Edomex, ¿a los tribunales?

La elección en el Estado de México se encamina a ser una de las más judicializadas en la historia de esa entidad.

Múltiples quejas y denuncias han sido presentadas a lo largo de la campaña, que culmina este miércoles.

El PAN, incluso, ha pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) que atraiga la elección. Morena ha acusado al Gobierno federal de intervenir directamente en el desarrollo de los comicios.

Los partidos sientan ya las bases de lo que puede ser una impugnación del proceso de este año, que podría culminar en la anulación de toda la elección.

Y es que la elección en el Estado de México es la más competida de toda su historia. No hay nada para nadie y el futuro de la entidad podría definirse en los tribunales.

En su artículo 78 bis, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establece que “Las elecciones federales o locales serán nulas por violaciones graves, dolosas y determinantes” y que “dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”.

Varias encuestas revelan que la diferencia entre el puntero y el segundo lugar en la campaña electoral podría ser menor al 5 por ciento.

Esto nunca había ocurrido en la entidad mexiquense. Antaño, el PRI arrasaba en las elecciones.

En el 2011, Eruviel Ávila (PRI) venció al segundo lugar, Alejandro Encinas (PRD), por una diferencia de 41 por ciento de los sufragios (más de 1 millón 997 mil votos). En el 2005, Enrique Peña Nieto (PRI) quedó arriba de Rubén Mendoza (PAN) por 22.8 por ciento (864 mil votos).

Uno de los márgenes más reducidos fue el que hubo en 1999 entre Arturo Montiel Rojas (PRI), que venció a José Luis Durán Reveles (PAN) por apenas 6.9 por ciento de los votos (225 mil sufragios).

En 2017, por primera vez en la historia, el PRI enfrenta un escenario en que no tiene la victoria en la bolsa. Algunas encuestas lo ubican apenas 2 puntos porcentuales sobre Delfina Gómez; en otras, de plano, lo colocan en segundo lugar.

Aunque no lo han dicho abiertamente, los partidos de oposición pretenden emular lo que ocurrió en Colima, en el 2015, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló los comicios para elegir a un nuevo gobernador, luego de que Jorge Luis Preciado (PAN) acusara la intervención del entonces gobernador Mario Anguiano a favor del candidato priista Ignacio Peralta.

El INE atrajo esa elección extraordinaria y convocó nuevamente a comicios. Volvió a ganar el tricolor.

¿Será similar la historia en el Estado de México?

El PAN se prepara

Aunque en los discursos aseguran que llevan la delantera y arrasarán en la elección del 4 de junio, lo cierto es que en los cuartos de guerra de todos los partidos se prepara ya la ofensiva legal en caso de que el resultado les sea adverso en las urnas.

El único que ha hablado abiertamente sobre su intención de impugnar la elección es el Partido Acción Nacional (PAN).

Tras su caída estrepitosa en las encuestas, que ubican ahora a Josefina Vázquez Mota entre el tercer y cuarto lugar en la contienda, Acción Nacional guarda su esperanza en que se pueda determinar la invalidez de la elección y se convoque a nuevos comicios.

Han documentado y denunciado las irregularidades cometidas en esta campaña y pretenden llevar sus quejas hasta las últimas consecuencias.

“El PRI pone en riesgo el proceso electoral y será el responsable si al final se impugna o se anula el resultado”, ha dicho Vázquez Mota.

El principal argumento legal que utilizará el PAN para impugnar la elección será la intervención del Gobierno estatal y del federal en los comicios.

“En los últimos meses hemos sido testigos de la intervención del Gobierno federal y del Gobierno del Estado de México en las elecciones para favorecer al candidato del PRI. En su desesperación, han roto todo tipo de reglas democráticas. Se está configurando una auténtica elección de Estado, no reconocerlo así implica ser cómplices de las trampas que el PRI-Gobierno está llevando a cabo”, escribió Vázquez Mota en una carta que entregó la semana pasada al INE, pidiendo que atraiga la elección.

Fuentes cercanas a la campaña refieren que los panistas repetirían el modelo de impugnación que llevaron a cabo en Colima.

El Tribunal Electoral determinó en ese entonces que el gobernador había intervenido en la elección, violando la Constitución federal y la de su estado.

La Carta Magna, en su artículo 134, establece que el uso de recursos públicos no debe ser utilizado con fines políticos.

“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, señala el artículo 134.

Esa será la base de la ofensiva del PAN en caso de que se concrete un triunfo del candidato priista Alfredo del Mazo por un reducido margen –pues la ley establece que solo puede considerarse que la intervención influyó en el resultado de la elección si hay una diferencia del 5 por ciento entre el primer y el segundo lugar-.

Esa disposición establecida en la Constitución federal y en la Constitución Política del Estado de México.

“Los servidores públicos del Estado y municipios, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dice el documento en su artículo 129.

Pero los panistas también preparan algo en caso de que Delfina Álvarez, candidata de Morena, se imponga en los comicios, a través de la denuncia por presunto delito de peculado, al retener y desviar millones de pesos que se descontaban a los trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco, que ella gobernaba.

En Morena, con cautela

Aunque Morena también ha presentado diversas denuncias contra el PRI por supuesto financiamiento ilícito y la supuesta existencia de un plan del Gobierno federal para intervenir en la elección mexiquense, no han hablado abiertamente de la posibilidad de impugnar la elección.

