El rostro de la tortura en Jalisco

Los gritos quedaron ahogados debajo de la bolsa de plástico que cubría su cara en plena luz del día de aquel septiembre del 2012. Tres agentes de la actual Fiscalía Central hacían lo imposible por arrancarle la declaración al joven que no rebasaba los 30 años y que día antes había sido detenido arbitrariamente.

De poco sirvieron los gritos de la madre del detenido para evitar que los agentes de la extinta Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General, arrastraran a su hijo desde su habitación hasta la calle acusándolo de robo.

En la queja de Derechos Humanos 26/2013, quedó asentado que “Raúl” fue llevado a un lugar en donde lo desnudaron, lo empaparon con agua helada, enseguida electrocutaron sus genitales y le golpearon los oídos.

Al día siguiente de su detención lo regresaron de nuevo a su colonia, con la intención de seguir la investigación y conseguir testigos, según relató la madre de la víctima. 

En un baldío cercano a su domicilio, Raúl, con una bolsa en la cabeza, fue de nuevo golpeado hasta que por fin cedió a la presiones y se declaró culpable de un delito que aparentemente no cometió.

Entonces fue trasladado a la oficinas de la Fiscalía Central en donde se declaró culpable.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), tras casi un año de investigación determinó que existía responsabilidad por parte de los policías investigadores Pedro Muñoz García, Salvador García Peregrina y Juan Ricardo Gutiérrez que realizaron la detención.

En la investigación los policías se declararon inocentes en todo momento y se ampararon en un dictamen médico que emitió el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en el cual según versiones escritas de los médicos forenses, Humberto Gutiérrez Figueroa y Julián Cortéz Jáuregui, aseguraron que no existía rasgo de lesiones visibles en el detenido.

Sin embargo, la comisión obtuvo copia de otros certificados médicos realizados en el centro penitenciario en donde sí se corroboraron las lesiones.

Por lo anterior, la CEDHJ emitió recomendaciones en contra del Fiscal Central, Rafael Castellanos, el titular de Ciencias Forenses y los funcionarios mencionados a los que se les imputa tortura.

Ese es solo uno de los casos de tortura documentados en Jalisco. Una práctica común entre agentes de investigación que ejercen sin reparos,  muchas veces amparados en la figura del arraigo.

Un mecanismo judicial que permite el aislamiento de los detenidos hasta por 40 días a fin de realizar investigaciones.

En lo que va del 2013 se han denunciado seis casos de tortura por parte de policías investigadores que pertenecen a la Fiscalía Central de Jalisco.

El último caso es del líder nahua Gaudencio Mancilla, quien acusó a funcionarios de la fiscalía de haberlo torturado, luego de sacarlo de su domicilio acusado de portación de arma de fuego exclusiva del Ejército.

Gaudencio refirió en su queja presentada ante la CEDHJ que los agentes que lo detuvieron lo llevaron a una casa de seguridad en donde fue golpeado.

Ahí le obligaron a que declarara que estaba formando una policía comunitaria en su localidad Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán.

Sitio en donde se han denunciado presiones a la población por parte de la Minera Peña Colorada y talamontes clandestinos que despojan la zona rica en minerales y madera finas.

Pero a pesar de ser un tema sensible, hasta hoy la CEDHJ ha emitido solo tres recomendaciones cuyos casos coinciden en el método de castigo: bolsas de plástico en la cabeza, golpes en lugares estratégicos que inhiben moretones, toques eléctricos en genitales. Tal pareciera que existe todo un método aprendido por los elementos policíacos cuando se trata de investigar y torturar.

Ley Estatal para Prevenir la Tortura 

El artículo segundo de la Ley Estatal para Prevenir la Tortura refiere que comete el delito de tortura “el servidor público que actuando con ese carácter, inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos, con fines de investigación de hechos delictivos o infracciones”. 

Con el fin de “obtener información o confesión del torturado o de un tercero, como medio intimidatorio, como castigo por una acción y omisión en que haya incurrido o se sospeche que incurrió o la coaccione para que realice o deje de realizar una conducta determinada o con cualquier otra finalidad”.

La definición legal contrasta con la figura del arraigo, pues la policía estatal investigadora en muchas ocasiones recurre a esta práctica para armar la investigación: En las quejas de derechos humanos se registra el abuso de poder de las autoridades cuando recurren al arraigo.  

Dicha práctica está contenida en los códigos penales estatal y federal, y ha sido severamente cuestionada por organismos internacionales, quienes consideran que es una argucia legal que atenta contra los Derechos Humanos.

El pasado mes de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que tratándose de derechos humanos el Estado mexicano conservaba al arraigo como figura legal de investigación.

César Orozco Sánchez, segundo visitador de la CEDHJ, considera que el arraigo, pese a ser un mecanismo pernicioso para las víctimas, es un elemento establecido en la Ley al que la Comisión de Derechos se debe cuadrar.

“No se debe cuestionar lo que está en la Ley”, refirió el funcionario de Derechos Humanos en entrevista con Reporte Indigo.

Práctica sistemática en México 

Si bien la tortura es un delito que practican algunos de los agentes de la Fiscalía General de Jalisco, el fenómeno es nacional. 

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas alertó en el 2012 que en México la tortura era una práctica sistemática.

En octubre de este año México será sometido al Examen Periódico Universal, un mecanismo de evaluación que hace la Organización de las Naciones Unidas y en el que se determinan los niveles de protección a los Derechos Humanos en cada nación.

El Estado mexicano deberá responder por más de 100 casos de tortura y desaparición forzada por parte de Agentes de la Procuraduría General de la República registrados en el país.

Jalisco será referente, pues el actual delgado de la PGR, Gerardo Octavio Solís Gómez, tiene en su haber 560 quejas de derechos humanos en su contra por tortura. 

Los casos referidos fueron en el sexenio del panista Francisco Ramírez Acuña, cuando Solís Gómez fue titular de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco. En dichos años los casos de tortura se incrementaron en 310 por ciento.

Contra la tortura

El Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC (Insyde) inició una campaña para prevenir la tortura “y otros tratos inhumanos o degradantes cometidos, permitidos por los policías, agentes del ministerios públicos”, se lee en su portal.

La primera etapa incluye el diseño de herramientas técnico-jurídicas y metodologías que permitan a los congresos locales hacer modificaciones a sus leyes. 

Posterior a eso se buscará generar un campaña de difusión, promoción y capacitación especializada sobre las herramientas que permiten prevenir y combatir a la tortura.

Actualmente el modelo desarrollado por Insyde ya se aplica en el estado de Chihuahua, en donde también se reportaron altos índices de violaciones a los derechos humanos por tortura.