“Es un síntoma de debilidad de Estado. Es un síntoma de que el Estado no tiene capacidad de investigar, acusar, procesar homicidios. Es el tipo de indicadores que yo veo en Afganistán, que veo en el norte de Pakistán, veo a veces en Sudán, en la zona limítrofe entre Sudán del sur y Sudán. Es un símbolo de Estado débil”.
“Una vez más nos revelan el gran desorden que traen, se refleja esta gran desorganización que hay en los datos. Por eso también la ciudadanía cada vez tiene menos confianza en los datos que nos da el Sistema Nacional de Información, pero siempre van a la baja sus números. La Secretaría de Seguridad Pública menciona 60 mil, y el INEGI menciona 70 mil"
Baleados, decapitados, colgados, desmembrados, encajuelados, con tiro de gracia, con narcomensajes, incinerados, deshechos en ácido y desenterrados de narcofosas aparecen todos los días en las 32 entidades federativas. Son ejecutados con las características propias del narcotráfico y el crimen organizado.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, 71 mil personas han perdido la vida en condiciones de violencia producto de la inseguridad provocada por los cárteles de la droga.
Usando como metodología la consulta de tarjetas informativas de las procuradurías estatales y la federal, de las policías estatales y municipales, y del Sistema Nacional de Información, además de los registros hemerográficos de los estados y las estadísticas de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del país, Zeta llegó a la conclusión de que, en cinco años y medio de la administración del presidente Felipe Calderón, han ocurrido 71 mil 804 ejecuciones relacionadas con los grupos criminales que se disputan el territorio mexicano para el trasiego y venta de droga.
La cifra incluye lo que el gobierno calderonista clasifica como “ejecuciones”, “enfrentamientos” y “homicidios-agresiones”.
En total, 71 mil 804 crímenes del primero de enero de 2007 al 30 de abril de 2012. La cifra representa 80.5 por ciento de los 89 mil 114 homicidios dolosos que reporta el Sistema Nacional de Información en ese lapso.
Hay que recordar que el 12 de enero de 2011, cuando Alejandro Poiré informó que durante 2010 hubo 15 mil 273 asesinatos vinculados con el crimen organizado –de un total de 20 mil 127 homicidios dolosos reportados por la Secretaría de Seguridad Pública federal–, el funcionario federal reconoció tácitamente que 75.88 por ciento de los casos correspondían a crímenes relacionados con el narcotráfico.
Ésos son los muertos oficiales. Lamentablemente, las autoridades estatales y federales prefieren ocultar la cifra real.
Los muertos que le estorban al presidente
En los últimos días, el presidente Calderón ha dado la batalla para que la siguiente administración continúe aplicando su estrategia para combatir a los cárteles de la droga y la inseguridad. Ha insistido en que recurrir al Ejército Mexicano fue la estrategia tangible e inmediata, y que no se arrepiente de las medidas tomadas.
De lo que no habla el mandatario es de las bajas. De los ejecutados, que contabilizados por estado suman más de 71 mil.
Presionado por los medios de comunicación, el gobierno de Calderón, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), tuvo que reconocer de manera “preliminar” 47 mil 515 ejecuciones hasta el 10 de enero de 2012.
Pero esas cifras “preliminares” son del cierre de septiembre de 2011. De hecho, las estadísticas del Sistema Nacional de Información correspondientes a 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 tienen la leyenda “preliminar”.
Lo cierto es que, entre tantos muertos, ya no les salen las cuentas. No se ponen de acuerdo. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) del gobierno federal, ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Tampoco las procuradurías estatales son consistentes en cuanto a la cantidad de homicidios dolosos cometidos en México durante el sexenio calderonista.
Por citar un ejemplo, el Sistema Nacional de Información reconoce 60 mil 148 homicidios dolosos ocurridos entre 2007 y 2010, mientras que en ese mismo lapso, el INEGI reporta 70 mil 968 homicidios dolosos. Haciendo cuentas, la parte administrativa de la seguridad desconoce 10 mil 820 homicidios dolosos en el periodo citado.
“Una vez más nos revelan el gran desorden que traen, se refleja esta gran desorganización que hay en los datos. Por eso también la ciudadanía cada vez tiene menos confianza en los datos que nos da el Sistema Nacional de Información, pero siempre van a la baja sus números. La Secretaría de Seguridad Pública menciona 60 mil, y el INEGI menciona 70 mil.
“Estamos en una situación donde ya no les podemos creer nada porque no hay un profesionalismo, no contamos con hombres con ética, y definitivamente lo que nos está pasando es que estamos viendo cada vez más muertes, cada vez más violencia, y no vemos ni un ápice de que haya una seriedad en el trabajo que realizan de transparencia”, explica a Zeta la hermana Consuelo Morales Elizondo, directora de la asociación civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (www.cadhac.org) en Monterrey, Nuevo León.
Otro ejemplo de cómo el gobierno federal está siendo rebasado en el registro de las ejecuciones, es que mientras las procuradurías y fiscalías estatales reportan unas cantidades, el Sistema Nacional de Información da otras, que son más bajas, por supuesto.
