Armadoras: Saldos pendientes
Bajo la premisa de detonar la economía regional mediante la generación de empleos bien remunerados y de calidad, las empresas armadoras automotrices extranjeras se han asentado en suelo mexicano.
J. Jesús Lemus
560
En Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla, las armadoras prometieron mejorar el entorno laboral, sin embargo, han quedado a deber, pese a que los gobiernos estatales entregaron amplias concesiones
Bajo la premisa de detonar la economía regional mediante la generación de empleos bien remunerados y de calidad, las empresas armadoras automotrices extranjeras se han asentado en suelo mexicano.
Las compañías han recibido millonarios incentivos, que van desde la exención de impuestos o servicios municipales gratuitos hasta la dotación de predios para la instalación de las plantas industriales.
De acuerdo a la versión pública del Gobierno federal, de 2013 al 2014 en México se recibió una inversión directa de 66 mil millones de dólares por parte de empresas extranjeras asentadas en el país. La cifra superó por mucho los 24 mil millones de dólares registrados en inversiones en el periodo del 2011 al 2012.
Sin embargo, la mayoría de esas empresas no han podido cumplir con su parte del trato, pues terminan ofreciendo plazas laborales por debajo de lo prometido.
Los ejemplos sobran: la armadora Kia, en Nuevo León; General Motors, en Guanajuato y San Luis Potosí, y Audi, en Puebla, son sólo algunos de los casos recientes donde han quedado a deber en comparación con los apoyos que han recibido del gobierno, como terrenos para sus plantas,
condonaciones de impuestos e incentivos millonarios.
El caso de la empresa coreana Kia Motors, en Nuevo León, destaca por la anormalidad de entrega de beneficios por parte de la administración del entonces mandatario Rodrigo Medina.
A cambio de prebendas oficiales, la armadora ofreció al gobierno de Nuevo León hacer crecer el índice de empleo en esa entidad con una planta industrial que generaría al menos 10 mil puestos de trabajo bien retribuido.
Bajo ese compromiso, la pasada administración estatal firmó un convenio en el que ofreció agilidad en los trámites locales y apoyo para obtención de predios para el establecimiento de la planta industrial, y un periodo de exención de impuestos locales por 20 años.
Con la llegada del nuevo Gobierno estatal que encabeza Jaime Rodríguez, ese convenio ha sido puesto a revisión.
De acuerdo con “El Bronco”, el gobierno de Nuevo León no está en condiciones económicas para atender el compromiso pactado por la empresa coreana y la pasada administración.
Debido a esta situación, no se descarta la posibilidad de que la suspensión del acuerdo lleve a las dos partes a la instancia jurídica.
De acuerdo a funcionarios del Gobierno estatal de Nuevo León, tampoco existe la certeza de que Kia Motors cumpla con el compromiso de generar la cantidad de empleos proyectada, pese a que el director general de esa empresa anunció una inversión de más de mil millones de pesos para operar en el 2017.
No cumplen las expectativas
En Guanajuato, General Motors no ha respondido a las expectativas iniciales de un mejor entorno laboral para los vecinos de Silao.
Ahí, tan sólo unos 130 lugareños han logrado colocarse dentro de los casi 2 mil 100 puestos laborales ofertados por la armadora automotriz.
Pese a que el Gobierno del Estado entregó amplias concesiones –como tarifas preferenciales en pago de agua y energía eléctrica, además de exención de pago de impuestos locales por un periodo de hasta 20 años– la planta armadora sólo contrata mano de obra con perfil profesional, a la que se le retribuyen ingresos de entre dos y tres salarios mínimos.
Lo mismo sucede en su filial en San Luis Potosí, la cual está en operación desde el 2008 y en donde de los 2 mil 300 empleos ofertados, solamente poco más de 200 son ocupados por trabajadores de la región, en tanto que el resto de la planta laboral lo integran empleados extranjeros y de otras partes del país.
En su momento, el Gobierno estatal de Marcelo de los Santos ofreció como incentivos a la planta armadora un predio a fin de que se estableciera ahí la planta, además de exención de impuestos locales hasta el año 2028, con la única finalidad de que se reactivara el empleo en la entidad.
Otro caso es el de la empresa Audi asentada en el estado de Puebla.
Ahí, los tres órdenes de gobierno ofrecieron grandes facilidades: donaron 430 hectáreas de terreno, otorgaron beneficios fiscales que la eximen del pago de impuestos por 12 años, además dieron servicios públicos municipales sin costo por otros 10 años.
Los incentivos del gobierno para la empresa alemana fueron con la finalidad de que llegara a detonar la región de San José Chiapa, una de las más pobres del centro del país. En esa comunidad, el índice de desempleo supera la tasa promedio nacional.
Los directivos del consorcio ofrecieron generar miles de empleos para los pobladores de la zona.
Ya en el 2016, al poner en operaciones la planta armadora tras una inversión millonaria, el consorcio ofreció sólo 10 plazas laborales a los vecinos de la zona en donde se asienta.
