El secreto de Alfaro

El gobierno que encabeza el alcalde Enrique Alfaro Ramírez, en Guadalajara, por el Partido Movimiento Ciudadano (PMC), determinó mantener en opacidad la cantidad de policías que tiene asignados como escoltas para servicio exclusivo de sus funcionarios de alto rango, así como el costo público que esto conlleva. 

En los primeros días de su gestión, el 2 octubre de 2015, Alfaro Ramírez hizo severos cuestionamientos a la anterior administración del PRI en Guadalajara, por los excesos que cometió en el uso de policías como escoltas, no obstante, ahora su gobierno impide el acceso a la información que permitiría verificar si, en efecto, hubo un cambio real en este sentido. 

De acuerdo con el informe parcial que proporciona el Gobierno de Guadalajara vía transparencia, en estos momentos los funcionarios municipales que tienen policías a su disposición como escoltas, además del propio presidente municipal Alfaro Ramírez, son:

Salvador Caro Cabrera, titular de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal; Camilo González Lara, hasta hace unos días director de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana y ahora comisario de la Policía de Tlaquepaque; Adrián Zapién Arenas, supervisor general de la Comisaría; y Óscar Villalobos Gámez, titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia, la instancia encargada de aplicar los reglamentos municipales. 

En esa lista también aparece  el exservidor público José Ángel Campa Molina, quien fungió como el último titular de la Comisaría de la Policía (antes llamada Secretaría de Seguridad Ciudadana) en el pasado trienio del PRI; y por último, el exgobernador priista de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, titular del Ejecutivo en el periodo de 1977 a 1983, en plena Guerra Sucia.  

La decisión del Gobierno de Guadalajara por negar la cantidad de policías asignados como escoltas, con sus salarios respectivos, la basa en la seguridad del personal resguardado: “puede darse el caso de que la información se solicite por alguna persona que pretenda privar de la vida, de la libertad o causa algún daño a alguna persona para obtener un beneficio ilícito”, dice su respuesta.  

El gobierno tapatío no accedió a transparentar esta información ni de forma individual por cada funcionario que cuenta con este servicio, ni en cifras totales disociadas, por lo que su negativa fue impenetrable.    

La postura del gobierno de Alfaro Ramírez por clasificar como reservada esta información sobre el aprovechamiento que hace de sus policías es ahora definitiva, pues acaba de ser respaldada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI). 

El pasado 16 de febrero de 2016, el ITEI finiquitó el recurso 659/2015 que se seguía en contra de Guadalajara para que transparentara esta información, al determinar sus comisionados lo siguiente: 

“Los suscritos consideramos que, en efecto, la cantidad tanto parcial o total de policías asignados legalmente es considerada información reservada”.  

En otras entidades la información sobre escoltas asignados a servidores públicos aun en funciones sí está al alcance de la sociedad, como en Tabasco, fue así como Reporte Indigo reveló el pasado 26 de enero que su gobernador, Arturo Núñez, cuenta con un séquito de 63 agentes, en la entrega “El blindaje Núñez”. 

Los excesos

Guadalajara es una ciudad con un déficit muy serio de policías, aun contando con una de las corporaciones más grandes del país y la mayor de Jalisco. 

Sus autoridades han caído en excesos a la hora de disponer de este valioso recurso humano en el resguardo exclusivo de gobernantes, empresarios y líderes religiosos. 

Según la información que pudo obtenerse de Guadalajara por Reporte Indigo, a través del recurso de transparencia, y que fue en buena parte restringida a la gestión del exalcalde priista, Ramiro Hernández García, de octubre de 2012 a septiembre de 2015, hay constancia de 103 elementos policiales que fueron asignados como escoltas. 

El mayor cuerpo de escoltas lo tenía su exdirector de Fuerzas de Seguridad Ciudadana, Noé Camarillo Luévano, con 16 agentes para su resguardo personal, seguido por el propio exalcalde Hernández García y el extitular de la Comisaría de la Policía, Campa Molina, cada uno con 13. 

