No hay vuelta atrás. En pocos días Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México y contará con la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Pese a ser el presidente más votado y contar con una holgada mayoría, no le será sencillo al político tabasqueño gobernar por los detractores que se ha ganado en el camino.
Aunque el PRI está sensiblemente disminuido tras padecer la peor derrota de su historia, y el PAN y el PRD mantienen disputas a su interior, los tres partidos tienen un objetivo en común el cual podría unirlos y revivirlos: ser la nueva oposición y enfrentarse a la enorme maquinaria de Morena.
La sociedad civil organizada también fungirá como una oposición constante al nuevo gobierno, como ocurrió en las discusiones sobre la Fiscalía General de la República o la Ley de Seguridad Interior
El 1 de julio pasado, López Obrador ganó en 31 de los 32 estados de la República, por lo que las entidades no deberían de ser territorio hostil para el próximo presidente.
Por su parte el PAN, quien acaba de librar una disputa interna por la reciente renovación de su dirigencia nacional, ha asegurado ser la oposición real a Morena y ha lanzado advertencias al partido guinda de combatirlo.
“Acción Nacional eligió a su dirigencia nacional con una alta participación, arriba del 60 por ciento, a esta dirigencia la eligieron los militantes casi con el 80 por ciento del apoyo, de forma contundente. Eso nos compromete. Nos compromete a hacer las cosas bien, a combatir de forma clara, de forma contundente contra lo que se viene en el próximo gobierno ahora llamado Morena, ese viejo régimen priista”, mencionó Marko Cortés el pasado 19 de noviembre al tomar protesta como dirigente nacional del albiazul.
Tras la elección del 1 de julio, el PRI también estableció que sería una oposición con responsabilidad.
“Vamos a actuar de cara a la nación como una oposición responsable, constructiva, que anteponga siempre el interés supremo de México. Siempre que sea necesario acordar y construir acuerdos, el PRI actuará responsablemente”, dijo el 4 de julio pasado su entonces presidente nacional, René Juárez Cisneros.
Pese a las posturas del tricolor y del albiazul, la realidad es que son partidos que se encuentran divididos tras la derrota en las urnas donde Morena arrasó con mayoría en el Congreso y con la Presidencia, asegura Juan Francisco Torres Landa, miembro de la asociación México Unido Contra la Delincuencia.
“El PAN está hiperfracturado; al interior tienen más tiempo para pelearse entre ellos antes de darse cuenta que tendrán un papel importante como oposición. El PRD se muestra tan debilitado y tan fragmentado que está desdibujado”
Contrario a lo previsto en el radar de Morena, la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para la creación de la figura de los coordinadores estatales, despertó protestas en un grupo de gobernadores.
Desde otro flanco alejado del partidismo, Javier Corral gobernador de Chihuahua y Enrique Alfaro, gobernador electo de Jalisco, pactaron defender la soberanía de sus estados ante el nuevo gobierno federal y sus coordinadores estatales también llamados ‘superdelegados’.
En el Congreso, esta acción para la integración de los coordinadores estatales ya hizo coincidir posturas del PAN y del PRI, debido a que la semana pasada sus dirigentes nacionales, Marko Cortés y Claudia Ruiz Massieu, respectivamente, informaron que analizan interponer un recurso de inconstitucionalidad para frenar la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública y así evitar que entren en función los superdelegados.
Gobernadores alzan la voz
La unión entre Alfaro y Corral se dio luego de que el viernes pasado, el senador morenista, Felix Salgado Macedonio, amagara a los gobernantes opositores con desaparecer los poderes y el pacto federal si se oponían a los mandatos constitucionales promovidos por Morena, tras haberse aprobado en el Senado la creación de los coordinadores estatales.
“Aquí hay que recordarle a los gobernadores que el Senado, es donde se discute, se analiza la viabilidad de estas leyes y que somos garantes del cumplimiento de ellas. Aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, aquí se puede dictar la desaparición de poderes”, dijo el morenista.
Durante el fin de semana Alfaro y Corral se aliaron, pintaron raya y rechazaron cuadrarse ante el próximo gobierno federal.
“Todo esto se está planteando como una ruta para ir debilitando paulatinamente las facultades y atribuciones de los Gobiernos locales. No es bravuconada, no es amague ni mucho menos, en Jalisco eso no va a pasar. Diga lo que diga Salgado Macedonio y nos amenacen cuanto nos amenacen, lo que queremos decir es que esta lucha por defender la soberanía de los estados apenas inicia”, dijo Alfaro, quién agregó que es falso que él u otros mandatarios quieran chantajear a López Obrador, como lo dijo el tabasqueño.
Por su parte Corral rechazó la intromisión del Ejecutivo federal en los estados a través de los superdelegados y exigió un reparto justo del presupuesto.
“Un diálogo en la convergencia con Enrique Alfaro y el compromiso sellado de convertirnos en promotores y aliados por un nuevo acuerdo de coordinación fiscal, la defensa de la soberanía de nuestros estados y llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha anticorrupción”, anunció Corral a través de su cuenta de Twitter.
La creación de los coordinadores estatales por parte de Morena, despertó protestas en un grupo de gobernadores, se sumaron las del PRI y el PAN
Para Torres Landa, ante una oposición política débil, quienes podrían hacer sombra y servir como contrapesos en el siguiente gobierno son los mercados internacionales y la sociedad civil organizada, pero estos primeros son muy volátiles y de ver amenazados sus intereses huirían del país.
Por su parte la sociedad civil quedó decepcionada tras el anunció de una fiscalía alineada al poder y la continuidad a la estrategia de militarización para combatir la inseguridad en el país, por lo que decenas de organizaciones miembros de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #SeguridadSinGuerra anunciaron que se convertirían en oposición al gobierno de López Obrador.
“Nos sentimos muy decepcionados porque esto es peor de lo mismo, lejos de apostarle a la institucionalización y de revertir las tendencias de abusos a derechos humanos vemos una secuela de soberbia en la cual ellos sienten que no deben de dar explicaciones porque tienen el apoyo popular. Esto debilita a las instituciones, fomenta el autoritarismo, no abona a un proceso democrático y además adereza un gran grado de intolerancia. Con todo esto combinado las perspectivas son preocupantes”, concluyó Torres Landa.