A pesar de ello, el equipo jurídico de Delfina Gómez prepara ya la argumentación jurídica en caso de que pierdan la elección por un pequeño margen de votos.

La línea de denuncia sería la misma que la del PAN: el presunto uso de recursos públicos, provenientes tanto del Gobierno del Estado de México como de la administración del presidente Enrique Peña Nieto.

Hace una semana, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la existencia de un documento en el que se reparte la tarea electoral en el Estado de México a diversos funcionarios del Gobierno federal.

Así, por ejemplo, dijo que la estrategia electoral del PRI en Atlacomulco está a cargo de Nuria Mayorga, comisionada para los Pueblos Indígenas; en Cuautitlán Izcalli, el encargado es Aurelio Nuño, secretario de Educación; en Metepec, Rafael Pacchiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales; en Texcoco, Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes; y en Ecatepec, José Narro, secretario de Salud.

La fuente de López Obrador para realizar esas acusaciones es un documento que le filtró “la gente”, aseguró, que les ha estado ayudando pasándoles información.

El presidente nacional de Morena advierte en su discurso que las autoridades electorales no son de fiar.

“Ni modo que nos atengamos al INE, al Trife o, hay uno que se llama la Fepade, algo así, si no sirven para nada, no ven esto, están de alcahuetes, se hacen de la vista gorda. Los ciudadanos tenemos que luchar por la democracia y en el Estado de México, a pesar de todo esto, vamos a ganar”, ha dicho el tabasqueño.

En el partido confían que Delfina Gómez gane la elección y se evite así la llegada a los tribunales.

En los últimos días, los morenistas mexiquenses han ido sumando apoyos para tratar de que sectores completos apoyen a su candidata al gobierno mexiquense.

Primero, fue la declaración de apoyo de Isidro Pastor, el malogrado candidato independiente a la gubernatura que intentó llevar a cabo su propia campaña, pero que a los pocos días de que le fue retirada definitivamente esa posibilidad, decidió dar el apoyo de su estructura a la candidata de Morena.

Después ocurrió la declinación de Óscar González Yáñez, candidato del PT, quien anunció su apoyo a la candidata de Morena a pesar de que días antes había criticado fuerte a López Obrador por no atender su llamado a concretar una alianza de partidos de izquierda.

Además de ellos, Morena ha ido sumando a sindicatos, organizaciones campesinas y sociales y militantes y exmilitantes de otros partidos.

Se sumó incluso Julio César Bautista, hermano del dirigente de la corriente perredista Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista, a la que pertenece el candidato del sol azteca, Juan Zepeda.

Su territorio

De acuerdo con Morena, la estrategia electoral del PRI en el Estado de México fue encomendada a algunos secretarios:

Funcionario                   Secretaría                                                               Asignación

Nuria Mayorga             Comisionada para los Pueblos Indígenas               Atlacomulco

Aurelio Nuño                  Educación                                                              Cuautitlán Izcalli

Rafael Pacchiano           Medio Ambiente y Recursos Naturales                 Metepec

Gerardo Ruiz Esparza    Comunicaciones y Transportes                            Texcoco

José Narro                       Salud                                                                   Ecatepec

¿Estrategia que funciona?

Aunque todos los partidos han realizado denuncias sobre diversas conductas en la elección mexiquense, lo cierto es que a la hora de la verdad la lucha en tribunales podría quedar también solo entre dos.

Para Fernando Dworak, politólogo y académico del ITAM, es poco probable que el PAN se enfrasque en un pleito jurídico para buscar la nulidad de la elección si su candidata obtiene pocos votos en las urnas.

“Ningún partido tiene el monopolio de las trampas electorales, ni de la compra de votos, ni de cualquier otro tipo de fraude (…) en Colima hubo una nulidad de la elección ante la confesión de un secretario de gabinete. El argumento en sí mismo no sirve, a menos que haya una prueba contundente y, hasta donde sabemos, no existen pruebas contundentes hasta el momento.

“Ahorita todas esas cosas con amenazas, son tácticas para ganar votos; pero vamos a ver con qué margen va a ganar el que gane la elección y qué tanta fuerza van a tener los partidos que ahora amenazan, para ver si vale la pena o no un proceso así”, comentó el experto.

El único escenario para una judicialización real del proceso electoral en la entidad mexiquense sucedería si las encuestas se mantienen y el triunfo del ganador es por pocos votos. Y aunque eso ocurra, sin una prueba incontrovertible, es difícil que prospere.

“Sí se va a judicializar. Ahora, ¿va a ser suficiente? Solamente si hay un escenario que sea extremadamente cerrado. Si llega a haber una victoria por menos de cinco puntos. Pero si no, es poco probable que los partidos impugnen. Y segundo, hay que ver si el partido que amenaza con eso realmente tiene algo que ganar.

“De que va a haber viajes de ida y de vuelta al INE y al Tribunal, los va a haber. De que eso sea una estrategia triunfadora y que vaya a arrojar frutos, lo dudo mucho”, sentenció Dworak.

El catedrático asegura que de la elección del 2017 quedarán muchas enseñanzas a los partidos porque, aunque no son el preámbulo de la sucesión presidencial, sí habrá lecciones sobre tácticas, estrategias y formas de comunicación que se aplicarán en el 2018.