El rezago de la UIF que podría evitar sancionar el financiamiento ilícito de campañas electorales

Aunque México está enfrentando el proceso electoral más grande de su historia, el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió que está teniendo problemas de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), particularmente para la compartición de información, lo cual está afectando la fiscalización que debe realizarse sobre todos los actores políticos.

Ante el riesgo que significa el financiamiento ilícito de las campañas electorales, ya sea, por ejemplo, mediante el desvío de recursos públicos gubernamentales, o mediante la obtención de fondos del crimen organizado, la fiscalización certera y oportuna del gasto electoral requiere que la dupla que conforman el instituto y la UIF trabaje de forma eficiente y coordinada.

No obstante, el instituto asegura que esto no está ocurriendo, pues de todas las solicitudes de información que le envió a la UIF durante el año 2023 para implementar sus labores de fiscalización, solamente una décima parte de ellas fueron atendidas por el organismo que encabeza Pablo Gómez Álvarez, mientras que el resto fueron ignoradas.

Así fue reportado en el informe que presenta la Comisión de Fiscalización del instituto, publicado el 15 de diciembre de 2023, y donde puntualiza las omisiones en las que está incurriendo el órgano de Gómez Álvarez.

“Por lo que hace a las solicitudes de información de 2023, se advierte que de 68 solicitudes, solo se tienen 7 respuestas. Es decir, el 90 por ciento del total no ha sido atendido“.

Sin una fiscalización eficiente por parte del instituto también se debilita la vigilancia sobre los actores políticos, encaminada a impedir que rebasen los topes de gasto fijados para las campañas electorales, considerando que para este año 2024, tan solo los Partidos Políticos Nacionales dispondrán de un financiamiento público por un importe de 10 mil 444 millones 157 mil 311 pesos.

La reticencia que está mostrando la UIF para compartir su información con el instituto comenzó a evidenciarse desde el año 2022, pues de las 163 solicitudes de información que le fueron remitidas por el órgano electoral, atendió 142, mientras que dejó sin respuesta 21, mismas que continúan clasificadas como pendientes hasta el día de hoy.

En el año 2023, por lo tanto, esta resistencia de la UIF a colaborar con la autoridad electoral se agravó, pues, como se ha expuesto, ha respondido únicamente siete de los 68 requerimientos de información que se le han turnado, olvidándose así de los 61 restantes.

El instituto señala con claridad que los problemas de colaboración surgieron, por ende, con la llegada de Gómez Álvarez a la titularidad de la UIF, lo cual ocurrió el 8 de noviembre de 2021, tras la salida imprevista de su anterior responsable, Santiago Nieto Castillo.

“Con el último cambio de titular la atención a las solicitudes se ha frenado. (…) En 2022 se realizaron 163 solicitudes y solo se ha atendido 87 por ciento. En 2023, se efectuaron 68 requerimientos y solo siete se han atendido”, dice el documento al respecto.

Las dimensiones del rezago

En el Informe, el instituto destaca las amplias facultades de fiscalización de las que dispone desde la reforma electoral del año 2014, y también que los requerimientos de información que emite su Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) deben atenderse a la brevedad por las instancias receptoras, según lo establece la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

El instituto, por lo tanto no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, y para ello contará con la UTF, que será el conducto para superar la limitación referida y está facultada para requerir información y documentación comprobatoria de cualquier aspecto vinculado con el origen y destino de los recursos.

Es en el artículo 200 de la LGIPE donde se mandata la celeridad con la que se le debe responder al instituto, esto es, apunta el organismo, que las autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la UTF, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud.

Sin embargo, a pesar de que el propio marco legal electoral del país establece este plazo máximo de cinco días para responderle al instituto, la UIF contraviene recurrentemente esa disposición jurídica, lo que ha derivado en que actualmente exista un rezago de más de 80 solicitudes que permanecen sin respuesta, considerando los requerimientos desatendidos tanto del año 2022 como del 2023.

“Actualmente, se encuentran 82 solicitudes sin respuesta destacando que, más del 65 por ciento presenta más de 51 días de atraso”. De esta forma, el instituto destaca que sin la colaboración de instancias como la UIF, todo el aparato de fiscalización electoral que está previsto en las leyes del país resulta afectado.

“Este andamiaje legal y operativo en materia de fiscalización, requiere para su óptimo funcionamiento, de un esfuerzo conjunto y coordinado por parte de las distintas autoridades y dependencias que tienen participación en áreas de prevención y vigilancia sobre el adecuado origen y destino de recursos públicos y privados que circulan en el sistema financiero. (…) Por ello, el intercambio de información con otras autoridades adquiere suma relevancia para allegarse de elementos para corroborar el origen del financiamiento que reciben los partidos políticos y personas candidatas, así como su correcta aplicación”.

Habría graves consecuencias

A partir de la reforma electoral del año 2014, en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, las labores de fiscalización del instituto se volvieron tan importantes que inclusive podrían costarle el triunfo a un candidato o candidata que haya incurrido en irregularidades en sus gastos.

Esa modificación al marco legal del país, expone el órgano electoral, le concedió alcances significativos a los resultados que arroje esta materia (la fiscalización), pues se pueden actualizar irregularidades que, eventualmente, podrían conducir a la nulidad de una elección por rebase de topes de campaña o recursos de procedencia ilícita.