El primer decreto: Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador quiso comenzar su primer día de despacho en Palacio Nacional poniendo sobre la mesa el caso más emblemático del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto: la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

Los padres de estos 43 estudiantes entraron por primera vez a Palacio Nacional, convocados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para presenciar la firma del primer decreto del nuevo gobierno.

Con este acto, la nueva administración da el primer paso hacia el esclarecimiento de lo ocurrido el 26 de septiembre del 2014, cuando 43 normalistas desaparecieron de la faz de la Tierra sin dejar rastro en Iguala, Guerrero. Y ahora, dice el presidente López Obrador, sí se llegará al fondo del asunto, caiga quien caiga.

Con las mantas donde se ve el rostro de sus hijos, las mismas que muestran en cualquier evento público, los padres, familiares y amigos de los jóvenes desaparecidos se encontraron nuevamente con el tabasqueño, ahora investido ya como presidente de México.

“Es bien difícil sentarse a la mesa y ver que hay una silla vacía, que hay una cama en donde falta tu hijo. Nosotros como padres le pedimos a usted, como padre, que nos ayude, que nos saque de este basurero donde nos dejó (Enrique) Peña Nieto, porque no tuvimos ningún avance con él.

Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor (…) sea humano. Nos faltan nuestros 43 jóvenes. Si usted llega a entregarnos a nuestros hijos, usted va a ser grande”, le dijo María Martínez, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, uno de los jóvenes desaparecidos.

Aunque sus rostros reflejan el dolor de cuatro años de búsqueda, en la cara de los padres de Ayotzinapa se vieron ayer algunos destellos de esperanza.

“Tengan confianza. No le debo nada a ningún grupo de interés creado. Sólo tengo un amo, que es el pueblo de México. Ganamos a pulso con el apoyo de la gente, con el apoyo del pueblo, que es el soberano, que es al que le tengo respeto y lealtad. Por eso, no va a haber ninguna trampa, ningún obstáculo para llegar a la verdad, para saber todo lo que sucedió”, les respondió López Obrador.

En él se instruye a diversas dependencias a que colaboren con la investigación del caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos; que abran sus archivos e instalaciones para avanzar en la pesquisa, además de crear una comisión presidencial para apoyar a los padres en el proceso de investigación que llevará a cabo la Comisión de la Verdad, misma que se formará a partir de la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas, a la que se opuso el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El decreto presidencial establece también que la Comisión deberá contar con todos los recursos económicos y materiales necesarios para realizar su trabajo; y ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que celebre los convenios necesarios con organismos internacionales para tener su asistencia y cooperación.

La firma de este decreto, con la presencia de los padres y familiares de los jóvenes normalistas, fue el acto central del primer día en que Andrés Manuel López Obrador despachó en Palacio Nacional.

Una responsabilidad de Estado

México cuenta con una de las Constituciones más robustas del mundo. En donde se encuentran consagrados los derechos y obligaciones tanto del Estado como de los ciudadanos.

Por ello, sin importar cómo se les llame o categorice, el gobierno tiene entre sus obligaciones garantizar los derechos de todas las personas que vivan en su territorio.

El Estado sólo puede hacer lo que la ley le permite. Por lo tanto, cuando se habla de salud, educación universal, seguridad, igualdad o libertad de expresión estamos tratando de una serie de temas clave donde el Estado debería de estar funcionando.

“Es complicado en México al no contar con un Estado suficientemente eficaz y al cual es necesario estar constantemente recordándole que debe respetar y garantizar los derechos humanos de la ciudadanía y no debería de ser así, en automático el Estado debería garantizar que se respeten todos los derechos y punto”, comenta el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.

Rivas agrega que en México tenemos que hablar de derechos humanos porque no tenemos nuestros derechos garantizados en ningún sentido.

Aunque en teoría llevar esto a cabo parecería algo relativamente sencillo, la realidad es otra, pues en países como México, muchas veces la dificultad radica en que ni siquiera existen las condiciones sociales, económicas y políticas que permitan que la propia Carta Magna se aplique a cabalidad.

Para el politólogo, Gustavo López Montiel, el reto en este momento radica primero en generar las condiciones al interior del país que permitan a las autoridades garantizar los derechos de todas las personas por igual

“Si las condiciones necesarias para que se respeten las leyes que se han establecido desde la conformación del Estado mexicano no existen, entonces esos derechos dejan de ser derechos y se convierten en letra muerta sobre papel”.

El último caso registrado fue el día sábado durante el evento de investidura de Andrés Manuel López Obrador, cuando se dio a conocer que el cadáver de Alejandro Márquez Jiménez, fue encontrado baleado en Nayarit, cerca del aeropuerto de Tepic.

Este hecho, además de los daños que provoca a la democracia del país, se presenta como un sombrío recordatorio de todos los problemas y abusos que tendrá que enfrentar el nuevo gobierno en materia de derechos humanos.

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