El silencio de los desplazados por la violencia en Guerrero

En los últimos 16 años cientos de miles de personas fueron desplazadas en México por desastres naturales, la violencia entre comunidades y el terror que ejerce el crimen organizado sobre la población.

Guerrero es uno de los estados más afectados por esta problemática. Organizaciones defensoras de derechos humanos estiman que, desde 2016, fueron víctimas de desplazamiento forzado más de 30 mil personas en esta entidad, de las cuales al menos 7 mil huyeron del estado durante el mandato de Evelyn Salgado Pineda, quien asumió el poder el 15 de octubre de 2021.

Especialistas en materia de seguridad, señalan que actualmente esta entidad atraviesa por un debilitamiento de las instituciones tras el paso del huracán Otis, los que favoreció a que grupos armados y del narcotráfico secuestraran comunidades, impusieran su ley de plomo y desplazaran a su población.

Terror en El Terrero

Susana, a quien llamaremos así para proteger su identidad y la de sus familiares, lleva poco menos de seis meses asilada en Estados Unidos, pues tuvo que salir huyendo de la comunidad de El Terrero, en el municipio de Juan R. Escudero, ubicado a unos 47 minutos de Acapulco.

La violencia que le arrancó la tranquilidad inició el 22 de octubre de 2023, el mismo día que el huracán Otis se formó y días antes de que el fenómeno meteorológico arrasara con Acapulco y otros municipios guerrerenses, cuando tres personas de su comunidad desaparecieron y encendieron las alertas entre los pobladores de la comunidad.

Posteriormente, los restos de los desaparecidos fueron abandonados en un tramo carretero colindante con la comunidad de Tlayolapa.

“Cuando encontraron a los muertos ya teníamos la amenaza de que iban a entrar al pueblo”, narra Susana, quien días después tuvo que dejar su terruño para salvar su vida y la de sus hijos.

Los restos en pedazos de los hombres de 16, 19 y 45 años fueron recogidos y los habitantes del pueblo intentaron darles sepultura; sin embargo, el asedio del grupo armado –presuntamente identificado como Federación Guerrerense– subió de nivel y comenzaron a infundir terror con disparos y ataques fortuitos.

’No quisieron venir’

El 25 de octubre, cuando se catalogó a Otis como huracán categoría cinco, la comisaría de El Terrero fue atacada con armas de grueso calibre. Tras el ataque murieron dos policías comunitarios, y este fue el punto de inflexión para muchas personas.

“Cuando yo pedí ayuda para que me fueran a sacar a mí y a mis hijos, hablé con la presidenta municipal (Diana Carolina Costilla), me dijo, ‘no tengo elementos suficientes’, pero cuando salimos y pasamos afuera del municipio había como ocho patrullas de la Policía Estatal, y no quisieron venir”, relata Susana.

Una vez que el grupo armado tomó el control del pueblo, dejó ver su faceta más brutal, además de los homicidios, se les atribuyen extorsiones, levantones y tortura hacia los habitantes de El Terrero, a quienes –en el mejor de los casos– apalean si se niegan a seguir sus órdenes.

“Ahorita, más que nada, pensamos que el gobierno ya está con ellos, porque ella (Diana Carolina Costilla) dijo ‘armense para cuidar a su pueblo’ pues según no tenía posibilidades de apoyarnos”, sostuvo la víctima de desplazamiento forzado.

Susana añadió que tanto ella, como otros habitantes han pedido la intervención de la Guardia Nacional, del Ejército y de Evelyn Salgado Pineda; no obstante, nadie ha atendido las llamadas de auxilio de los terrerenses.

Aunque la cifra aún es indeterminada, las víctimas aseguran que al menos la mitad de los habitantes de El Terrero abandonaron sus bienes, ganado y cultivos de maíz para huir de la violencia.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, señalan que en esta comunidad del municipio de Juan R. Escudero habitaban  cerca de mil 99 habitantes antes de que el grupo armado se apoderara del pueblo a finales de 2023.

“Ellos quieren entrar en otros pueblos, mandar, vender la droga sin que nadie les diga nada”, expuso Susana, quien detalló que en esta región las localidades de Tierra Colorada, La Palma, Michapa y Tlayolapa enfrentan escenarios similares de violencia con grupos  de civiles armados encabezados por los sicarios apodados como “Garza” y “Comandante Oso”, presuntamente afines a la Federación Guerrerense y a Los Ardillos.

Mientras Susana es testigo a la distancia de cómo El Terrero se convierte en un pueblo fantasma, el tiempo de asilo en Estados Unidos se le agota, pues en seis meses evaluarán su caso y si no se alarga su estancia, enfrentará una deportación inmediata hacia la violencia de la que escapó.

Las dos caras de Guerrero

Actualmente, los municipios guerrerenses enfrentan un escenario de violencia e ingobernabilidad que contrastan con la imagen que quieren proyectar los gobiernos federal y estatal a través del impulso del turismo y la inyección de recursos con la celebración de eventos en Acapulco como el Tianguis Turístico, o la Convención Nacional Bancaria.

