Mientras que el gobierno del estado le recortó el monto solicitado de Presupuesto 2023 al Poder Judicial, el magistrado presidente, Arturo Salinas Garza, minimizó la acción y precisó que la última palabra no la tiene el Ejecutivo, sino la Comisión de Presupuesto del Legislativo.
De acuerdo con información del Poder Judicial, el presupuesto ejercido durante 2022 fue de 2 mil 549 millones de pesos, mientras que lo esperando para el 2023 es de 2 mil 724 millones, ya reflejado el aumento debido a la inflación; sin embargo, el gobierno de Samuel García los incluyó con un monto de 2 mil 599 millones.
“Nosotros estaremos confiados en que, en su momento, nos mande llamar la Comisión de Presupuesto, que expongamos los requerimientos que se tienen, que son necesarios justamente para mejorar y agilizar la justicia del estado de Nuevo León”, apuntó Salinas.
“Los números de asuntos se incrementan siempre, por eso la mediación se vuelve un tema tan relevante y ojalá que podamos llegar a un feliz término con el tema presupuestal (….) Nosotros presentamos en tiempo y forma nuestro proyecto de presupuesto, tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, y estaremos esperando los tiempos legales para que nos cite la Comisión de Presupuesto y ellos tendrán la última palabra”, comentó Arturo Salinas.
El 31 de octubre, Salinas Garza acudió personalmente a entregar su proyecto de presupuesto al Congreso del estado, previamente lo hizo ante la Secretaría de Finanzas de Nuevo León.
Evento insignia del Poder Judicial
El Tribunal Superior de Justicia inauguró este lunes la Semana de la Mediación 2.0, que contará con la participación de agentes sociales del estado, además de convocar a expertos nacionales e internacionales.
El foro se realizará en diferentes sedes en los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey con un enfoque en el uso de recursos tecnológicos para ampliar el acceso a la justicia.
La inauguración corrió a cargo del magistrado Arturo Salinas Garza, la diputada Adriana Paola Coronado Ramírez, quien acudió en representación del Congreso del estado, y Rubén Cardoza, director del Instituto de Mecanismos Alternativos para la Solución de Controversias del Poder Judicial de Nuevo León.
“Creo que lo que necesitamos es la intervención de todas y todos para, de manera práctica y efectiva, poder hacer que la mediación sea verdaderamente un instrumento que se utilice y que se logre el anhelo de justicia”, apuntó Salinas.
El magistrado resaltó importancia de la participación de los alcaldes de la Zona Metropolitana y un involucramiento real que desemboque en políticas públicas de mediación, ya que la mayoría de los conflictos que se generan en sus comunidades son preponderantemente vecinales.