Estas cifras no son menores. En el Estado de Jalisco hay 16 municipios cuyas corporaciones de seguridad pública no alcanzan siquiera los 13 elementos en su integración para la protección de sus habitantes, como San Marcos, Cuautla o Cañadas de Obregón, como ejemplos.

Mientras que hay 31 municipios (la cuarta parte de los 125 totales de Jalisco) con instituciones policiales por debajo de los 16 policías, según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013; así que estos tres exservidores públicos tapatíos tuvieron para su servicio dispositivos de seguridad mayores a los de poblaciones enteras en el estado.    

El siguiente funcionario con más escoltas municipales por parte  de la Policía de Guadalajara es el actual titular de la Fiscalía General de Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, que tuvo nueve oficiales para su protección personal; seguido por el exsupervisor general de la Comisaría de Seguridad tapatía, Juan Alberto Vaca Pérez, con ocho. 

Otros dos funcionarios estatales con este privilegio, cada uno de ellos con cinco policías como escoltas, son: 

Francisco Ayón López, actual titular de la Secretaría de Educación Jalisco, aunque en el reporte se indica que se le resguardaba por haber fungido como exalcalde de Guadalajara; y el titular de la Secretaría de Movilidad, Servando Sepúlveda Enríquez. 

El exgobernador priista de Jalisco, Romero de Velasco, a quien el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez sigue destinando policías para su protección, contó en su momento con tres agentes municipales en el pasado trienio. 

Escoltas para todos

El informe entregado por el Gobierno de Guadalajara muestra que su Policía fue utilizada para el resguardo de miembros de otros poderes públicos, y aun de funcionarios universitarios, pese a la carencia de oficiales que presenta la ciudad. 

Los siguientes siete funcionarios y exfuncionarios tuvieron cada uno un par de escoltas municipales para su resguardo personal:

Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara; Jorge Arana Arana, quien fue registrado como expresidente municipal de Tonalá, pero actualmente se desempeña como diputado del PRI en el Congreso local; y Celso Rodríguez González, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien llegó a fungir como su presidente. 

La lista sigue con Carlos Mercado Casillas, extitular de la Comisaría de Guadalajara con el exalcalde Hernández García, y quien salió de la institución tras los hechos de violencia que se suscitaron al interior del Estadio Jalisco en marzo de 2014. 

También aparece con servicios de escolta el exasesor de Mercado Casillas, Antonio de Jesús Mendoza Mejía; así como el excomisario de Zapopan, Pedro Guzmán Martín del Campo. Por último, se registró al propio Alfaro Ramírez con esta protección, mientras se mantuvo en calidad de presidente municipal electo. 

Ayuda divina

El reporte oficial del gobierno de Guadalajara hace manifiesto que los habitantes de la ciudad sufragaron con sus impuestos la protección personal no sólo de gobernantes y servidores públicos en funciones y fuera de estas, sino también de particulares, como ministros religiosos y empresarios. 

Hay 14 personajes que se encuentran en el listado de la autoridad municipal que contaron con un policía de la corporación como su escolta, costeado con el erario del Gobierno municipal:

En primer lugar, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García. Esta institución religiosa ha construido buenas ligas tanto con los gobernantes del PRI como del PMC. Si aquellos le dotaron de un escolta para su resguardo personal, y espacios entre las regidurías del Ayuntamiento, estos, los naranjas, se han mostrado igualmente cercanos. 

Apenas el 14 de febrero pasado, el gobierno de Alfaro Ramírez le autorizó a esa Iglesia la celebración en la Plaza Liberación de un bautismo masivo, lo que resultó muy significativo por los siguientes motivos: 

Porque era el primer evento multitudinario de ese tipo que organizaba la Iglesia en un espacio público, porque esa plaza es una de las más importantes del Centro Histórico de Guadalajara –está justo a espaldas de la Catedral católica-, y porque ese día se conmemoraba el aniversario de la fundación de la ciudad. 

