El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) rechazó este domingo la consulta organizad por el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Los empresarios, encabezados por Juan Pablo Castañón, señalaron que la ubicación de la terminal aérea no debe ser sometida a consulta ciudadana, pues se trata de una decisión “eminentemente técnica” y no política.
“La participación ciudadana es fundamental para un desarrollo democrático robusto, sin embargo, las decisiones que conciernen al desarrollo económico y de infraestructura, con un alto grado de complejidad, deben ser asumidas por los funcionarios e instituciones públicas facultadas, quienes tienen la responsabilidad de procesar la información técnica, las consecuencias económicas y las preocupaciones ciudadanas, para concluir con la mejor opción”, señaló el CCE en un comunicado.
Además, Castañón indicó que el ejercicio de la consulta es inadecuado como mecanismo para la toma de decisiones y tampoco es jurídicamente válido ni tiene sustento legal.
Lo anterior porque no cumple con las condiciones establecidas en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución mexicana ni en la Ley Federal de consulta Popular, de acuerdo con el CCE.
Tampoco se tienen garantías claras de imparcialidad, objetividad y seguridad y, aunado a ellos, los criterios técnicos de su diseño no se han detallado ni sometido a revisión de especialistas.
Subrayó que los actores a cargo de la consulta e integrantes del Comité Técnico, e incluso los mismos materiales informativos elaborados por ellos, han demostrado un sesgo favorable hacia la opción de la Base Aérea de Santa Lucía.
Esto porque la información presentada sobre el proyecto de Texcoco es -cuando menos- parcial e incompleta, al no tomar en cuenta los pronunciamientos y argumentos de los colegios de Ingenieros, la Asociación de Pilotos, MITRE y otras instituciones igualmente prestigiadas, acotó.
Con la inclinación de la balanza a favor de la opción de Santa Lucía se “daña gravemente las posibilidades de equidad en el ejercicio”, programado del 25 al 28 de octubre, remarcó el sector privado.
Reiteró que no existen las condiciones mínimas necesarias para que esta consulta pueda considerarse un ejercicio imparcial y objetivo, y enfatizó que las consecuencias podrían generar altos costos para el patrimonio nacional, tanto en términos monetarios como de oportunidades de desarrollo desperdiciadas.
“Si bien es positivo buscar una mayor participación ciudadana para la toma de decisiones de gobierno, ésta no puede reemplazar las responsabilidades de las instituciones del Estado”, insistió.
