El mecanismo busca ser contrapeso del Ejecutivo para evitar los excesos de los gobernantes y transparentar los recursos
Ante el abultado endeudamiento de muchos Estados y municipios que los pone al borde de la quiebra, sin la esperanza de un rescate por parte del gobierno federal, el Senado se puso las pilas y propuso nuevos mecanismos.
Los grupos parlamentarios del PRD y del PAN decidieron respaldar la iniciativa de reforma constitucional que propuso el senador Armando Ríos Piter y que busca impulsar un rediseño institucional para regular el sobreendeudamiento de Estados y municipios.
Bajo esta premisa se asume la responsabilidad de la Cámara Alta para que actúe como contrapeso del Ejecutivo frente a los excesos de los gobernadores, para transparentar la función pública en el ejercicio de los recursos del contribuyente.
Con ello se busca, en paralelo a los trabajos de la Comisión Nacional de Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización y de Transparencia y Acceso a la Información, sentar las bases para un nuevo andamiaje institucional. En el proyecto presentado al que tuvo acceso Reporte Indigo, el Senado afila los dientes para fortalecer sus controles legislativos de cara a los ciudadanos y los jóvenes.
Se propone establecer un sistema nacional de deuda como una responsabilidad compartida y regulada entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la República que actuaría como garante del pacto federal. El objetivo, establecer reglas fiscales a nivel federal y estatal que permitan contener las prácticas de endeudamiento por arriba de la capacidad de pago.
Además, implementar una política prudencial para evitar riesgos sistémicos y asumir, como responsabilidad del Estado, la sostenibilidad de las finanzas públicas para velar por la estabilidad del sistema financiero.
Se dota de facultades al Congreso para expedir leyes que permitan a las autoridades financieras evitar interrupciones sustanciales o alteraciones sistémicas que pongan en riesgo su correcto funcionamiento y, en su caso, intervenir y minimizar el impacto económico cuando éstas tengan lugar.
También se recomienda crear el Sistema Nacional de Deuda que operaría a la par del sistema nacional de fiscalización, y que sea el Congreso de la Unión el responsable de llevar un registro de toda la información relativa a la contratación y sostenibilidad de la deuda pública en los tres niveles de gobierno.
Es decir, las definiciones, normas, límites globales, regulación prudencial y mecanismos de corrección de la deuda pública, bajo principios rectores de responsabilidad fiscal, equilibrio de las finanzas públicas.
Para equilibrar las finanzas públicas se recomienda que el Presupuesto de Egresos de la Federación se mantenga equilibrado y cuente con una partida diferenciada para identificar los recursos destinados al servicio de la deuda pública.
Como parte de sus funciones, el Senado supervisará el endeudamiento de Estados, Municipios, empresas y fideicomisos con participación pública, incluyendo los organismos autónomos, en función de su capacidad de pago.
Y para ello, tomará el monto de endeudamiento en relación con el Presupuesto de Egresos, servicio de la deuda, PIB estatal e inversión productiva.
Se establece en la propuesta del legislador perredista por Guerrero, la prohibición expresa de contratar deuda en periodos electorales, y se faculta a la Audítoria Federal de la Federación para fiscalizar la deuda pública en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización.
“Los gobernadores de los Estados, diputados locales, magistrados y miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, serán responsables por violaciones a la Constitución y leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos, recursos locales, federales y de contratación de deuda”, se detalla en la propuesta.
En síntesis, la reforma constitucional presentada en el Senado sienta las bases para implementar una regla fiscal que regule los montos de endeudamiento de los Estados y Municipios, así como del Gobierno Federal.
Sin participación federal.- Padierna
Para la senadora perredista Dolores Padierna, es necesario quitar las participaciones federales como garantía de pago para los Estados y Municipios “porque por eso empezó a crecer el endeudamiento”.
De acuerdo con sus estimaciones los pasivos oscilan en 406 mil 704.6 millones de pesos y su crecimiento obedeció a la facilidad que otorgaron los bancos para contratar deuda por su exceso de liquidez.
En su opinión, del 2011 al 2012 fue cuando más crecieron los pasivos de Estados y Municipios por las elecciones y la presión política que se generó en las entidades para ganar los comicios.
Los más endeudados
Las cifras más recientes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revelan que la deuda pública de los 10 municipios más endeudados —Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Zapopan, Benito Juárez, Nuevo Laredo, León, Mexicali, San Nicolás de los Garza y Tlaquepaque— representa el 33.5 por ciento de la deuda municipal.
De una muestra del IMCO de 364 municipios, 75 por ciento no cuenta con transparencia presupuestal y 274 no alcanza la mitad de los lineamientos que se requieren para el cumplimiento de las mejores prácticas.
Sostiene que poca supervisión llevó a los municipios de Hidalgo a incrementar su deuda de 2005 a junio de 2012 en 11 mil 143 por ciento, a los de Guerrero en 9 mil 704 y a los de Veracruz en 5 mil 636 por ciento.
