El tercer frente de batalla

El conflicto entre la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y un bloque del Consejo Universitario es un completo desbarajuste. No solo parece no tener fin, sino que ahora se ha abierto un tercer frente de batalla.

Se trata de los “neutrales”. Los que están inconformes con las posturas radicales de ambos bandos. Los 78 días de huelga han afectado a miles de estudiantes y a una gran parte del personal docente que no simpatiza con ninguna de las partes involucradas.

En consecuencia,  la crisis se ha fragmentado y ha llegado al punto de los golpes y amenazas.

La única esperanza que hay para aminorar el pleito tripartita es la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que interviene desde el lunes 12 de noviembre para mediar entre los bandos.

La situación empeoró debido a que el gobierno de la Ciudad de México no ha podido dar solución a la huelga y a que el próximo mandatario local, Miguel Ángel Mancera, ha decidido no intervenir ni pronunciarse en ningún sentido, al menos durante la recta final del gobierno marcelista.

Al rojo vivo

La pugna entre los disidentes, profesores y estudiantes, con la rectora de la UACM, María Esther Orozco, está al rojo vivo. Ninguna de las partes cede a sus pretensiones de controlar el centro de estudios.

En múltiples ocasiones se han acusado mutuamente de actos de intimidación y radicalismo. Incluso, la crisis se ha trasladado al ámbito judicial mediante denuncias de tipo penal.

Mientras tanto, las instalaciones de los cinco planteles están tomadas, incluyendo la rectoría, lo que ha frenado el normal funcionamiento administrativo de la UACM.

Y es ahí donde el personal docente que no participaba en el conflicto se ha visto afectado, principalmente en su bolsillo, ya que la rectoría, instancia donde se concentra el área financiera y administrativa de la Universidad, es la encargada del pago de los honorarios.

Por eso, en la madrugada del viernes pasado, los neutrales dejaron de serlo. Entre gritos y empujones intentaron liberar el edificio para tener acceso a sus pagos quincenales.

En las primeras horas del 9 de noviembre se registraron, por lo menos, tres conatos de bronca entre los huelguistas . Hay cerca de 200 trabajadores que no han podido cobrar su quincena.

El miércoles pasado la rectora informó que la huelga generó más de 196 millones de pesos en pérdidas: tanto en sueldos como en proyectos académicos y licitaciones suspendidas, una situación que se va agravando con el paso de los días.

Por eso, los neutrales presionaron y lograron un cambio. Lograron la entrada al área administrativa para el pago de las nóminas, pero advirtieron de que, si se siguen obstaculizando sus ingresos, intervendrán con mayor fuerza en el conflicto.

Y para ello necesitaron el apoyo de la CDHDF, que presenció el acceso de una persona que pudiera liberar los salarios de quienes trabajan en la institución académica.

Cruce de acusaciones

Sin embargo, las acusaciones van en aumento.  A comienzos de esta semana, la rectora María Esther Orozco responsabilizó, por primera vez y de manera directa, a su antecesor Manuel Pérez Rocha de dirigir la huelga.

En una entrevista con medios de comunicación dijo: “Invito al ingeniero Pérez Rocha a señalar los cambios que dice se han realizado a dicho modelo, y además, ya que asume públicamente estar al frente del movimiento, le pido que instruya a sus seguidores para que liberen los planteles”.

El ex rector se ha pronunciado a favor de los huelguistas con el argumento de que la intención de la actual administración escolar es modificar el modelo educativo.

Reporte Indigo dio a conocer en su edición del 6 de septiembre la afinidad política de los grupos en cuestión con el mandatario local, Marcelo Ebrard, y el ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ahí se detallaba que una de las principales molestias del personal docente es la supuesta intención de la rectora de implementar exámenes de admisión y elevar el nivel académico. 

Diálogo entre sordos

El gobierno de Marcelo Ebrard no ha podido solucionar el conflicto. Y la administración entrante no ha querido pronunciarse.

En entrevista, el jefe de gobierno electo Miguel Ángel Mancera dijo que confía en que el conflicto será resuelto durante la actual administración, cuyo mandato expira en 15 días.

En sus escuetas declaraciones, hizo énfasis en que, por el momento, es este gobierno el que valora la forma de intervenir, tal y como lo piden las autoridades universitarias: “En su momento, ya veré lo que tendremos qué hacer”.

Y la Asamblea Legislativa del DF, órgano al que también le han pedido su intervención, tampoco ha querido pronunciarse.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados, solo se manifestó en contra de que se haga uso de la fuerza pública para solucionar el conflicto que vive la UACM.

“La ALDF en todo momento será respetuosa de la autonomía de la casa de estudios, cuya crisis se debe enfrentar con cautela y prudencia para que no afecte aún más a la comunidad universitaria”.

Pero legisladores de otras fracciones convocaron a las partes de la UACM a una mesa de trabajo organizada por la misma Asamblea Legislativa y pusieron en jaque las instrucciones que tenía Granados (esperar).

Al respecto,  la rectora María Esther Orozco comunicó el lunes 12 de noviembre ante los medios de comunicación que asistirá a la mesa de diálogo convocada por la ALDF para resolver la situación.

En ese marco, el secretario de Educación, Salvador Martínez Della Rocca, aprovechó para asegurar, por segunda vez, que esta administración terminará con el conflicto.  

El 17 de octubre pasado aseguró que el paro había concluido. Que las partes involucradas habían llegado a un acuerdo, pero los hechos lo desmienten.

Pero esta vez, el fin del conflicto no deriva de su intervención, si no de lo que hayan logrado la ALDF y la CDHDF en la reunión de ayer. De momento, las acusaciones no cesan.