Pero los ingresos que perciben los trabajadores que fueron seleccionados de entre miles que presentaron solicitud, son apenas de dos salarios mínimos por día.
La mayoría de los mil 300 empleos que se generaron con esta industria fueron ocupados, en primera instancia, por personal especializado traído desde Alemania.
De ese país se contrató a 230 ingenieros que ya ocupan los principales mandos de la planta; otros 560 puestos fueron entregados a especialistas de la industria automotriz reclutados en diversas partes del país, en tanto que muchas de las otras vacantes se comenzaron a cubrir con trabajadores especializados provenientes de Estados Unidos.
La corrupción,el otro problema
La instalación de plantas industriales del sector automotriz con fuertes incentivos por parte de los tres órdenes de gobierno, además de no corresponder con el impulso prometido al empleo regional, en ocasiones también representan un problema de corrupción.
Quizá el caso más evidente es el de Toyota en Guanajuato, donde el gobierno de esa entidad logró beneficios particulares para algunos empresarios nacionales, al sobrevaluar el precio de los terrenos que fueron donados para motivar la instalación de esa empresa.
Tras el anuncio de la armadora japonesa de autos para hacer inversiones en ese estado, el gobierno ofreció un predio para la planta industrial.
Una empresa intermediaria compró 249 hectáreas de terreno a 4 pesos el metro cuadrado y se lo vendió al gobierno de Guanajuato en 161 pesos por metro cuadrado. Luego, el Gobierno estatal donó ese predio a Toyota.
Este tipo de acciones de sobrevaluación de predios se ha registrado en el estado en por lo menos 17 acciones de apoyo con incentivos de empresas internacionales que pretenden asentarse en esa entidad. Las empresas más beneficiadas han sido las del ramo automotriz.
Empleos mal pagados
En México no existe un informe oficial sobre los apoyos que ha hecho el Gobierno Federal a las empresas que buscan instalarse o ampliar sus plantas en el país, dado que la mayoría de esos incentivos recaen en el ámbito de los gobiernos estatales y municipales.
De acuerdo a la CTM, en los últimos tres años el gobierno mexicano –a través de sus tres órdenes de gobierno– ha ofrecido incentivos a por lo menos mil 129 empresas nacionales e internacionales que han decidido asentarse en el país o pretenden la expansión de sus plantas productoras.
Sin embargo, la mayoría de las empresas que se han visto beneficiadas con la entrega de apoyos e incentivos fiscales no han cumplido con sus ofertas de generación de empleos, refiere la CTM.
En la mayoría de los casos los empleos otorgados a la sociedad son de los últimos en la escala
laboral y muy mal pagados.
Entre los estados que más repuntan al ofrecer facilidades a las empresas trasnacionales para su instalación están Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Puebla y Guanajuato.
De acuerdo a datos de la Secretaría de Economía (SE), en estas entidades en los últimos cinco años se han asentado al menos 178 nuevas industrias.
Lo que no ha dicho la SE es que la mayoría de esas empresas, principalmente de los ramos automotriz, textil, software, alimentos, farmacéutico y electrónica, han recibido apoyos económicos millonarios, ofreciendo a cambio trabajos de mala calidad, mal pagados y en muchos casos hasta violatorios de los derechos laborales y humanos de los asalariados.
Sin responsabilidad
De acuerdo al documento “México: Empresas y Derechos Humanos”, elaborado por un grupo de 100 organizaciones de la sociedad civil, al menos la mitad de las empresas trasnacionales no sólo no han cumplido con su responsabilidad de generar buenos empleos, sino que los generados son de mala calidad.
En el documento destacan Textiles KN de Oriente, Comercial Slect, Aresluz, Oxiquímica, Internacional Leg Wear Gruop de México y Brembo México.
También señalan a San Luis Rassini, One Digit, Industrias Polifil, Revestimientos Porcelanite Lamosa, Planta Kerámica, Agraquets, Lamosa Revestimientos, Industrias Mac, Arcomex, Granja Virginia, Ajemex, Industrial Lactel, INADE e Indertec, como las que no han cumplido con su oferta de mejores empleos, pese a los incentivos oficiales recibidos.
La mayoría de los empleos otorgados a los vecinos de las comunidades son mal pagados. Ganan en promedio el salario mínimo, y se les ha negado la posibilidad de organizarse en sindicatos.
Incumplidas
Empresas que no han generado buenos empleos:
>Textiles KN de Oriente
>Comercial Slect
>Aresluz
>Oxiquímica
Internacional Leg Wear
Gruop de México
>Brembo México
>San Luis Rassini
>One Digit
>Industrias Polifil
>Revestimientos
Porcelanite Lamosa
>Planta Kerámica
>Agraquets
>Lamosa Revestimientos
>Industrias Mac
>Arcomex
>Granja Virginia
>Ajemex
>Industrial Lactel
>INADE
>Indertec
