Los partidos políticos en la Ciudad de México siempre aprovechan las emergencias — como la pandemia o el 19S— para posicionarse debido a la cultura que existe de crear clientela para ganar base social, dice Artemisa Montes Sylvan, académica de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle y directora del Observatorio Mexicano de la Crisis.
“Una emergencia es el caldo de cultivo perfecto porque la gente que no te apoyaba antes, ahora necesita que le reconstruyas su casa y puedes usar eso como forma para ganar base social”, menciona.
En la capital del país, las fuerzas políticas piden a sus candidatos a cargos de representación popular tener una base social para ganar votos y es esto lo que ha generado que haya una cultura clientelar donde los servidores dan algo a ciertos sectores de la población a cambio de su respaldo, dice.
“Tenemos una cultura clientelar muy fuerte que viene desde los años 30 y nunca se construyó una democracia de participación libre”, declara.
Otro ejemplo es la pandemia que actualmente atraviesa la ciudad y el país, en la que legisladores locales han dado apoyos personalizados con los que difunden su imagen y obtienen simpatizantes.
Los diputados llaman a los módulos de atención o hacen recorridos para dar guantes, cubrebocas o apoyos alimentarios y así también ellos obtienen publicidad
Un caso que fue denunciado por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino es el del diputado local, Norberto Nazario Sánchez.
En julio pasado, el PAN pidió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) investigar al morenista por vender despensas a 30 pesos a cambio de una copia de la credencial de elector.
Además, Víctor Hugo Lobo, coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó en agosto que varios diputados estaban repartiendo despensas en pandemia y así cometiendo actos políticos anticipados de campaña.
El perredista señaló que su partido ya había presentado las denuncias correspondientes a la Contraloría General por el uso de recursos públicos con fines electorales.
Montes Sylvan atribuye esta situación a que existe un vacío institucional que deja sin efecto a las autoridades encargadas de supervisar el gasto público.
Refiere que un ejemplo de esta situación son los concejales quienes tienen la responsabilidad de vigilar el gasto en las 16 alcaldías pero sus titulares los excluyen.
