Los integrantes del Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción expresaron, a través de un comunicado, la necesidad de que el proceso electoral no influya en los trabajos de dicho sistema, luego de que éste arrancara con trabas para la designación del fiscal, poniendo en peligro el calendario acordado por el gobierno y la sociedad civil.
Los tiempos electorales no deben paralizar la larga lucha y constante en materia anticorrupción; por ello, exigimos a todos los actores políticos y sociales que tienen participación en estos procesos, enfocar sus energías para que el andamiaje institucional arranque de la manera adecuada, y que el combate a la corrupción no sea convertido en una simulación
El llamado toma sentido en un contexto en el que el Congreso de Jalisco, institución clave para la estructura del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), sufrió una desbandada de legisladores locales, quienes pidieron licencia para integrarse al proceso.
Veinte de los 39 integrantes del legislativo local, optaron por abandonar sus curules para buscar un nuevo puesto o por diligencias internas en sus partidos, como ocurrió con la priista Claudia Delgadillo y su designación como coordinadora de la campaña de José Antonio Meade en este estado.
En ese contexto, el Observatorio pide la sustitución de la vocera de la Comisión de Selección, toda vez que ahora se encuentra dentro de las listas de candidatos a una diputación local por el partido Movimiento Ciudadano, luego de la alianza entre este partido y la universidad de Guadalajara.
Por otro lado, el Tribunal de Justicia Administrativa, antes Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), debe consolidar la designación de una mujer como integrante de dicho organismo, tras los cuestionamientos sobre el estado civil de una de las candidatas.
Exigimos que se impulse el combate a la impunidad dentro del mismo Tribunal de Justicia Administrativa, y que exista amplia supervisión por parte del Congreso del Estado y del Ejecutivo Estatal para optimizar las tareas desempeñadas por dicho organismo judicial
Dos de los magistrados más señalados son Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, quienes, aun cuando ya existe una nueva infraestructura anticorrupción para Jalisco, mantendrán sus puestos hasta 2024, debido a que la ley orgánica del SEA determina que los magistrados deben concluir su cargo para el que fueron designados.
