La tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985 en Guadalajara, fue un hecho coyuntural en la historia de la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos en América Latina.
Por este crimen, Rafael Caro Quintero fue encarcelado y a la fecha es una acusación recurrente del Departamento del Tesoro contra las personas que señala como implicados en narcotráfico o lavado de dinero.
En la serie Narcos, de Neflix, una ficción de la vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar, se menciona el trágico suceso como un antecedente que ha marcado las relaciones de los capos de la droga con la agencia antidrogas.
Caro Quintero está en libertad desde agosto de 2013, a pesar de las demandas de extradición del Gobierno de Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro ha investigado la red de financiamiento y coloca a los capos Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza “El Azul” –qué falleció en 2014- y a 11 miembros de la familia de Mauricio Sánchez Garza, como los dueños del enmarañado de empresas que blanquean las finanzas del Cártel de Sinaloa.
La causa de la muerte de “El Azul” no ha sido aclarada. Supuestamente falleció en junio del 2014 víctima de un infarto mientras convalecía tras un accidente automovilístico.
La detención, con fines de extradición, de Sánchez Garza el pasado miércoles, es una pieza en el rompecabezas de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos para golpear las finanzas del grupo criminal.
La aprehensión del empresario revive los fantasmas tapatíos de mediados de los 80, cuando Caro Quintero era uno de los capos de más alto rango en el extinto Cártel de Guadalajara, la semilla del Cártel de Sinaloa.
En aquellas fechas el padre de Sánchez Garza fue acusado, también por autoridades estadounidenses, de ser el prestanombres de Caro Quintero para la adquisición de propiedades.
Mauricio Sánchez Garza fue sentenciado a siete años de prisión por su colaboración con Jorge Vázquez Sánchez –también sentenciado en Estados Unidos en conjunto con el hermano de Mauricio, Alejandro Sánchez Garza- por lavado y extorsionar a un productor de cine para quedarse con los derechos de la película María Madre de Cristo.
Al menos seis miembros de la familia Sánchez Garza han sido acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de blanquear finanzas del narcotráfico: tres de los hermanos de Mauricio, Alejandro, Diego y José de Jesús Sánchez Garza, así como su padre, José de Jesús Sánchez Barba, y su madre, Beatriz Garza Rodríguez.
Alejandro Sánchez se entregó a las autoridades estadounidenses en septiembre del 2012 aceptando su implicación en el blanqueo de capitales.
Está recluido en una prisión de Texas luego de ser sentenciado en el 2013 a cinco años de prisión.
La reciente aprehensión de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y el inicio de su proceso de extradición pone de manifiesto la estrecha relación del gobierno de Enrique Peña Nieto con el de Barack Obama en materia de seguridad y combate al narcotráfico.
Es tiempo de extradiciones y uno de los últimos eslabones de la cadena del extinto Cártel de Guadalajara es Rafael Caro Quintero.
La sociedad y las propiedades
Desde hace tiempo el Departamento del Tesoro le sigue el rastro a varios miembros de la familia Sánchez.
A mediados del 2013, dos meses antes de que Caro Quintero saliera de Puente Grande, el gobierno estadounidense publicó la red de nueve empresas relacionadas a los Sánchez y señaló una de las compañías claves en la sociedad de Esparragoza Moreno, Caro Quintero y Sánchez Garza: Provenza Residencial.
Los Sánchez Garza también tenían grandes negocios comerciales y de entretenimiento en Texas.
Operaban a través de 15 empresas, entre las que se encontraban PonteVedra Apartments, y los bares Barbaresco y la Enteca.
Reporte Indigo publicó en junio del 2012 el reportaje “Imperio azul”, una investigación sobre las empresas ligadas a Esparragoza Moreno, sus cuatro hijos, Brenda Guadalupe, Juan Ignacio, Cristian Iván y Nadia Patricia Esparragoza Gastelum; y su esposa, María Guadalupe Gastelum Payan.
El fraccionamiento de Provenza Residencial y la plaza comercial Provenza Center, también de los Esparragoza Gastelum, se encuentran en una de las zonas de más alta plusvalía de la Zona Metropolitana de Guadalajara: en el sur de la ciudad, hacia donde está creciendo la mancha urbana, en avenida Prolongación López Mateos Sur 555, en Tlajomulco de Zúñiga.
En su comunicado más reciente -abril del 2014- sobre la red de empresas de lavado de dinero, el Departamento del Tesoro señaló a Provenza Residencial como la compañía que “pertenecía o era controlada por” los señalados Sánchez, Caro Quintero y Esparragoza Moreno. Era la empresa donde estaba más clara la sociedad tripartita.
Entre donaciones
En junio del 2013 Reporte Indigo publicó la triangulación de los negocios con una sociedad en la que aparecían el menor de los Sánchez Garza, Diego, y la esposa de ‘El Azul’, María Guadalupe Gastelum Payan.
Dicha asociación se realizó para el desarrollo del exclusivo fraccionamiento Provenza.
En la ficha técnica del gobierno de Estados Unidos también se mencionan los negocios restauranteros de los hermanos en la colonia Providencia: el bar Lucrecia y el Barbaresco.
En el Registro de la Propiedad y del Comercio de Jalisco aparecen 33 predios de los Sánchez Garza comprados, vendidos, revendidos y donados entre ellos desde 1984 hasta el 2011.
Son terrenos e inmuebles en zonas de alta plusvalía como Colinas de San Javier, Pinar de la Venta y Pontevedra.
La familia también tuvo, según el historial del registro, 11 predios rústicos cercanos a Tesistán sobre la carretera a Colotlán, tres más en la colonia Tabachines, dos en Tlaquepaque y nueve en San Juan de Ocotán.
Éstos últimos fueron adquiridos durante los años 90 por los jóvenes Sánchez Garza. Destaca que en ese entonces tanto Mauricio como Alejandro no rebasaban los 25 años y ya eran propietarios de más de 13 terrenos.
Pero de 2002 al 2004 todos los terrenos de San Juan de Ocotán fueron donados a su madre, Beatriz Garza Rodríguez de Sánchez. Los montos de estas nueve donaciones sumaban más de 146 millones de pesos.
El comunicado de la Procuraduría General de la República del pasado 13 de enero señala: “Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron investigaciones que incluyeron solicitudes de información a diversas dependencias, redes de vínculos, análisis forenses, fichas técnicas, investigación de campo y vigilancia que llevaron a la captura de Mauricio Sánchez Garza, a quien se vincula con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de enervantes provenientes del estado de Sinaloa”.
El de Mauricio Sánchez Garza es el segundo proceso de extradición -después del de Guzmán Loera- que inicia el Gobierno de México en este año ligado al Cártel de Sinaloa.
Conexión Jalisco
Desde el 2012, Reporte Indigo ha documentado las relaciones comerciales entre la familia Garza Sánchez, Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza: