El reino del cobro de piso

Los cobros por derecho de piso del crimen organizado hacia los comerciantes y empresarios de México, desde los más pequeños hasta los de índole trasnacional, se han extendido por todo el país; hoy no hay estado ni ciudad relevante donde esta forma de extorsión no esté presente. 

Pero a diferencia de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal sí está elaborando una estadística delictiva exclusiva sobre los cobros de piso de los que tiene conocimiento, y en la que ha registrado 4 mil 674 de estos delitos en el país, en el periodo de 2007 a 2015, aunque fue hasta 2009 que inscribió los primeros seis.  

Sus registros constatan que se trata, en efecto, de una problemática nacional, aunque tiende a relacionarse con el Michoacán de Los Caballeros Templarios, o el Guerrero desgarrado por la pugna de Guerreros Unidos con Los Rojos, y las 50 bandas de las que han hablado sus autoridades. 

Si bien la Policía Federal ha recibido denuncias de cobros de piso en las 32 entidades federativas, sin excepción, hay una decena donde se concentra el 92 por ciento de todos estos delitos, o 4 mil 305 para ser precisos, a saber:

El Estado de México, con 2 mil 295; Chihuahua, con 659; la Ciudad de México, con 551; Michoacán, con 168; Guerrero, con 162; Veracruz, 146; Tamaulipas, 108; Guanajuato, 93; Morelos, 64 y Jalisco, con 59. 

Como se ve, tan solo el Estado de México, concentra la mitad de todas estas extorsiones sobre actores de su vida económica. 

También destaca el caso de la Ciudad de México, el tercer lugar en la incidencia de la Policía Federal, y aunque los medios han dado cuenta de cuotas de hasta 5 mil pesos mensuales en zonas como su Centro Histórico, el fenómeno ha sido negado por sus autoridades que no reconocen la operación del crimen organizado en lo local.

En su extracción de rentas sociales para el sostenimiento de sus actividades delictivas, las organizaciones criminales han cubierto prácticamente todas las ciudades de importancia de México, así lo ha confirmado esta institución policial de la Comisión Nacional de Seguridad. 

Toluca, León, Aguascalientes, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez, Chihuahua, Torreón, Colima, Pachuca, Morelia, Cuernavaca, Ciudad Juárez, Tepic, Monterrey, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Ciudad Victoria, Guadalajara, Tlaxcala, Xalapa, Mérida, Zacatecas… no hay lugar a salvo. 

Por supuesto, también están destinos turísticos tan importantes como Mazatlán, Puerto Vallarta y Acapulco, justo donde la desesperación de sus comerciantes quedó de manifiesto el 9 de marzo, cuando le solicitaron a los grupos delictivos que mejor se distribuyeran por zonas para no tener que hacerles un doble pago. 

Laura Caballero Rodríguez, de la Asociación de Comerciantes Establecidos de la Costera Miguel Alemán, sugirió a los grupos delictivos que establezcan pactos entre sí con el fin de respetar a las colonias, municipios y regiones para que no se genere la duplicidad del cobro de cuotas.

“Resulta imposible realizar dos pagos de cuota además del pago de impuestos gubernamentales”, dijo Caballero Rodríguez y fue más allá. “Hacemos un llamado respetuoso a las tres órdenes de Gobierno para que se condonen los impuestos para que así todos los guerrerenses podamos pagar la cuota que la delincuencia organizada nos está pidiendo”. 

Nuevo León y las Extorsiones

En Nuevo León la Policía Federal ha recibido 36 denuncias de cobro de piso, el estado que carga con la mayor tragedia derivada de estas extorsiones: el incendio del Casino Royale a manos de Los Zetas, el 25 de agosto de 2011, donde murieron 52 personas, un castigo por la falta de pago de la cuota de 130 mil pesos mensuales.     

En el documento de 2014 “Análisis de la extorsión en México 1997-2013. Retos y Oportunidades”, del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, se señala que el cobro de piso se convierte en un impuesto fijo o incluso hay ocasiones en que los extorsionadores pueden cobrar una tarifa o cuota variable que genera un sistema de tributación paralelo al del Estado. 

Ahí se retoma una advertencia hecha por el especialista Carlos Resa Nestares, consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, muy oportuna para este momento en México.

“El Estado puede coexistir razonablemente con el comercio de drogas (…) pero no tiene posibilidad de convivir con una fuente alternativa de protección, precisamente porque la protección es la característica primigenia del poder estatal”.

Alarma en municipios

El municipio de todo el país donde la Policía Federal ha detectado la mayor incidencia de cobros por derecho de piso es Nezahualcóyotl, en el Estado de México, con 729, así que tan solo ahí se registró el 15 por ciento de todos los inscritos en sus archivos

En segundo lugar nacional se encuentra Ciudad Juárez, en la frontera con Estados Unidos, con 633 cobros de piso, lo que implica que de cada 10 de estos delitos en conocimiento de la institución federal, poco más de uno ocurrió en ese municipio de Chihuahua. 

Las siguientes ocho municipalidades o demarcaciones del país con más de estas extorsiones son las siguientes: Chimalhuacán, 234; Ecatepec de Morelos, con 192; Iztapalapa, con 159; La Paz (Estado de México), con 133; Valle de Chalco, con 121; Acapulco, con 99; Gustavo A. Madero, 94 e Ixtapaluca, con 88. 

Es decir, que de los 10 municipios del territorio nacional con más extorsiones bajo esta modalidad, seis son del Estado de México, dos son de la Ciudad de México; uno es chihuahuense y otro guerrerense. 

El Observatorio Nacional Ciudadano apunta en su estudio sobre las consecuencias que trae este yugo del crimen organizado sobre las unidades económicas. 

“Se pueden visualizar como mayor incertidumbre, menores incentivos a la inversión nacional, ruptura de cadenas productivas y en general, si no consideramos el bienestar de los delincuentes, menor bienestar social. Estas condiciones junto con los efectos de otros delitos minan el crecimiento económico de un país”, detalla. 

Nadie se salva

La extracción de rentas sociales a través del cobro de piso por parte de las organizaciones criminales en el país, se ha extendido sobre una gran variedad de ámbitos de la vida económica del país, tal y como lo muestran los registros de la Policía Federal. 

Los denunciantes de estos 4 mil 674 cobros de piso pertenecían a actividades económicas tan distintas que van desde vendedores de comida, celulares y autopartes, transportistas, taxistas pasando por diseñadores, constructores, contadores, albañiles, administradores y abogados. 

Además de otros que dijeron laborar en tortillerías, restaurantes, bares, purificadoras de agua, mercados y hasta autolavados. Hay inclusive burócratas de los tres niveles de Gobierno que han sido victimizados de esta manera: 18 dijeron ser empleados municipales, 27 empleados estatales y 55 empleados federales. 

El rango o tamaño de las empresas tampoco detiene a los grupos delictivos. En los archivos de la Policía Federal hay mil 943 víctimas que se dijeron comerciantes –es el grupo más amplio-, otros 22 son comerciantes ambulantes, y 301 empresarios. 

Basta recordar las declaraciones que Rob McEwen, director de la minera canadiense McEwen Mining, en Sinaloa, hizo a la televisora Business News Network en abril de 2015, donde evidenció el control que ejercen los cárteles sobre la actividad minera.

“Los cárteles están ahí. Generalmente tenemos una buena relación con ellos. Si queremos ir a explorar a algún lado, les preguntamos, y te dicen: ‘no, pero regresen en un par de semanas después, cuando terminemos lo que estamos haciendo’”, detalló. 

El 7 de abril de 2015 una de sus minas había sufrido un robo por un grupo armado que se llevó 7 mil onzas de oro, plata y cobre que se valuaron en 8.4 millones de dólares. 

Pero también está el antecedente de los ataques y quema de cinco bodegas y 49 vehículos de la empresa Sabritas, los días 25 y 26 de mayo de 2012 en Michoacán y Guanajuato, por su negativa a cubrir el derecho de piso a Los Caballeros Templarios. 

Gasolineros en Jalisco

Hay que añadir a la lista también a los gasolineros, y en particular a los jaliscienses. En ese estado donde se aloja el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) ha dicho que de las 400 estaciones de servicio, la mitad son extorsionadas por criminales para vender la gasolina robada, lo que les genera réditos por 600 millones de pesos cada mes, en una variante de cobro de piso. 

