El viernes pasado dos residencias de la estadounidense Sindy Chapa, catedrática de la Universidad de Texas y presunta ex pareja sentimental de Tomas Yarrington, fueron decomisadas por agentes del Departamento del Tesoro (IRS por sus siglas en inglés).
Esto como parte de la investigación por presunto lavado de dinero que una corte civil de Texas siguen en contra del ex gobernador de Tamaulipas.
Chapa, de 37 años, es directora asociada del Centro de Estudios sobre Medios Latinos.
A pesar del proceso de embargo al que se encuentran sujetas dos de sus residencias, Chapa no ha sido señalada penalmente por ninguna instancia jurídica.
El valor total de los bienes es de 630 mil dólares. Una residencia ubicada en San Antonio (Kyle) está valuada en 272 mil dólares y otra, ubicada en McAllen, en 357 mil dólares.
El sustento jurídico para el embargo radica en la sospecha de que ambas residencias habrían sido compradas con dinero proveniente de actividades delictivas, señalaron fuentes federales.
La defensa jurídica de quien también fuera alcalde de Matamoros se manifestó en contra de la resolución expedida por el IRS, toda vez que la Corte de Texas se negó a revelar el nombre de las fuentes que señalan a Yarrington como facilitador financiero de la compra.
Ya que esto impide que la defensa cuestione la veracidad de las fuentes y sus alegatos, señaló Joel Androphy, abogado del ex gobernador.
Así mismo, la oficina del fiscal que lleva el caso en Texas anticipó que se llevan a cabo proceso judiciales para embargar 46 hectáreas de terreno en el norte de San Antonio.
Al ser cuestionado sobre el paradero de su cliente, el abogado Androphy aseguró que no tiene conocimiento de la ubicación de cada uno de sus clientes.
No obstante, señaló que es incongruente el hecho de que el gobierno estadounidense lleve a cabo una investigación penal en contra de un individuo que no se encuentra en territorio estadounidense.
Pues fue a principios de este año cuando el departamento de Seguridad Interior (Homeland Security), a través del Departamento de Justicia emitió un comunicado en donde indicaba que Yarrington no contaba con permiso expedito para estar en suelo norteamericano.
Formalmente se conoce que algunas de sus propiedades valuadas en millones de dólares han sido confiscadas, y que investigan todas aquellas propiedades que pudiesen estar relacionadas con el fugitivo.
El prestanombres
En mayo, el Departamento del Tesoro instruyó a un grupo de agentes del IRS (fisco) a investigar movimientos fiscales sospechosos en todas las cuentas bancarias ligadas a Tomás Yarrington.
Producto de ello fue la revelación sobre un prestanombres del ex mandatario. Napoleón Rodríguez, quien contribuyó durante la campaña a gobernador en 1998.
Posteriormente, se encontraron diversos bienes a nombre de Rodríguez que el gobierno de Estados Unidos ubicó como “comprados con capital de un tercero”.
Uno de los inmuebles incautados fue un departamento registrado a nombre de Napoleón Rodríguez y ubicado en la torre Bridgepoint, unidad 1401.
De acuerdo a la acusación, Rodríguez es prestanombres de Tomás Yarrington.
Girado a la Interpol
En México, la orden de aprehensión liberada por la Procuraduría General de la República contra el ex gobernador de Tamaulipas sigue vigente.
El ex funcionario es un fugitivo de la ley, y es acusado de recibir presuntos sobornos por parte del Cártel del Golfo durante su mandato.
La investigación en Estados Unidos se realiza sin acusar formalmente al ex gobernador de algún delito. Pero en México, la historia es diferente. La PGR ha solicitado una ficha roja a la Interpol para la captura de Yarrington en cualquier escenario internacional.
