Los gobiernos de Jalisco y Guanajuato están empeñados en darle continuidad al proyecto de la presa y acueducto El Zapotillo-León, sin embargo, desde las comunidades afectadas se sigue pugnando por su cancelación.
La negativa no se debe solo al riesgo de que sus poblados sean inundados, sino por la insuficiencia de agua en la región que hacen inviable la obra.
Esto lo han defendido los pobladores de Temacapulín, Acasico y Palmarejo tanto en reuniones con autoridades como a través de denuncias públicas y en los tribunales, los cuales les han concedido suspensiones a las obras por las irregularidades.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el nuevo acuerdo no contempló la reunión con poblaciones afectadas ni con organizaciones defensoras de sus derechos
Con alrededor de 13 años de lucha por la defensa de sus tierras, ahora se avecina una batalla para que el nuevo acuerdo de entendimiento entre Jalisco y Guanajuato no sea aprobado.
A finales de junio los gobernadores de las entidades involucradas hicieron un anuncio conjunto en el cual señalaron que se había llegado a un nuevo acuerdo de distribución del agua en el cual Jalisco tendría el 76 por ciento y Guanajuato el 24, por lo que se pondría a consideración este tema en el Congreso de Jalisco, donde ya se está cabildeando el voto a favor del proyecto de Enrique Alfaro, mandatario de la entidad tapatía.
Ante este panorama, organizaciones de la sociedad civil han denunciado que el nuevo acuerdo no contempló la reunión con poblaciones afectadas ni con organizaciones defensoras de sus derechos, mismas que han trabajado en conjunto por más de una década para frenar el proyecto de El Zapotillo.
Además, asociaciones como el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC) han señalado que las autoridades federales están a la expectativa de nuevas investigaciones sobre la posibilidad de seguir explotando las regiones acuíferas de la zona de Los Altos de Jalisco, en donde se encuentra la presa.
De ahí que anunciaran el no respaldar el acuerdo de entendimiento que hasta ahora han firmado los gobiernos estatales de Jalisco y Guanajuato.
“La propia Comisión Nacional del Agua no comparte las cantidades de agua que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato dicen que está en la Cuenca del Río Verde. El arreglo fue que este acuerdo (de entendimiento) no pasará por la aprobación de la CONAGUA y el Gobierno federal, que debe continuarse este proceso de búsqueda de una gestión integral del agua o de soluciones alternativas al Zapotillo”.
Así lo dijo María González Valencia, representante del IMDEC, luego de una reunión entre organizaciones, afectados y funcionarios públicos del Gobierno federal, como el secretario del Medio Ambiente, Víctor Toledo, y el coordinador de asesores de la Presidencia de la República, Lázaro Cárdenas Batel. Incluso se mencionó que en dicha reunión Toledo reconoció que ‘las presas no son la solución’.
Quien también estuvo en la reunión fue la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, quien dijo a las poblaciones afectadas que se realizarían nuevos estudios sobre la cantidad de agua que existe en la zona, para que con ello se determine si sigue siendo viable la construcción de la presa, debido a que los estudios que fundamentan los acuerdos actuales datan de por lo menos una década.
Se va a hacer un análisis de fondo para encontrar alternativas de solución para los dos estados de largo alcance (…) acordamos una visita a las comunidades a finales de julio o en agosto, porque en esta reunión se señaló los costos excesivos de la obra de la presa El Zapotillo y también los gastos excesivos por la operación del funcionamiento de este sistema que nos parece obsoleto en estos tiempo
Voces técnicas han argumentado en los últimos días que los discursos gubernamentales sobre la distribución del agua carecen de evidencia científica.
Por ejemplo, Juan Guillermo Márquez Gutiérrez, presidente del Consejo Regional para el Desarrollo Sustentable, señala que existe una sobreexplotación del agua por la naturaleza agrícola de la región, lo que provocará que en pocos años pierda su capacidad de dotar de agua la zona.
Durante su visita a México, diversas organizaciones también se dirigieron a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que expresara una opinión en contra de la continuación del proyecto El Zapotillo.
A lo largo de más de una década el costo económico de la construcción ha ido en aumento.
Actualmente, el gobierno está usando cerca de 270 millones de pesos tan sólo para el mantenimiento de las obras que se encuentran detenidas
Aunado a que el costo de la obra pasó de siete millones de pesos a 35 mil millones, de acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por las organizaciones defensoras, como el IMDEC.
Otras voces federales, incluso de Guanajuato, han expresado su negativa a que los gobiernos estatales y el federal continúen con la construcción de la presa El Zapotillo, como la senadora de Morena, Antares Vázquez Alatorre, quien dijo que este proyecto es un paliativo al problema del agua.
“Yo sé que El Zapotillo es un paliativo para el agua en León por unos años, definitivamente no es una solución permanente de agua, tenemos una carencia extrema en el estado de Guanajuato en general. En la zona del norte, del noroeste por ejemplo, hace años que están consumiendo agua fósil, en el sur y en León y la zona del corredor industrial estamos en ese punto también. El Zapotillo beneficiará a León, no a todo el estado y por unos años”, dijo la representante por Guanajuato.
Este jueves se publicó un desplegado por parte de diversos miembros del sector agropecuario, productores lecheros y líderes del campo en Jalisco que mostraron su apoyo al acuerdo de entendimiento de Enrique Alfaro, señalando que confiaban en que la validación del documento estará basada en estudios técnicos. No obstante, hasta la fecha se desconoce el contenido del acuerdo.
