oaxaqueña de La Guelaguetza 2016 fue boicoteada por el magisterio disidente, con lo que se afectó “de manera muy grave” a quienes viven del turismo.
En Chiapas, dijo, el principal daño ha sido la disminución en las reservaciones programadas para
la presente temporada vacacional, afectación de la que también han padecido Guerrero, Ciudad de México y Michoacán.
Por ello, dijo que ante las limitadas posibilidades que otorga el marco legal aplicable han determinado emprender acciones, entre las que destaca realizar un censo de los daños, que hasta días pasados fue estimado en siete mil 500 millones de pesos en toda la región.
En tanto, considera que de forma precautoria no deben ser regresadas a la CNTE las cuentas bancarias embargadas, ni los bienes inmuebles, que en su caso, hayan sido retenidos para garantizar el pago de los daños.