Por ejemplo, el 28 de noviembre de 2011, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua reportó oficialmente 16 mil 456 homicidios dolosos ocurridos del primero de enero de 2008 al 31 de octubre de 2011. Por su parte, el Sistema Nacional de Información da cuenta oficialmente de 11 mil 588 en el mismo lapso. Existe una diferencia de 4 mil 868 homicidios dolosos no reportados por el Sistema Nacional de Información.
Es más, el 11 de marzo de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que hubo 4 mil 14 homicidios dolosos en 2011. En cambio, el Sistema Nacional de Información registró 3 mil 39. Esto quiere decir que, nada más en el estado de Chihuahua, el Sistema Nacional de Información no reportó 975 víctimas mortales.
A pesar del discurso triunfalista, tanto del gobierno federal como del estatal, sobre el éxito del Operativo Conjunto Chihuahua, lo cierto es que sigue siendo la entidad más sangrienta durante la administración de Felipe Calderón.
109 mil cadáveres ‘Sin Datos’ y ‘Otros’
El gobierno del presidente Felipe Calderón y las administraciones estatales fueron rebasados, no solo en el registro cuantitativo de ejecuciones, sino también en la identificación de cadáveres.
De las 71 mil 804 ejecuciones documentadas por Zeta durante cinco años y medio, clasificadas por el Sistema Nacional de Información como homicidios dolosos cometidos “Por Arma de Fuego”, “Por Arma Blanca”, “Sin Datos” y “Otros”, 30 mil 957 corresponden a los rubros “Sin Datos” y “Otros”. Es decir, no se conoce la identidad de 43 por ciento de las víctimas.
Los homicidios “Sin Datos” y “Otros” no pertenecen únicamente al rubro de dolosos. El gobierno de Calderón también los ubica entre los homicidios culposos.
Resulta que en el actual sexenio federal, 78 mil 185 cadáveres fueron arrojados al rubro de homicidios culposos “Sin Datos” y “Otros”.
En pocas palabras, 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos han sido clasificados por el gobierno federal como “Sin Datos” y “Otros”.
Ante la gravedad de estos hechos, la hermana Consuelo Morales explica a Zeta:
“Es una situación muy dolorosa. Estamos viviendo un grave retroceso a pesar de que el año pasado constitucionalmente se aprueba la reforma constitucional de Derechos Humanos en junio de 2011. La verdad es que, en la práctica, esto no se ha venido reflejando en lo más mínimo.
“Cuando nos están hablando de 109 mil homicidios nos dejan perplejos, pero, por otro lado, nos deja en una situación en que seguramente son muchísimos más, porque tenemos mucha gente desaparecida que no sabemos dónde está, que no sabemos si ya la mataron o no, si fue la delincuencia organizada o con la complicidad de las mismas autoridades.
“La decisión del señor Calderón de cambiar la estrategia que tenía en su campaña, de haber dicho que iba a ser ‘el presidente del empleo’ por un presidente que nos quiso dar la seguridad, pues nos metió en una tendencia abismal donde vamos cayendo rápidamente en situaciones de mayor inseguridad.
“Hay un verdadero retroceso en el cumplimiento, en la concreción del respeto a los derechos humanos de la ciudadanía”.
Edgardo Buscaglia, catedrático e investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y de la Universidad de Columbia, también opinó sobre este tema.
“Es un síntoma de debilidad de Estado. Es un síntoma de que el Estado no tiene capacidad de investigar, acusar, procesar homicidios. Es el tipo de indicadores que yo veo en Afganistán, que veo en el norte de Pakistán, veo a veces en Sudán, en la zona limítrofe entre Sudán del sur y Sudán. Es un símbolo de Estado débil. Homicidios ‘Sin Datos’ es un nivel que se observa en estados del sub-Sahara, en los países más pobres de Asia. Es realmente una vergüenza”.
Los más sangrientos
Las 71 mil 804 ejecuciones ocurridas en el sexenio de Felipe Calderón y vinculadas con el crimen organizado han sucedido en estados gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por el Partido Acción Nacional (PAN) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Chihuahua, que es gobernado por el PRI, concentra 21.6 por ciento de los homicidios con 15 mil 513 víctimas.
Sinaloa, también con gobierno tricolor, tiene 7 mil 221 ejecuciones. Guerrero, con 6 mil 106 casos, es gobernado por el PAN y el PRD. Baja California, con 4 mil 210 víctimas, tiene administración panista. Y el Estado de México, con 3 mil 894, tiene gobernador del PRI.
Precisamente esas entidades son disputadas por el Cártel de Sinaloa y Los Zetas. El primero comandado por la mancuerna de Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada; el segundo por Heriberto Lazcano y Miguel Treviño Morales.
Estas dos organizaciones criminales no han sido desmanteladas por el gobierno de Felipe Calderón. En cambio, la actual administración federal sí ha actuado contra otras estructuras delincuenciales que han sido mermadas con aprehensiones, como el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, La Familia y el Cártel de los Arellano Félix (CAF).
