Elección con trabas

El proceso electoral de este año implicará un reto no solo para los partidos políticos, sino para los organismos electorales de las entidades, que atraviesan por una crisis de credibilidad y de funcionalidad.

Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) han sido cuestionados por su supuesta parcialidad y también por algunos problemas en su trabajo en las entidades.

A esto se suma la presión que los gobernadores han inyectado a estos organismos al negarles acceso al financiamiento al que tienen derecho.

Esto, pone en entredicho el trasfondo de la reforma político electoral del 2014 relacionada con la nueva organización de las autoridades electorales.

Se buscó con esa reforma que los partidos y gobernantes sacaran las manos de los procesos electorales en las entidades.

Ahora, una fallida implementación de la reforma podría provocar no solo conflictos electorales, sino que el proceso en sí mismo y los resultados se vean contaminados por cuestiones políticas.

En casi todos los estados –13- donde habrá elecciones locales, los OPLEs han sido cuestionados.

La remoción de tres consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Chiapas por faltas graves a la ley electoral, es apenas un síntoma de lo que podría venir en el proceso del próximo 5 de junio.

Una reforma ¿manchada?

Con la reforma político electoral del 2014 llegó la transformación del modelo de organización de las elecciones en México.

El Instituto Federal Electoral pasó a ser Instituto Nacional Electoral, y los institutos electorales de los estados se transformaron en OPLEs.

La nueva ley electoral establece que el INE deberá coordinarse con los órganos electorales estatales para la realización de las elecciones.

Al INE, por ejemplo, le tocará la capacitación electoral; el establecimiento de la geografía electoral; la ubicación de las casillas y la selección de funcionarios de casilla; y la fiscalización de las cuentas de campaña.

A los OPLEs les tocará el manejo de los resultados preliminares y las encuestas o sondeos de opinión; la observación electoral; los conteos rápidos; y la producción de todos los materiales electorales.

Además, ellos llevan a cabo el registro de candidatos y coaliciones.

Los consejeros electorales de los OPLEs fueron elegidos por los integrantes del INE, lo que provocó cuestionamientos desde el inicio del proceso.

“El tema de los OPLEs es un asunto muy grave; no fue objetiva ni transparente la selección y designación de los integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales. Fue un proceso prácticamente dominado por los círculos cerrados y por una élite de funcionarios y magistrados electorales.

“Prevaleció el viejo y contraproducente vicio del favoritismo, sobre todo, en los casos en que fueron revisados por los magistrados electorales”, señaló Dolores Padierna, senadora del PRD.

Desde el 2014, cuando el INE eligió a los primeros consejeros electorales locales bajo el nuevo esquema, los cuestionamientos fueron en torno a la imparcialidad de los consejeros.

En octubre de ese año, el senador Javier Corral –hoy candidato del PAN a la gubernatura de Chihuahua- acusó que las designaciones favorecían a personas cercanas al PRI, lo que echaría por la borda el fin último de la reforma político electoral.

“Se ha envenenado la primera gran decisión del INE”, sentenció Corral, “se ha distorsionado la reforma electoral que buscó quitarle a los gobernadores el control de los órganos electorales locales”.

Ahora, varios de los OPLEs de los estados donde habrá elecciones han sido cuestionados por no garantizar la imparcialidad en su conformación.

Ocurre así, por ejemplo, en Chihuahua, donde el PAN impugnó la selección de los consejeros electorales por considerar que, de algún modo, estaban relacionados con el PRI.

Incluso, una de las consejeras –Claudia Arlett Espino- fue señalada de haber sido asesora de la senadora por el tricolor, Graciela Ortiz.

En Oaxaca, la prensa local ha documentado que varios de los consejeros del Instituto tienen vínculos con los partidos políticos y con funcionarios de la administración local.

En Puebla, la oposición ha identificado que cuatro de siete consejeros electorales tienen relación cercana con la administración del gobernador Rafael Moreno Valle.

