El subejercicio criminal de Aristóteles Sandoval
El Gobierno de Aristóteles Sandoval tuvo que devolver 45.2 millones de pesos que le había proporcionado la Federación para el rubro de seguridad pública por no usarlos. Jalisco fue el noveno estado más ineficiente en la aplicación de este fondo en el periodo 2013-2018
Luis HerreraDurante el sexenio que encabezó el exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz, el estado perdió una bolsa de recursos públicos superior a los 45 millones de pesos que le había sido transferida por el Gobierno federal para ser invertida específicamente en materia de seguridad.
De acuerdo con registros obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las ineficiencias que presentó el gobierno de Sandoval Díaz en la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) causaron que tuviera que devolverle a la Federación ese monto millonario.
Se trata de 45 millones 246 mil 492.15 pesos que el Gobierno federal le había entregado a Jalisco a través del FASP para mejorar sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero que no fueron ejercidos por la autoridad estatal, por lo que tuvo que retornarlos.
Las reglas de operación del FASP obligan a los gobiernos estatales a ser eficientes en el aprovechamiento de este recurso para la seguridad pública, por ello, la parte del subsidio que no haya sido ejercida en los plazos previstos debe serle devuelta de forma íntegra al Gobierno federal.
Por ejemplo, el convenio del FASP del año 2018 que firmó Jalisco en el que Secretariado establecía en la cláusula Tercera este par de compromisos del Gobierno estatal, en la fracción V.
“Reintegrar a la Tesorería de la Federación a más tardar el 15 de enero de 2019, los recursos del ‘FASP’ con los rendimientos financieros generados que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018, no hayan sido devengados por sus entes públicos o no estén comprometidos en los términos previstos en el artículo 4, fracciones XIV y XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental”
Y “cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2019, con los recursos del ‘FASP’ que al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2018 se hayan comprometido o devengados pero que no hayan sido pagados, debiendo reintegrar los recursos remanentes a la Tesorería de la Federación a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes una vez cumplido el plazo referido”.
El gobierno del priista, que cubrió el periodo de 2013 a 2018, registró en todos los años de su gestión devoluciones al Gobierno federal del FASP hasta sumar esos más de 45 millones de pesos, según los registros del Secretariado Ejecutivo del SNSP entregados vía transparencia (folio 2210300060819).
Durante los primeros cuatro años del sexenio de Sandoval Díaz, el nivel de subejercicio del FASP se mantuvo por debajo de los 4 millones de pesos, sin embargo, el grado de ineficiencia en el gasto de ese fondo se agravó de una manera importante en el 2017 y en el 2018, los últimos del mandatario priista.
De esta forma, mientras en 2016 el Gobierno de Jalisco no aprovechó una fracción de 2 millones 641 mil 896.22 pesos del FASP que ya tenía en sus manos, para 2017 la proporción del subsidio que no fue ejercida se elevó a 14 millones 943 mil 405.26 pesos; y para el 2018 las cosas fueron aún peores, pues el estado dejó de invertir otros 17 millones 805 mil 548.31 pesos del FASP de esa anualidad.
Dinero desaprovechado
En ese sexenio (2013-2018) que coincide además con la gestión del expresidente, Enrique Peña Nieto, el Gobierno estatal de Aristóteles Sandoval Díaz fue uno de los diez más ineficientes en el país respecto al aprovechamiento del FASP que le era transferido por la Federación.
Los registros del Secretariado Ejecutivo del SNSP colocan a Jalisco como el noveno estado del país que más recursos del FASP le regresó a la Federación en ese periodo por la falta de aplicación de los mismos.
En los primeros tres lugares están Guanajuato, que le devolvió en ese sexenio 190 millones 578 mil 450.70 pesos; seguido del Estado de México, con 129 millones 481.17 pesos; y Querétaro, con 81 millones 833 mil 252 pesos.
A nivel nacional y durante esos seis años, los gobiernos de las 32 entidades federativas sumaron mil 213 millones 99 mil 902.62 pesos que no aprovecharon para el mejoramiento de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia que les habían sido asignados como parte del FASP.
Del 2013 al 2018, los gobiernos de los 32 estados del país sumaron más de 1, 213 millones de pesos no utilizados
La violencia creció en gobierno de Aristóteles Sandoval
El gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz devolvió más de 45 millones de pesos del FASP a pesar de que durante ese sexenio, el estado entró en un proceso de agravamiento de las condiciones de violencia e inseguridad, particularmente en la última parte de la administración priista.
El FASP no solo pudo fortalecer a la Fiscalía General de Jalisco que en ese entonces fusionaba a la Policía del estado, a las áreas de procuración de justicia y de reinserción social, sino que también al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).
Precisamente, la falta de inversión en el IJCF fue uno de los factores que llevaron al organismo a enfrentar en 2018 la crisis más profunda que ha conocido en lo que lleva de existencia, con una saturación muy grave de cadáveres no identificados que culminó en el episodio del “tráiler de la muerte”: aquel frigorífico con 273 cuerpos que deambuló por Guadalajara, en una noticia que le dio la vuelta al mundo.
El dinero que perdió Jalisco en esos años equivale, de hecho, a una cuarta parte del presupuesto que tuvo el IJCF en 2018 (178 millones 806 mil 545 pesos), pero también supera a lo asignado ese año para “Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas” (17 millones 177 mil 706 pesos) y al Centro de Justicia para las Mujeres (28 millones 703 mil 373 pesos).
El convenio citado obligaba a Jalisco a “orientar las acciones del personal policial a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, y esclarecer los hechos, así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares”.
