El ultimátum

El conflicto al interior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tiene un plazo fatal. Si no termina antes del 15 de marzo, todos, disidentes y autoridades, serán destituidos.

Esa es la resolución del grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –los bejaranistas– que en los próximos días hará pública esta decisión.

Esta decisión ya tiene el aval de otras fuerzas políticas en la capital del país, debido a que la crisis en la institución académica ha llegado a la ingobernabilidad.

Jonathan Villanueva Jonathan Villanueva Publicado el
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funcionarios destituidos
Ya ni siquiera está claro quién tiene que administrar el presupuesto que recibe la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Los bejaranistas, mayoritarios en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, dicen que no están dispuestos a que se pierda otro año

El conflicto al interior de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) tiene un plazo fatal. Si no termina antes del 15 de marzo, todos, disidentes y autoridades, serán destituidos.

Esa es la resolución del grupo mayoritario de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) –los bejaranistas– que en los próximos días hará pública esta decisión.

Esta decisión ya tiene el aval de otras fuerzas políticas en la capital del país, debido a que la crisis en la institución académica ha llegado a la ingobernabilidad.

La lucha de poder entre la rectora de la UACM, Esther Orozco, y sus detractores provocó un impasse en las finanzas de esa casa de estudio y prendió los focos rojos en el gobierno capitalino.

Las autoridades locales ya no tienen claro quiénes están autorizados para administrar los 897.8 millones de pesos que recibe la UACM para sus actividades ordinarias de este año.

El tema de fondo es que en la última semana los antiorozquistas removieron del cargo a la rectora, a José de Jesús Izquierdo Ubaldo, abogado general, a Verónica Cuenca Linares, contralora general, a Karina Chaparro Alvídrez, tesorera, y a Claudia Macedo, directora de Comunicación Social.

En respuesta, la Contraloría suspendió temporalmente de sus cargos y comisiones a 30 consejeros universitarios académicos y administrativos  opositores a Orozco por participar en el proceso de revocación.

Pero ambas resoluciones están en duda, por las lagunas jurídicas de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en esa materia.

Por eso, los dos bandos están dispuestos a judicializar el pleito el tiempo que sea necesario y hasta la última instancia: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Así la cosas, la injerencia de la ALDF es inevitable. Máxime cuando el periodo ordinario de sesiones arranca formalmente el próximo 15 de marzo de 2013.

Los linchamientos

Desde el 20 de febrero de 2013 una comitiva de la UACM elaboró la propuesta de remoción de Orozco y sus afines para poner punto final al conflicto para la que era necesario el aval del Consejo Universitario.

Pero este órgano rector está dividido y no ha podido sesionar en forma conjunta, pues de los 50 integrantes –alumnos y académicos– 24 pertenecen al grupo de la rectora y el resto es disidente. 

Es así como los antiorozquistas sesionaron por separado la semana anterior y  dieron un plazo de cinco días para que la rectora impugnara la determinación de quitarla del puesto.

La negativa de Esther Orozco no se hizo esperar e ignoró el fallo. 

Tras vencer el plazo, los disidentes acordaron buscar un rector sustituto y comenzar el trámite de entrega recepción.

La tarde del martes pasado, un grupo de académicos y estudiantes comenzó a clausurar con sellos las oficinas de los destituidos.

Durante su recorrido detectaron que la Contraloría, ubicada en el plantel Del Valle, estaba completamente vacía y anunciaron que emprenderán acciones legales.

A lo largo de esta semana también se pronunciaron por nombrar al filósofo Enrique Dussel como  nuevo rector de la UACM y por denunciar penalmente a Orozco si usurpa la función de rectora.

Mientras tanto, los orozquistas sostienen que la autoridad no ha sido removida debido a que el Consejo Universitario real es el que es afín a la rectora y que acudirán a la SCJN si la quitan.

Y lanzaron una advertencia: “En caso de que autoridades del Distrito Federal avalen la imposición de un rector ilegal en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) se recurrirá al máximo tribunal de este país”.

En conferencia de prensa afirmaron que si se impone un rector a modo, no denunciarán a la autoridad que de ese aval.

“Al tratarse de una institución plural y abierta que alberga distintas corrientes ideológicas, todas las voces, y no sólo la de los paristas, deben participar en la toma de decisiones que afectan el desarrollo académico, administrativo y laboral”, afirmaron los cercanos a la rectora.

Incluso, advirtieron que los disidentes están dispuestos a promover actos vandálicos en los próximos días como medida de presión para quitar del cargo a Orozco, por eso pidieron el apoyo de la comunidad universitaria.

Sin embargo, los alumnos y profesores ajenos al conflicto exigieron la desaparición de poderes –la autonomía– de esta casa de estudios– para  que la paz regrese a la UACM.

La solicitud fue rechazada de inmediato por los bloques en disputa y amagaron con continuar su lucha.

La decisión

De acuerdo con el diputado Eduardo Santillán, la rectora Esther Orozco se irá de una u otra forma de la institución, y si los disidentes no demuestran capacidad de negociación correrán la misma suerte.

Para ello en la ALDF preparan una iniciativa de ley para reformar la Ley Orgánica de la UACM y hacer desaparecer los poderes dentro de la casa de estudios.

“De tal modo que podemos removerla del cargo y eliminar el Tercer Consejo Universitario. En una posición más dura podemos, incluso, hacer desaparecer la autonomía de la universidad”.

El legislador perredista explicó que la autonomía habla de la responsabilidad de las instituciones para autogobernarse y que eso dejó de pasar hace un año en la UACM.

“El problema mayor está en que la Ley Orgánica de la UACM tiene vacíos legales que hacen endeble cualquier resolución de las partes en conflicto, y en consecuencia se puede alargar el pleito por tiempo indefinido.

“Eso es lo que no vamos a permitir, más cuando el presupuesto de esa casa de estudios está en jaque, pues estamos en el momento donde todo mundo ha sido destituido del cargo”.

El plazo fatal termina la siguiente semana. Mientras, sigue la guerra de sanciones entre los opositores a Orozco y la Rectoría y no hay punto de convergencia.

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