“El sistema es: bajan el producto y si no lo aceptas ya sabes a qué (te atienes), lo tienes que pagar el día que ellos quieren, hay muchas, algunas estaciones por ejemplo que ya están intervenidas por los grupos delincuenciales (…) si no lo vendes, pelas”, le declaró Pablo González Córdova, presidente de Amegas, a Reporte Indigo en abril de 2014.  

En 2007 y 2008 la Policía Federal no registró cobros de piso en el país, pero en 2009 fueron seis; en 2010, 367; en 2011, mil 84; en 2012, 790; en 2013, 938; en 2014, mil 30, y en 2015, 459.

La amenaza del CJNG

En Jalisco, la Policía Federal registró entre 2010 y 2015 59 cobros de piso, lo que lo hace el décimo estado con más, incluyendo a algunas de sus ciudades más importantes como Guadalajara, Zapopan y Puerto Vallarta. 

En su informe de 2015 “Jalisco: la amenaza del crimen organizado y las políticas públicas para conjurarla”, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, se recogen antecedentes de denuncias de cobro de piso en puntos de Guadalajara como su Centro Histórico y el andador López Cotilla, muy relevante para su vida nocturna. 

Ese Consejo analiza la participación del CJNG en la extracción de rentas sociales. 

“Respecto a la extorsión y el robo de carga con violencia no hay información suficiente que evidencie la participación de los grandes grupos criminales, pero su responsabilidad se acredita por inferencia. El CJNG que pretende presentarse como contrario a estos delitos y dispuesto a privar de la libertad, torturar y asesinar a sus autores. 

“Pero esto rara vez ocurre y dada la obsesión del CJNG y demás grupos criminales por el control territorial, para las bandas dedicadas al robo de carga y al cobro de derecho de piso sería demasiado arriesgado operar sin el consentimiento (y participación en el botín) de los respectivos jefes de ‘plaza’”, reveló.

Además, advierte un posible agravamiento al señalar que los grupos criminales (el CJNG en particular) están empeñados en robar combustible de Pemex y han reaccionado con extrema violencia ante los intentos de autoridades locales o federales de ponerles un freno. Participan también en diversos robos. 

“No hay razón para que no den el siguiente paso y traten de implantar un esquema de expolio contra la población mediante el cobro generalizado de derecho de piso, secuestros, robo sistemático y despojo”, detalla. 

Es llamativo que el municipio donde la Policía Federal detectó más cobros de piso fue Villa Hidalgo, en la Región Altos Norte, vecino a Aguascalientes y Zacatecas, pero que había pasado inadvertido en términos de inseguridad. 

Seguido de Guadalajara, con 10 casos: Zapopan, siete, Tlaquepaque, cuatro, y los siguientes con tres cada uno: Tlajomulco de Zúñiga, Puerto Vallarta y Atotonilco El Alto. 

Hay cinco municipios con un par de cobros cada uno: Tonalá, Tamazula, Cihuatlán, Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno. El resto tiene uno: Cuautitlán, La Barca, Ocotlán, San Martín Hidalgo, Tala, Teocaltiche, Tonaya y Valle de Juárez. 

Esto significa que 26 cobros de piso se dieron en el Área Metropolitana de Guadalajara. En 2010 se registraron cinco de estos delitos en Jalisco; en 2011, 13; en 2012, ocho; en 2013, 10; en 2014, 19 y en 2015, cuatro. 

Los ámbitos de la vida económica de Jalisco bajo esta violencia abarcan a empresarios, profesores, choferes, albañiles, doctores, y principalmente comerciantes, pues 32 fueron victimizados. 

No sorprende, por tanto, que en la Encuesta de Empresas de Jalisco 2015 “Barreras a la Inversión, al Desarrollo Empresarial y a la Creación de Empleo”, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, la inseguridad y delincuencia resultaran ser el cuarto obstáculo más importante para los empresarios.  Esta incidencia de Policía Federal es la única vía oficial, por ahora, para acercarse al fenómeno del cobro de piso en Jalisco, pues su Fiscalía General no elabora una estadística, además de que la Coparmex y la Canaco –consultadas por Reporte Indigo- tampoco dicen tener registros. 

En 2015, con 831 extorsiones, Jalisco fue el estado con la tasa por cada 100 mil habitantes más alta de este delito, con 10.48.