Aquel día la estación Notisistema estimó una asistencia de 35 mil feligreses.

La Policía de Guadalajara también dispuso de uno de sus elementos para el resguardo del empresario y director de Nueva Era Radio, quien aparece en el documento gubernamental como “Keith A. Boone Akea”, aunque al parecer se trata de Keith Andrew Boone Skea. 

Resguardo multicolor

Entre el resto de los servidores públicos que contaron con un policía municipal para su protección, están legisladores locales y gobernantes de otras entidades, tanto del PRI, PVEM como del propio PMC:

Se incluye al exdiputado federal Luis Armando Córdova Díaz por el PRI; y al actual diputado local Enrique Aubry de Castro, del PVEM, aliado fiel del tricolor, y hoy envuelto en el escándalo por presuntamente haber agredido físicamente a Mario Córdova España, director del Instituto de Movilidad y Transporte; no es la primera vez que se le señala por su conducta violenta.  

También está el magistrado del Tribunal de lo Administrativo del Estado, Armando García Estrada, cuestionado continuamente por autoridades municipales y medios de comunicación, por ser el autor de resoluciones controversiales en materia urbanística y de uso de suelo. 

El listado sigue con Jesús Lomelí Rosas, exsecretario general tapatío; y los exregidores Juan Carlos Anguiano Orozco, y Sandra Espinosa Jaimes, aquel del PMC –actual diputado local- y ésta del PRI.

El ex director administrativo de la Comisaría de Seguridad, Saúl Lemus Méndez, y la ex presidenta del DIF municipal, Laura Patricia Hernández Gómez.  

También los actuales funcionarios estatales en funciones: el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, y el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro Reyes. 

Finalmente, Rodolfo Pedrero Rojas, a quien se registró como Ministerio Público federal, y Roberto Sandoval Castañeda, el gobernador de Nayarit, si bien en el documento está plasmado como “exgobernador”. 

Existe una asignación que contó con tres policías como escoltas de la que no se tiene registro de quién fue el beneficiario.

El déficit

Los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas recomiendan contar con 2.8 policías por cada mil habitantes, por lo que el municipio de Guadalajara debería tener una corporación con 4 mil 186 oficiales, sin embargo, solo hay 2 mil 538 de ellos: un 39 por ciento menos a los requeridos.  

El 2 de octubre de 2015, el alcalde Alfaro Ramírez aseguró que además de los 103 elementos comisionados como escoltas, y los cuales representaban una erogación anual de 7 millones de pesos (MDP), había otros 578 oficiales que no se presentaban a laborar. 

“Simplemente no iban a trabajar (…) asumimos que muchos están ayudando o trabajando con alguien más o a lo mejor son aviadores”.  

Para el 3 de diciembre la autoridad señaló que esto se había regularizado, y que habría una ampliación de 300 policías, lo que haría pasar la nómina policial de 698 MDP a 894 MDP.

Protegidos

Listado de servidores públicos con escoltas en la actual gestión de Guadalajara con Enrique Alfaro (el número de escoltas fue reservado)

> Enrique Alfaro Ramírez
Alcalde

> Salvador Caro Cabrera
Comisario de la Policía Preventiva

> Camilo González Lara**
Comisario de la Policía de Tlaquepaque

> Adrián Zapién Arenas
Supervisor de la Comisaría 

> Oscar Villalobos Gámez
Director de Inspección y Vigilancia 

> José A. Campa Molina
Exsecretario de Seguridad Ciudadana*

> Flavio Romero De Velasco
Exgobernador de Jalisco

*Este gobierno cambió el nombre de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Comisaría de la Policía Preventiva.

** Hasta el 25 de febrero de 2016 fue director de las Fuerzas de Seguridad Ciudadana.