Lo mismo ocurre en Quintana Roo, donde el PRD acusó que no se dio el nombramiento de consejeros electorales a los más preparados, sino a quienes tenían alguna conexión con el PRI.

En cinco entidades fueron impugnados algunos nombramientos; el INE tuvo que responder con cambios en las estructuras de estos OPLEs.

En Veracruz, sin recursos

Veracruz es uno de los ejemplos de que la reforma electoral y el cambio en la organización de los OPLEs no fue suficiente para que los gobernadores sacaran las manos de las elecciones.

En esa entidad ocurre de la manera más burda: les limitan el dinero. El Gobierno de la entidad no ha entregado los recursos que le corresponden.

De acuerdo con información del Instituto Electoral Veracruzano, el gobierno de Javier Duarte de Ochoa les adeuda más de 180 millones de pesos.

La falta de recursos ha impactado directamente en la organización de las elecciones del próximo 5 de junio, por lo que el Consejo General del OPLE ya evalúa la posibilidad de pedir al INE que atraiga la elección.

Los recursos no solo comprometen el pago de la nómina de los consejeros y empleados del Instituto, sino la impresión de material electoral, el pago para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), entre otros.

Si deciden hacer la solicitud de atracción al INE, sería el Consejo General de ese Instituto el que definiría si toma la organización de la elección en sus manos o da alguna otra solución al tema.

Pero este no es un tema exclusivo de Veracruz; otros gobiernos estatales también adeudan dinero a sus organismos electorales.

José Roberto Ruiz Saldaña, consejero electoral del INE, reveló que son más de la mitad de los gobiernos estatales los que deben dinero a los OPLEs.

“Hay que considerar que, por ejemplo, los OPLEs tienen que mandar a imprimir la propia papelería, documentación y material electoral que se ocupa para el proceso, que son gastos considerables.

“No veo cómo proveedores se puedan animar a dar esos servicios si no hay pagos. Se van atrasando muchas cosas, son demasiados conceptos. Se tienen que establecer consejos distritales, vocales; la lista de consejos es muy larga”, expuso Ruiz.

Los consejeros electorales de Veracruz han determinado esperar hasta este viernes para definir la situación y votar si harán la solicitud formal al INE.

Tamaulipas, sin confianza

En Tamaulipas, el PAN levantó la voz y ha pedido que el INE atraiga la elección local, aunque no ha realizado la petición formal.

La queja contra el Instituto Electoral de Tamaulipas va en dos vertientes.

La primera es que el PAN ha acusado que los consejeros electorales de ese estado han tomado acciones contra sus candidatos.

Ricardo Anaya, presidente nacional de Acción Nacional, afirmó que los consejeros estatales ordenaron a su precandidato a la gubernatura suspender su campaña, argumentando que Francisco Javier Cabeza de Vaca había presentado una copia sin valor de su petición de licencia como senador.

Los panistas señalan que las decisiones del consejo general del OPLE de Tamaulipas intentan dañar a García Cabeza de Vaca.

Sin embargo, aunque Anaya ha informado que pedirá la intervención del INE, no han presentado ante el Instituto la solicitud de atracción.

La segunda vertiente es que, en el nombramiento de los consejeros distritales y municipales, los integrantes del OPLE han privilegiado, acusa el PAN, a personas cercanas al PRI.

“Pareciera que lo que estamos viendo es una incapacidad de este consejo para poder hacer una designación de consejeros que reúnan los perfiles y las características para desempeñar su función, de acuerdo a los criterios que rigen la función electoral

“(La duda está en los) consejos distritales y municipales, que en los hechos van a ejecutar todas las actividades de la elección”, apuntó Francisco Gárate, representante del PAN ante el INE.

Según el PAN de Tamaulipas, de los 967 aspirantes registrados para ser consejeros distritales como municipales, 298 tenían militancia en el PRI; de esa cantidad, fueron designados 212 militantes priistas.

El hecho ya fue impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.