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De cada 100 casas de empeño que existen en México, 94 podrían ser refugio para lavar dinero y vender artículos robados.
La cifra no es una ocurrencia.
Y es que de las 8 mil casas de empeño que existen en el país, no llega ni a 500 las que se han registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
En entrevista para Reporte Indigo, la titular de esta dependencia federal, Lorena Martínez, explica que en enero de 2013 se aprobaron las nuevas disposiciones en la Ley Federal de Protección al Consumidor para lograr separar las casas de empeño que cuentan con registro y certificaciones de las “chuequitas”.
La buena noticia, asegura Martínez, es que las que ya obtuvieron el registro representan casi el 70 por ciento del mercado, pues pertenecen a las compañías más grandes, con presencia nacional.
De las “chuequitas”, algunas se decantan solas.
Tan solo en Quintana Roo, el año pasado cerraron 50 locales de empeño, previo a tener que cumplir con las nuevas obligaciones que incluyen el registro del contrato, presentación de documentos de los socios y constancia de no antecedentes penales o condenas por delitos financieros.
En dos años de operación de la ley, aún permanecen en el anonimato la mitad de estos negocios.
Los dos operativos nacionales que ha realizado Profeco en agosto del año pasado y enero de este año verificaron solo 4 mil, de 8 mil casas de empeño existentes.
Un nido para el lavado
El proceso legislativo para reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor comenzó en 2011, con la presentación de dos iniciativas de los diputados Daniel Ávila Ruiz, del Partido Acción Nacional, y Susana Hurtado Vallejo, del Partido Revolucionario Institucional.
La exposición de motivos del primero hizo énfasis en la forma en que se estaba lavando dinero en las casas de empeño.
El diputado citó entonces al vicepresidente de la Asociación de Banqueros de México, Luis Peña Kegel, quien declaró que el crimen organizado lavaba dólares y pesos mexicanos por medio de las casas de empeño.
“Desde 2006 un total de 327 averiguaciones previas por posible lavado de dinero, que involucran una cantidad estimada en 47 mil millones de dólares a través de casas y centros de cambio, bancos y centros de empeño en todo el país”, refiere el documento que fue discutido en el Congreso y aprobado en enero de 2013.
Lorena Martínez relata que otra preocupación desde entonces fue que “estaban siendo utilizadas por los que robaban en casas habitación para deshacerse de los productos robados”.
La ley buscó transparentar a los consumidores cuánto iban a pagar de intereses, que firmaran contratos registrados ante Profeco y ya limpios de cláusulas abusivas.
Debían conformar un Registro Nacional de Casas de empeño, que a dos años de la Ley aún no está publicado en ningún sitio oficial.
En el proceso de revisión, cuenta Martínez, “se transparenta donde el consumidor sabe cuánto va a terminar pagando y cuál es el proceso de devolución de la prenda, que también era muy poco transparente”.
Los dos operativos nacionales de verificación derivaron en que, de esas 4 mil casas de empeño revisadas, mil 700 han sido sancionadas.
“Se les impusieron sellos de suspensión porque no habían cumplido con los requisitos y su registro. Aunque es una regulación nueva han tenido tiempo para hacerlo”, explica la titular de Profeco.
El segundo paso en estas verificaciones está centrado en “las otras casas de empeño que no forman parte de este sector organizado, que están chuequitas, que son a las que tenemos que ir jalando con los operativos de verificación”.
La funcionaria justifica que muchos de los posibles centros de lavado no han sido identificados por Profeco.
“Es una revisión previa, antes de darte tu registro, es claro que cuando han venido con nosotros es porque ya corrigieron esos detalles, o ya no vinieron las que tienen esos problemas”, dijo.
Los reportes de prensa locales muestran que en el último año también han existido cierres masivos de casas de empeño en Tamaulipas, Jalisco, Chiapas, Guerrero, Michoacán.
Profeco también ha detectado que los dueños de estos locales han ignorado la obligación de “informar al ministerio público cuando reciben en prenda tres o más bienes de iguales características.
“Creo que es una práctica que se va corrigiendo. Yo estoy segura que literalmente recogían de todo y no reportaban nada”.
Las nuevas reglas indican que el seguimiento a estos reportes de actividades sospechosas recaerá en las procuradurías locales, que en varios estados han estado acusadas de vínculos con el crimen organizado.
Los requisitos
> Registro del contrato
> Presentación de documentos de los socios
> Constancia de no antecedentes penales o condenas por delitos financieros