El puerto en malas manos

Las tareas de seguridad pública y procuración de justicia en Puerto Vallarta estuvieron los últimos años en manos de funcionarios que hoy enfrentan procesos penales por su presunto involucramiento con el crimen organizado o por haber participado en supuestas operaciones de corrupción.

El exgobernador priista de Jalisco, Aristóteles Sandoval Díaz; así como el alcalde del puerto, Arturo Dávalos Peña, de Movimiento Ciudadano, designaron a mandos en las instituciones de seguridad de la joya turística que no eran confiables, según las acusaciones que se han formulado en contra de los mismos

El primer caso de este tipo revelado fue el del subdirector operativo de la Policía de Puerto Vallarta, identificado como Ubaldo “N”, quien fue aprehendido el 15 de marzo de 2018 por la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que presuntamente brindaba protección al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aquel día Omar Hamid García Harfuch, entonces director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR, anunció que el subdirector operativo había sido aprehendido junto a otro policía municipal del puerto, Carlos Rogelio ‘N’.

“Ubaldo ‘N’ y Carlos Rogelio ‘N’ presuntamente brindaban protección institucional a la organización delictiva mediante revisiones de vehículos y personas que les resultaban sospechosas de llevar a cabo actividades en contra del grupo criminal, así como realizar diversas actividades para este grupo”, detalló.

Ahora se sabe que el problema no estaba exclusivamente en el ámbito municipal con la Policía del alcalde Dávalos Peña, sino también en el estatal, pues quien se desempeñaba como el responsable de la Fiscalía de Jalisco en el puerto fue aprehendido el pasado 14 de abril por presuntamente haber usado su cargo para favorecer ilegalmente a una empresa.

Francisco de Jesús “N”, exdelegado de la Fiscalía en el puerto, durante el sexenio anterior, fue acusado de haberse prestado a confeccionar una carpeta de investigación al gusto de una firma de seguridad privada para dañar a otra de tecnología, incluso falsificando documentos,a cambio, se presume, de un beneficio ilícito.

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Policía coludida

La captura de quien fuera el subdirector operativo de la Policía de Puerto Vallarta, junto a uno de sus oficiales, se dio dentro del operativo desplegado por la PGR para dar con los responsables de la desaparición y asesinato de dos agentes de la AIC en 2018: Octavio Martínez Quiroz y Alfonso Hernández Villavicencio.

Aquel 15 de marzo de 2018 Alberto Elías Beltrán, Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, anunció que habían detenido a 18 personas vinculadas con el CJNG, incluidos los dos miembros de la policía vallartense, a través de la ejecución de diversas órdenes de cateo en diez inmuebles de Jalisco y Nayarit.

“Los cateos se realizaron en atención a la investigación que sigue la PGR derivado de los lamentables hechos en los cuales fueron privados de su libertad y perdieron la vida dos elementos de la AIC (…) Hoy, quienes ordenaron, realizaron, cooperaron o protegieron este atroz crimen, ahora tendrán el castigo que merecen”, dijo entonces.

Ese mismo día, García Harfuch dijo de forma específica sobre los dos elementos capturados de la policía del municipio turístico: “se presume que estos sujetos participaron en la privación ilegal de dos elementos de la AIC el 5 de febrero en Puerto Vallarta”.

La respuesta del Ayuntamiento a lo sucedido corrió a cargo de su secretario general, Víctor Bernal Vargas, quien acompañado del comisario de Seguridad, Jorge Misael López Muro, aseguró que “con la información que ha dado a conocer la PGR, nuestro Gobierno Municipal será un aliado en las investigaciones que se lleven a cabo en estos hechos”.

Las señales de que algo raro ocurría con la policía de Vallarta se habían dado ya desde el 15 de agosto de 2016, cuando fueron secuestrados los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán por un grupo armado que ingresó a un restaurante en el bulevar más importante del puerto sin que se diera ninguna reacción de la corporación municipal.

La inacción de la policía local fue señalada el 19 de agosto de 2016 por quien fuera el titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

“No había y lo vimos así, un solo policía municipal o un solo policía estatal en ese momento (…) y hay que corresponsabilizar a las autoridades municipales también en lo que es su función.

Pedimos a las autoridades municipales que también pongan atención en lo que le corresponde y particularmente en Puerto Vallarta”, dijo.

Justicia vendida

Lo último que informó la Fiscalía jalisciense sobre la aprehensión de su exdelegado en Puerto Vallarta, Francisco de Jesús “N”, es que este ya fue vinculado a proceso desde el 21 de abril por los delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos expedidos por los poderes del Estado.

El exfiscal presuntamente se habría involucrado sin tener competencia alguna en un conflicto mercantil entre una empresa de seguridad privada y otra trasnacional de tecnología, actuando a favor de la primera e incluso ejecutando órdenes de aprehensión contra miembros de la segunda.

“Se advierte que hay falsificación de sellos, falsificación de firmas, en donde se inició en una Averiguación previa que inicialmente había sido originada por otros delitos, con otras personas (…) el asunto dio inmediatamente para que se tratara de una simulación total en agravio de la empresa de telecomunicaciones, y se procesó de esa manera”, dijo el pasado 15 de abril el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, sobre el caso.

A la pregunta de si el exfiscal en el puerto había recibido dinero por favorecer a una de las empresas, respondió Solís Gómez: “si vuela como pato y nada como pato, pues ahí calcúlele usted”.