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El reinado de la magistrada Graciela Buchanan en el Tribunal Superior de Justicia concluye hoy y con él una de las presidencias más controversiales que haya tenido en su historia el Poder Judicial del Estado.
El día de hoy la labor de Buchanan al frente del Poder Judicial del Estado se someterá a votación entre los 15 magistrados que integran el pleno del Tribunal Superior de Justicia.
Ellos decidirán si apoyan una posible continuación del proyecto de Buchanan o apuestan por otra corriente.
Buchanan impulsa como su sucesor al magistrado Ángel Mario García Guerra, quien tendrá que enfrentar en la contienda al expresidente del TSJ, Gustavo Adolfo Guerrero.
El sello Buchanan se impuso desde el 1 de agosto de 2011, cuando esta mujer tomó protesta como titular del Poder Judicial del Estado, tras vencer en una cerrada votación al candidato oficial del gobernador Rodrigo Medina, a Francisco Mendoza.
Desde ese momento se anticipaba que Buchanan no sería –para bien o para mal- como sus antecesores en el cargo: discretos y de bajo perfil.
No ha habido -y difícilmente habrá en un futuro- una titular con la exposición mediática que tuvo esta magistrada durante los dos años en los que encabezó el Tribunal.
Buchanan no desaprovechó ningún foro –local, nacional o internacional- para exaltar su labor y su popularidad la llevó a presentar su candidatura para el Consejo de la Judicatura Federal.
Incluso, Buchanan se atrevió a reactivar el tema de la reelección en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, pero finalmente no prosperó.
La relación de Buchanan con el Poder Ejecutivo tuvo momentos tensos y de confrontación, sobre todo por el reclamo constante que hizo la titular del TSJ para aumentar el presupuesto de este órgano.
En varias ocasiones se enfrentó públicamente por este tema con el gobernador Rodrigo Medina.
La construcción del Palacio de Justicia en el municipio de Montemorelos, proyecto que presentó problemas por sobrecostos y retrasos, fue la principal obra de infraestructura que se construyó durante el periodo de Buchanan.
Aunque lo anunció como un proyecto prioritario, la magistrada no pudo arrancar la construcción del Palacio de Justicia del Sistema de Adolescentes Infractores, planeado en el municipio de Escobedo.
El viejo plan de la Ciudad Judicial, que se presentó hace tres años, tampoco tuvo avance durante su gestión, que hoy termina.
Otros de los proyectos que dejó pendientes Buchanan fue la creación de una Policía Procesal y de una Corte de Reintegración Familiar.
Buchanan aplicó una política salarial generosa que benefició al personal del Poder Judicial del Estado, pero tuvo un impacto en el gasto corriente.
Por decisión de ella el sueldo de los jueces de primera instancia se incrementó hasta un 30 por ciento en los últimos dos años.
Hoy un juez del Poder Judicial del Estado percibe 84 mil pesos mensuales.
Sin embargo, estos beneficios que buscaban que la opinión sobre Buchanan mejorara entre los funcionarios del Poder Judicial del Estado, no fueron suficientes para que muchos de ellos se quejaran de su carácter y mal trato.
Pero por otro lado, jueces y abogados consultados por Reporte Indigo coinciden en que con Buchanan desapareció la vieja práctica del presidente de “dictar línea” a los jueces.
También, prácticamente se prohibieron las órdenes de aprehensión giradas en casos mercantiles, una vieja práctica que utilizaban abogados de Monterrey –en complicidad con jueces- para presionar a sus contrapartes.
Además, la magistrada eliminó el poder discrecional que gozaba el presidente del Poder Judicial para repartir las denuncias a determinados jueces e implementó una plataforma para que la distribución fuera por sistema.
El proyecto de redistritación de los juzgados familiares en Nuevo León, que se implementó con la intención de acercar los tribunales a los ciudadanos, fue uno de los logros que también tuvo Buchanan.
Las notificaciones electrónicas, a través del Tribunal Virtual, fue otro de los aciertos que tuvo en su gestión, además del reordenamiento de los servicios que se brindan en la polémica Torre Meridiano, habilitada como sede judicial.
En el 2012 a Buchanan le tocó el inicio de la implementación del sistema penal acusatorio en Nuevo León, un proceso que le cobró facturas por ser una magistrada con experiencia en el ramo familiar.
También le tocó aplicar las reformas federales para que los juzgados locales conocieran casos de narcomenudeo y otorgó todas las solicitudes de arraigo que presentó la Procuraduría del Estado en asuntos presuntamente de la delincuencia organizada.
La protección que brindó a algunos jueces denunciados le representó cuestionamientos a la presidenta saliente.
Uno de los casos más graves fue el de Paulo Gabriel Garza González, juez que estuvo a punto de ser consignado penalmente, pero fue rescatado nombrándolo director de la oficina ejecutiva de la presidencia.
También fue acusada por proteger a la jueza Rosalinda Zapata Leal, quien fue denunciada por el extravío de una prueba pericial en un caso de fraude por casi 700 mil dólares.
El día de hoy no sólo está en juego el relevo en la presidencia del Poder Judicial del Estado, sino también la gestión de Buchanan y las posibilidades de que la magistrada ocupe en un futuro una silla del Consejo de la Judicatura Federal.
Claroscuros
Excesivo perfil mediático
> El protagonismo marcó su gestión como presidenta del Poder Judicial del Estado y emprendió una campaña como candidata al Consejo de la Judicatura Federal, una designación que decidirá el Senado en los próximos meses.
Relación con el Estado
> La relación que mantuvo con el gobernador Rodrigo Medina fue institucional, pese a las constantes confrontaciones que tuvo con el Ejecutivo, principalmente por el tema del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia.
Altibajas con subalternos
> En su gestión autorizó incrementos salariales a jueces y secretarios hasta por un 30 por ciento, sin embargo esta política no logró neutralizar las quejas de funcionarios del Poder Judicial por el carácter y el trato de la presidenta.
Aportaciones al sistema judicial
> Buchanan eliminó el poder discrecional que gozaba el presidente del Poder Judicial del Estado para repartir las denuncias a determinados jueces. Un acierto más fue la implementación de las notificaciones electrónicas a través del Tribunal Virtual.
De dos proyectos logró uno
> Bajo su presidencia se construyó el nuevo Palacio de Justicia en Montemorelos, su principal obra de infraestructura, pero no pudo concretar el proyecto del Palacio de Justicia del Sistema de Adolescentes Infractores en Escobedo.
Encubrimiento a jueces
> La protección que brindó a algunos jueces denunciados, como Paulo Gabriel Garza González y Rosalinda Zapata, le acarreó cuestionamientos y hasta denuncias penales por encubrimiento.