Empresa involucrada en incendio en estancia migratoria tuvo contratos con el IPN

Grupo de Seguridad Camsa S.A. de C.V. –la empresa a la que el gobierno federal le adjudica haber estado a cargo de la seguridad de la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez– consiguió entre 2019 y 2022 por lo menos seis contratos con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) que sumaron un millón 154 mil 569 pesos.

Los seis contratos localizados en la plataforma de compras públicas Compranet, fueron otorgados por adjudicación directa por el IPN, bajo la dirección de Arturo Reyes Sandoval, para el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (Cicata) en Querétaro. El mayor fue por 702 mil 133 pesos y el menor por 9 mil 584 pesos.

Cuatro de estos contratos estuvieron vigentes hasta mayo de 2022 y ninguno tuvo duración de más de un año.

El pasado 31 de marzo en la última conferencia de prensa otorgada sobre la tragedia de Ciudad Juárez en la que, envueltos en humo y llamas, fallecieron por lo menos 40 migrantes; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, sostuvo que esa empresa era la encargada de la seguridad de la estancia provisional en la que ocurrió el siniestro.

Ante periodistas expuso que el contrato con Grupo de Seguridad Privada Camsa S.A. de C.V., el INM lo otorgó por adjudicación directa e incluyó el servicio de custodia para instalaciones en 23 estados de la República. Según sus palabras, la vigencia era del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2023.

También informó que por las faltas administrativas de la empresa se inició un proceso sancionador para revocarle el permiso, imponerle una multa y rescindirle el contrato a la empresa. Admitió que la serie de anomalías en la que incurrió se debió a la omisión de funcionarios públicos de varias instancias, incluida la SSPC.

¿Qué pasa cuando una empresa es sancionada con una multa?

Otra tragedia atribuida a una empresa fue la de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde un incendio le arrebató la vida a 49 bebés y le causó heridas a otros 79. Se trata de uno de los episodios más traumáticos en la política nacional. Funcionarios públicos y empresarios fueron implicados por negligencia, pero hasta ahora, nadie ha pagado por ese suceso.

La empresa fue sancionada con un millón 644 mil pesos por “incumplimiento”, según el expediente 0139/2009 en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública. Se trata de una sanción que lleva en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública (https://directoriosancionados.apps.funcionpublica.gob.mx/) desde 2009.

La multa pervive en el listado de compañías sancionadas por mal desempeño, pero de la compañía ni siquiera hay rastro.

En conjunto, los proveedores que incurrieron en faltas en sus contratos con el gobierno federal entre 2001 y 2022, acumulan una deuda por no pagar sus multas de más de 800 millones de pesos, según una extracción de datos del Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública.

Hasta este 6 de abril de 2023 en ese directorio hay 2 mil 172 empresas con multas que van desde 1 peso hasta los más de 70 millones de pesos.

Es un monto que de cobrarse alcanzaría para rehabilitar una línea del Metro de la Ciudad de México como la 12, de acuerdo con lo que Grupo Carso anunció que destinó para ponerla en marcha de nuevo después del desplome ocurrido en mayo de 2021.

Alcanzaría también para fortalecer a los cuerpos de seguridad del país pues es similar al presupuesto aprobado una vez que el Congreso aprobó que las Fuerzas Armadas quedaran a cargo de la seguridad pública y nacional en todo el territorio nacional hasta 2028.

Después del incendio en Ciudad Juárez, Reporte Índigo buscó cuánto se había invertido en compras públicas para las estancias provisionales del INM. Solo se localizaron ocho contratos cuyo título de expediente indicaba que se refería a esos espacios. Todos se refieren a servicio de limpieza.