Además de los campos de exterminio, en las últimas semanas se han presenciado actos del crimen organizado como la bomba detonada en un restaurante de Salamanca, Guanajuato, o el incendio del centro nocturno Baby’O de Acapulco, Guerrero.
Actos que han contribuido a que autoridades de primer nivel recurran a la etiqueta de “terrorismo” para identificar el accionar del crimen organizado, lo que bien podría traer consecuencias incluso a nivel diplomático para México.
Tras la explosión en Salamanca, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, se apresuró a clasificar el acto como terrorismo. Después, la Fiscalía estatal aminoró los señalamientos al informar que el hecho respondería a una deuda multimillonaria contraída por parte de los propietarios. Siendo que, como en el caso del Baby’O, ningún grupo delictivo dejó un mensaje claro atribuyéndose el acto, como suele ser el modus operandi en los ataques terroristas.
El mandatario de Guanajuato no es el único que ha recurrido a la etiqueta de “terrorismo”. Tras la masacre de 14 civiles en Reynosa a finales de junio, la senadora del Movimiento Regeneración Nacional por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias, calificó el acto de la misma manera. Una semana después, Lilli Téllez, de Acción Nacional, anunció una iniciativa para procesar a bandas del crimen organizado como grupos terroristas.
Gabriela Nava, analista de inteligencia por el centro William J. Perry, difiere con esta clasificación que, además, abriría la puerta a alguna variante de intervención de Estados Unidos debido a su marco legal.
En entrevista para Reporte Índigo comenta que si bien los grupos del crimen organizado representan una amenaza para la seguridad nacional, esta no se puede clasificar como de naturaleza terrorista, ya que no cumple con las características políticas.
“El ejemplo es claro, el atentado del 9-11 buscó desestabilizar o destruir completamente el Estado norteamericano. En el caso de los delincuentes, no lo han expresado de forma directa, en el sentido de decir ‘queremos desaparecer al gobierno’ o ‘queremos cambiar de régimen’. Inclusive, la comunicación de estos grupos es ‘nosotros respetamos a la autoridad, al Ejército, solo nos enfrentamos con otros grupos’’.
En contraste, la doctora Arlene Ramírez, académica del Tecnológico de Monterrey y fundadora de la agencia Brandketing, recuerda a Reporte Índigo que el crimen organizado transnacional ya fue catalogado como una amenaza terrorista por la Organización de las Naciones Unidas en distintas resoluciones de la Agenda de Desarrollo Sustentable 2030. En específico, cuando se trata de trasiego o tráfico de armas, como ocurre en territorio nacional.
“El problema no es nombrarlo, decir ‘hay un tema de terrorismo’, el problema es todo lo que eso involucra, y que finalmente nosotros, como víctimas de toda esta complejidad, no encontramos un posicionamiento determinado y completo por parte de nuestro gobierno. Pareciera que es todo lo contrario. Sobre todo, cuando se ha obligado, en varias regiones, a su población a desplazarse”