Desprecio por las víctimas de la guerra de Calderón
El gobierno federal también se ha caracterizado por minimizar las muertes de civiles. Los llama “daños colaterales”. Son niños, estudiantes, empresarios, periodistas, amas de casa, activistas sociales.
“(El) 90 por ciento de bajas está en la delincuencia organizada. Solo un 10 por ciento de esas bajas son de las instituciones y de blancos civiles”, informó la Secretaría de Gobernación en abril de 2010. Esa ha sido la postura del gobierno calderonista.
De las 71 mil 804 muertes registradas por Zeta, el 10 por ciento de “blancos civiles” serían 7 mil 804 personas. Pero no hay autoridad estatal ni federal que informe sobre la cantidad real de víctimas civiles en el sexenio que agoniza.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que dirige Raúl Plascencia, informó el 26 de enero de 2011 que, en 2010, murieron 111 personas en medio de la guerra del presidente Calderón.
Un año después, el 25 de enero de 2012, la CNDH informó que 43 civiles fallecieron en 2011 durante enfrentamientos entre grupos delincuenciales y fuerzas de seguridad.
De acuerdo con este organismo, 5 mil 397 personas han sido reportadas como extraviadas en la administración calderonista, y 8 mil 898 cadáveres no han sido identificados.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) documentó 12 mil niños huérfanos por la violencia en Ciudad Juárez. Además, 120 mil personas fueron desplazadas por la violencia según información de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Y más de 40 mil mexicanos han pedido asilo político, indican los reportes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Más muertos que averiguaciones
Por Adela Navarro Bello y Enrique Mendoza
Ante la gravedad de que el gobierno federal reporte 10 mil 820 homicidios dolosos menos que el INEGI, sucedidos entre 2007 y 2010. Ante los 4 mil 868 homicidios dolosos no reportados por el Secretariado Ejecutivo y ocurridos en Chihuahua entre el primero de enero de 2008 y el 31 de octubre de 2011, así como los 109 mil 142 homicidios dolosos y culposos registrados por la administración calderonista como “Sin Datos” y “Otros”, se buscó la versión oficial de la administración federal.
A continuación, las respuestas de Óscar Vega, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a las preguntas de Zeta.
El Secretariado tiene registrados 88 mil 367 homicidios dolosos del primero de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2012, ¿qué porcentaje corresponde al crimen organizado?
No lo tengo completo. Se me hizo un corte a –si mal no recuerdo– septiembre del año pasado que hizo público la PGR. Y de septiembre para acá todavía no tengo yo en mi poder por lo menos las cifras que los grupos internos, tanto de las autoridades estatales como del gobierno federal, van registrando de cada caso, cuál es derivado de enfrentamiento al crimen organizado o no. Yo, como Secretariado del Ejecutivo, solamente llevo el conteo de las denuncias de homicidio doloso, pero no tengo el desglose.
¿Y, usted, cuándo va a hacer la actualización?
El Secretariado no actualiza esa información. El Secretariado solamente tiene la estadística de homicidio doloso.
¿Y cuál es su estadística de homicidio doloso en lo que va de 2012?
Tengo enero: mil 647 casos; febrero: mil 619, y marzo: mil 732.
El Secretariado registró entre 2007 y 2010, 60 mil 148 homicidios dolosos, mientras que el INEGI, en ese mismo lapso, reportó 70 mil 968. Hay una diferencia de 10 mil 820 homicidios dolosos no registrados por el Secretariado. ¿A qué se debe la diferencia? ¿No se registra la totalidad de los homicidios dolosos, o el INEGI reporta de más?
Nosotros registramos el 100 por ciento de los homicidios dolosos que nos reportan las entidades federativas. La obligación que tenemos nosotros es recibir los informes de las entidades federativas y ponerlos a disposición de la sociedad en nuestro sistema de información.
¿Por qué el INEGI sobrepasa la cantidad del Secretariado si son más de 10 mil homicidios dolosos nada más entre 2007 y 2010 no reportados por el Sistema Nacional de Información?
¿No hay coordinación con el INEGI? ¿Sabe cuál es la fórmula o de dónde obtienen su información?
En cuanto a las diferencias entre las fuentes, el formato CIEISP (Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública), que se ha utilizado para compilar una estadística de incidencia delictiva desde 1997, no recopila el número de víctimas, sino el número de denuncias que se convierten en averiguación previa, a fin de aproximar tanto la incidencia denunciada en la entidad, como el nivel de actividad en materia de procuración de justicia.
Algunas averiguaciones previas refieren a más de una víctima en un solo evento, por lo que es de esperarse que en algunos estados, como Chihuahua, haya más víctimas que averiguaciones previas. La Fiscalía General reporta ambas.
Entonces, ¿todas las procuradurías o fiscalías del país no están reportando el total de homicidios dolosos al Secretariado?
No sé, te aclaro que no tengo información para confirmar esa aseveración.
¿Cuáles son las cuatro entidades que están cumpliendo con el Secretariado?
Hasta el día de hoy son el DF, Puebla, Hidalgo y Colima. Estas entidades ya tienen completos esos requisitos.
