El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que tiene entre sus responsabilidades la imposición de las sanciones en los casos graves de corrupción, se ha autodiagnosticado como un organismo “rebasado” por la carga laboral que enfrenta, de acuerdo con su “Plan General Estratégico 2018-2024”.
En este documento actualizado en el año 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa, uno de los eslabones del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, asegura que la carga laboral con la que está lidiando es la de mayores dimensiones en el país, en una comparativa con el resto de los tribunales administrativos en las entidades federativas.
Dice el Plan General: “El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, dotado de plena autonomía para impartir justicia, es de observar que en sus seis Salas Unitarias y la Sala Superior conformado con sus tres ponencias, procura dirimir las controversias suscitadas entre la administración y los particulares, sin embargo, se intenta contrarrestar la enorme demanda que existe en cada una de las Salas, viéndose en la imperiosa necesidad de que los servidores públicos que laboran en el referido Tribunal, tengan bajo su responsabilidad una demanda excesiva de juicios, que humanamente los rebasa, por lo que se pudiese en algún momento contemplar un aumento de capital humano, material y financieros”.
Y complementa: “Por otra parte, según datos obtenidos, en 2019, mediante solicitudes de información a los tribunales administrativos de las entidades federativas, Jalisco se encontraba en primer lugar de las entidades federativas con el mayor número de demandas recibidas al año en materia administrativa”.
En efecto, el documento presenta un “Comparativo de demandas recibidas por entidad federativa en 2019”, que coloca al Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco en el primer lugar nacional, con 21 mil 341 demandas; mientras que en el segundo sitio se encuentra el Tribunal de la Ciudad de México, con 17 mil 992 demandas; y en el tercer lugar el Tribunal respectivo del Estado de México, con 7 mil 028 demandas.
El organismo que está a cargo de resolver los castigos para los servidores públicos que incurren en actos de corrupción de gravedad, evidencia de la siguiente forma la saturación que están presentando sus áreas y trabajadores: “No puede pasar inadvertido que en el año 2018 se recibieron 16 mil 195 demandas y para el año 2020 fueron 22 mil 074 que representa un incremento de 5 mil 879 asuntos, esto es, un aumento en el trabajo jurisdiccional del 36.30% en los últimos 3 años”.
Presupuesto y justicia
El presupuesto público que recibe el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco es uno de los más grandes a nivel nacional, cuando se le compara con el que ejercen los otros tribunales de su tipo en las entidades federativas, sin embargo, aquel asegura que el costo promedio de sus juicios es también uno de los más bajos en México.
Así lo señala el Plan General: “Por lo que respecta al presupuesto asignado en 2019, Jalisco se encuentra en el tercer lugar entre las entidades federativas que más presupuesto ejerció, una vez más por debajo de la CDMX y del Estado de México”.
El Tribunal de Jalisco tuvo asignados ese año 160 millones 885 mil 767.20 pesos; mientras que el de la Ciudad de México ejerció un monto de 515 millones 046 mil 942.00 pesos, la mayor cifra desde una perspectiva nacional.
Agrega el documento: “En este rubro para el 2019, el estado de Jalisco es la segunda entidad federativa con menor costo promedio por juicio que es de 7 mil 538.81 pesos, solo por debajo del estado de Sinaloa, por su parte el costo en CDMX fue de 28 mil 626.44 pesos y en el Estado de México de 27 mil 539.32 pesos”.
El Tribunal tiene diferentes tareas dentro de sus actividades cotidianas: “Dirimir las controversias de carácter administrativo que se susciten entre la administración pública local, municipal y de los organismos descentralizados de aquellas con los particulares, imponer las sanciones tanto a los servidores públicos estatales y municipales como a los particulares por actos vinculados con dichas responsabilidades; así como fincar el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños”.
Resultados pendientes contra la corrupción
A diferencia de lo que está ocurriendo con instancias como la Contraloría del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que comienzan a mostrar resultados en la persecución de los hechos de corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa aún no ha destacado por alguna acción trascendente en este ámbito.
Lejos de eso, recientemente uno de sus magistrados fue denunciado penalmente por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI), por contravenir la legislación en esta materia.
“Por incumplir con lo ordenado en la resolución definitiva relativa a los recursos de transparencia 280/2021 y 383/2021, el Pleno del ITEI, (…) ordenó arresto administrativo de 12 horas por cada recurso, al titular de la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa (…), Magistrado Armando García Estrada. (…) Se instruyó a la Dirección Jurídica del Órgano Garante, para que elabore la denuncia penal correspondiente en contra del magistrado Armando García Estrada, por el incumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, informó el organismo el 17 de agosto de 2022.
Aquel día, el comisionado presidente, Salvador Romero Espinosa, expuso: “Desde hace algunos meses que estamos en revisión del portal de transparencia del Tribunal de Justicia Administrativa y existe una Sala, la Cuarta Sala (…), que lamentablemente no ha publicado dichas resoluciones (sentencias), por lo cual se hace un estudio dentro de estos expedientes (los recursos citados) (…) en los cuales después de diversos requerimientos, de imponer diversas medidas de apremio, primero una amonestación pública, después una multa y ahora se llega a la última de las medidas de apremio que nos permite la Ley de Transparencia, que es el arresto administrativo”.
Por arresto administrativo, se entiende que es una detención de personas por el Estado sin que medie juicio.
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