La democracia de México está manchada de rojo. Rumbo a las elecciones del 2022, las autoridades de los tres niveles de gobierno, así como las electorales, tienen un serio reto por delante: garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que participen en estos ejercicios.
El 5 de junio del próximo año, los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas celebrarán elecciones ordinarias, eventos cuya preparación ya está en marcha a manos del Instituto Nacional Electoral (INE).
Lograr que los comicios del 2022 sean ejercicios democráticos y pacíficos no será una tarea sencilla, especialmente después de lo sucedido en el 2021, año marcado por constantes actos de violencia electoral, el cual dejó como saldo decenas de candidatas y candidatos, funcionarios públicos y militantes partidistas asesinados o agredidos.
El estudio titulado “Asesinatos políticos en el proceso electoral 2021” contabilizó, con apoyo de los datos de Integralia, a 179 víctimas mortales como resultado de 239 incidentes de violencia política.
Por su parte, la consultora Etellekt registró un total de mil 066 delitos globales en contra de personas políticas en los pasados procesos electorales. Mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aseguró haber detectado al menos 91 asesinatos de políticos y miembros de partidos, entre los cuales 36 se postularon como candidatos a algún puesto de elección popular.
De acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Belisario Domínguez, los estados donde más candidatos fueron asesinados durante los procesos electorales 2020-2021 son: Veracruz (9), Jalisco (6), Oaxaca (4), Guanajuato (3), Guerrero (3), Chiapas (2), Quintana Roo (2), Baja California (1), Chihuahua (1), Morelos (1), Nuevo León (1), Querétaro (1), Tamaulipas (1) y Sonora (1).
“De los 36 candidatos asesinados 23 participaban para una presidencia municipal, tres para regidor, uno para síndico, uno para comisario ejidal, uno para suplente de alcalde, uno para suplente de regidor, cuatro para una diputación local y dos para diputado federal”, dice el documento, el cual destaca que al revisar estas cifras, en donde más atención se tiene que poner en materia de seguridad es en el ámbito local.
Tejido social afectado
El estudio “Asesinatos políticos en el proceso electoral 2021” advierte que la violencia política provoca profundos daños en la democracia del país, así como en la ciudadanía.
“La violencia es una de las expresiones que más dañan la democracia, por lo que los atentados contra las personas en un espacio de participación política afectan el tejido social.
“Además, los ataques en contra de las personas que realizan labores políticas son un grave daño a la vida institucional de un país debido a la incertidumbre que genera la pérdida de las y los ciudadanos que son tomadores de decisiones o que aspiran a un cargo de representación popular”, dice el documento.
Al respecto, la organización Insight Crime informó que México ocupa actualmente el quinto lugar a nivel mundial con mayor número de asesinatos, por lo que “la violencia no puede atribuirse únicamente a los grupos criminales, los poderes políticos, ya sean líderes criminales o funcionarios electos, que a veces son tanto uno como lo otro, históricamente ha recurrido a la violencia para establecer el orden y mantener el poder”.
En este sentido, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, explicó que uno de los efectos colaterales de la violencia en las elecciones es atemorizar a la población de donde se origina la agresión, lo que pude afectar la participación ciudadana en las urnas, por lo que llamó a la unidad.
“Una participación masiva y decidida de todas y todos será la mejor respuesta de la sociedad mexicana a quienes creen que aún pueden apostar por la violencia y amenazan a la democracia pretendiendo sustituir el diálogo con la imposición de la fuerza y la barbarie”.
Preocupación mundial
La violencia política es una problemática a nivel mundial, motivo por el cual la ONU considera como una prioridad la necesidad de promover sociedades justas pacíficas e inclusivas.
“Los conflictos, la inseguridad, las instituciones débiles y el acceso limitado a la justicia suponen una grave amenaza para el desarrollo sostenible, por lo que se requieren de instituciones sólidas y funcionales, así como esfuerzos tanto nacionales como internacionales”, para combatir estas situaciones.