“La actuación ha sido dispar en el sentido de que se han focalizado más recursos hacia la supuesta recuperación económica, pero obviamente empujando al sector privado. No así con toda la actividad económica de la entidad y, sobre todo, en sus regiones que no están cerca de la costa, no vemos más allá de Acapulco”, explicó a Reporte Índigo, Erubiel Tirado, especialista en temas de seguridad, democracia y Derecho.

Por otra parte, demarcaciones como Taxco, Heliodoro Castillo, Eduardo Neri, Leonardo Bravo, San Miguel Totolapan, Juan R. Escudero, Ajuchitlán del Progreso, Chilpancingo, Chilapa y el mismo Acapulco atraviesan una ola de violencia, cobros de piso y casos de desplazamiento forzado que se recrudecieron tras el paso de Otis.

“A raíz del paso de Otis y todas las secuelas que dejó, lo que vimos de manera inmediata a los hechos es que el crimen organizado se disputó el control de la situación con el Estado mexicano”, agregó Tirado.

Además de Los Ardillos y  Federación Guerrerense, en la disputa por el territorio en la entidad participan otros grupos criminales como el Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Viagras, Los Rojos, Los Tlacos, La Familia Michoacana, Los Tequileros, Los Maldonado, Cártel Independiente de Acapulco, Los Granados y Los Arreola.

En este sentido, Tirado hizo énfasis en que las autoridades no están reconociendo la gravedad del problema.

“El Estado mexicano no ha realizado ni siquiera un reconocimiento pleno de la situación. Es algo que tiene que atender con políticas públicas, tanto emergentes como de mitigación en corto y mediano plazo”, sostuvo.

Por otra parte,  el especialista detalló que la presencia militar de la Guardia Nacional o la Marina no ha sido  suficiente para retomar el control de la entidad.  Asimismo, reiteró que no existen políticas públicas que se están implementando para  atender a la comunidades afectadas por Otis más allá de Acapulco, y mucho menos, para prevenir el desplazamiento forzado en la región.

“Se nos muestra que se está recuperando con eventos como el Tianguis Turístico, pero en la entidad tenemos esta situación de contraste, ya no solamente de pobreza, sino de desplazamientos de conglomerados humanos, entonces el contraste es brutal”, aseveró Tirado.

Muestra de lo anterior, fue lo dicho en noviembre de 2023 por el entonces secretario de Gobierno de la entidad, Ludwig Marcial Reynoso, quien aseguró ante el Congreso local que durante la administración de Salgado Pineda no se habían suscitado casos de desplazamiento forzado.

“No ha habido desplazamiento interno, en virtud de que se ha actuado de manera inmediata, a través de medidas de prevención y contención”, refirió Reynoso, sin mencionar a los 13 casos –sin contar el de El Terrero– que documentó la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) en el 2023.

Cabe señalar que Marcial Reynoso presentó su renuncia en marzo de este año, tras el asesinato del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta.

Tirado, subrayó que además de no reconocer el problema, una de las principales deudas del Estado es no garantizar el retorno seguro de los desplazados a sus lugares de origen.

“Estos desplazamientos se dan en un periodo de alta volatilidad por el contexto político-electoral. Vamos a ver muchas cosas, no solamente en términos de inseguridad, por las cuales habrá que estar atentos y obviamente exigir que se haga un compromiso de Estado para restablecer la tranquilidad”, concluyó.

Más de 386 mil y contando

Son precisamente los grupos armados y del narcotráfico uno de los principales factores de desplazamiento forzado en nuestro país. Cifras del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) señalan que entre 2008 y 2022 ocurrieron 288 mil incidentes de este tipo por razones de violencia, de los cuales resultaron 386 mil personas desplazadas.

Solo en 2023, la CMDPDH documentó 74 incidentes de desplazamiento forzado en 10 estados de la República, donde Chiapas lidera con 27 casos, le sigue Guerrero con 13, Sinaloa con 10, y Michoacán con nueve. Cabe recalcar que en estas entidades existen disputas entre grupos armados antagónicos.

Según esta organización, desde 2021, la principal causa de este tipo de desplazamientos en México es la violencia perpetrada por grupos armados. Una tendencia que ha crecido en comparación con otras categorías de desplazamiento como la violencia política, la conflictividad social y territorial en una proporción de casi tres a uno.

Grupos de personas armadas son una de las manifestaciones más frecuentes de violencia en los reportes de desplazamiento, estos involucran casos de ajuste de cuentas o venganza, reclutamiento forzoso en organizaciones criminales, despojo de tierras, extorsiones, asesinatos y homicidios.

Asimismo, en este tipo de episodios violentos se registra el saqueo, quema y ataque armado de viviendas; así como el robo de animales, cultivos  y otros bienes materiales.