Ante el fenómeno de las caravanas multitudinarias de migrantes, y el reto que éstas siguen representando para el Estado mexicano, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un “Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos”, con el que se pretende regular la intervención gubernamental en esta materia.
“El Instituto Nacional de Migración) informa que fueron suspendidos de sus funciones dos agentes federales adscritos en el estado de Chiapas, derivado de las investigaciones iniciadas el pasado sábado 28 de agosto, por actuación indebida en el operativo implementado en la carretera Tapachula-Arriaga, perímetro del poblado Cruz de Oro, Tuzantán”.
Poco después, el 7 de octubre de 2021, el mismo Instituto Nacional de Migración publicaba este Protocolo de Atención en México a Personas Migrantes en Flujos Masivos.
El objetivo general del protocolo es fijar las reglas de cooperación y de primera atención.
“Definir un procedimiento operativo de primera atención que permita al gobierno mexicano, con la cooperación de diferentes autoridades, preparar, atender, identificar y canalizar adecuadamente flujos masivos de personas migrantes, garantizando un abordaje centrado en la persona, libre de discriminación, respetuoso con sus derechos humanos desde una perspectiva de género y priorizando la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención a personas en situación de vulnerabilidad”, señala el protocolo.
Surgen las caravanas migrantes
El fenómeno de la migración en México está presentando variaciones, advierte el documento, y entre estas deben considerarse precisamente a las caravanas masivas de migrantes, una forma de organización que sigue resultando novedosa para el país y sus autoridades.
“México desde el siglo XX recibe un flujo constante y permanente de migrantes en su ruta hacia los Estados Unidos de América (EUA), pero a partir de finales de la segunda década del siglo XXI comienzan a identificarse cambios en los patrones migratorios, como son la participación cada vez mayor de mujeres y menores de edad, la migración en grupo, la llegada de personas extra continentales y la formación de comunidades inmigrantes en México que se establecen en las principales ciudades del país y zonas fronterizas”.
Estas nuevas dinámicas migratorias cobraron notoriedad en el pasado sexenio.
”A partir de 2016, con la llegada a territorio nacional de un grupo de personas haitianas, (aproximadamente 15 mil, de las cuales, a abril de 2017 permanecían en Baja California mil 274) comienza a evidenciarse la multicausalidad de la migración en la región: desastres naturales, violencia, pobreza y falta de oportunidades, que provocan la salida masiva de sus países de origen en la búsqueda de solicitar asilo a los EUA como parte del Estatus de Protección Temporal que ofrece el gobierno estadounidense”.
Según el documento, fue a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto que las caravanas migrantes surgen formalmente para volverse, desde entonces, parte de la realidad mexicana.
“Es en octubre de 2018, cuando comienzan a llegar flujos migratorios masivos procedentes principalmente del denominado triángulo norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), sobrepasando la capacidad de respuesta, tanto del Estado mexicano como de las organizaciones de la sociedad civil. Esta situación generó nuevas maneras y estrategias para atender a la población que llegaba al país ya que los grupos eran mucho mayores que los anteriores, en situación migratoria irregular y refiriendo la intención de llegar a los EUA”.
Y aunque existen discrepancias sobre la cantidad total de personas que ingresaron en estos flujos migratorios masivos, el Protocolo advierte que “hay cifras parciales que pueden orientar sobre la magnitud de dichas llegadas y el impacto que tendrían en cuestión de servicios para la cotidianidad de las comunidades de destino”.
El protocolo
Tras confirmarse este “cambio en la movilidad” migratoria, que “pasó de ser un desplazamiento individual y en pequeños grupos de forma clandestina, a grandes contingentes con total visibilidad”, el INM elaboró este protocolo con tres fases:
La “Fase I: Preparación de la Intervención”; la “Fase II: Intervención (Identificación, Documentación, Canalización y Atención)”, que “es primordial para garantizar la protección y atención adecuada de las personas migrantes que llegan a México en grupos y desbordan la capacidad normalizada de atención. El INM es quien inicia el proceso de identificación y documentación con las personas que por su situación migratoria son de su competencia para posteriormente canalizarlos a la instancia competente”; y la “Fase III: Cierre de la Intervención”.
El protocolo prevé la creación de un “Comité Coordinador”, como un “espacio a nivel nacional, bajo la responsabilidad de Gobernación, compuesto por autoridades de alto nivel de la administración federal, estatal, local y de organismos internacionales”, e integrando entes como:
Gobernación, INM, alcaldías y estados; e instancias federales como Guardia Nacional, FGR, Procuraduría Federal (y Estatal) de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; las secretarías de Bienestar, Marina, Relaciones Exteriores, Salud, Defensa Nacional, Seguridad y Centro Nacional de Inteligencia.
También se prevé un Centro de Coordinación Operativa (CCO) —el espacio físico en el lugar de los hechos—, con mandos medios o superiores, de los ámbitos federal, estatal y local, bajo responsabilidad del INM; y la creación de comisiones de trabajo en materias como: Identificación y Documentación, Salud, Niñas, Niños y Adolescentes y Seguridad.